Las Tunas.- Esta semana no comenzó bien en asuntos de facilidades de servicios públicos para muchos trabajadores y su familia. La venta de módulos controlados por la libreta de abastecimiento en tiendas de la cadena Caribe (TRD) mutiló el derecho de compra a los domicilios patentados y a los consumidores que trajeran más de una, incluso, cuando el núcleo estaba en el rango de los números autorizados.
No solo esta arbitrariedad marcó la cola de los clientes de la bodega La Blanquita. Al indagar sobre el asunto, los compañeros del Grupo de Apoyo atribuyeron la medida a los empleados de la cadena comercializadora y, estos alegaron que la decisión no era de ellos, sino del Grupo de Apoyo por indicación del Gobierno. Una evidente señal de incoherencia, la cual crea más irritación y desconfianza; a la par sirve de sostén para dar crédito a rumores, críticas argumentadas y denuncias de corrupción que hace mucho tiempo giran alrededor de esta actividad.
Una vez más nuestros lectores ponen voz alta a las irregularidades y maltratos de que son víctimas cuando llega el momento, tan esperado y necesario, de recibir alimentos y productos elementales mediante este sistema, lacerado en organización, transparencia, sistematicidad, respeto y equidad.
Sin embargo, debería funcionar mejor. Experiencia suficiente hay por el tiempo en que funge como una alternativa justa de distribución, ante las carencias y la crisis económica que nos sacudió con la llegada de la pandemia, que si bien está controlada y en fase de endemia, mantiene muy viva sus secuelas.
Si sumamos al problema serias agravantes como la inflación, el disparate de precios inadmisibles (que además no se corresponden con la calidad de la mercancía) y la incapacidad de los salarios para cubrir el costo de la vida doméstica, es imperdonable corroborar que sucedan hechos que agraven los estados emocionales de quienes trabajan con sacrificio y, justamente, pagan un domicilio, caro también, para poder aprovechar la jornada laboral y cumplir lo que se le pide: batallar por nuestro proyecto revolucionario.
Una amiga argumentaba que en las bodegas se conocen quiénes realizan debidamente esta actividad legal y lo que debería es hacerse con orden y flexibilidad, porque igual se da el caso de que un vecino les compra siempre a otros por ser ancianos solos o estar enfermos. O que en una misma vivienda exista más de un núcleo. Y esas particularidades, de una manera u otra, la dominan los bodegueros.
Al tirar ancla a la medida, nos preguntamos hasta dónde "alguien" se beneficiará con ella y cuántas ilegalidades pudiera encubrir. Las cifras saltan. Si menos familias adquieren el módulo, más queda por ahí. No es novedad los muchos comentarios y quejas publicadas en este medio de que nunca llegó el faltante que debían o que ya en los primeros números se acabaron mercancías de alta demanda y luego aparecen en el mercado negro. En fin, los caminos llevan a Roma… entorpecer más la complicada sobrevivencia de cada día.
En el centro de la ciudad, igual se aplicaba con la venta de detergente la susodicha decisión, que no sabemos de quién es y tampoco se informó a los consumidores, aunque sí confirmamos que hace más de un mes se aplica en algunos establecimientos de la cadena. Esta lectora contaba que su domicilio ya no quiere seguir, pues no está dispuesto a entrar tantas veces a la TRD por un solo producto. “En su cuadra -explicaba- de las 20 personas que le tenemos contratado, siete son ancianos solos”.
¿Cómo se generaliza sin pensar las consecuencias para los trabajadores y una población envejecida? ¿Es congruente con la protección al consumidor? ¿A quién favorece? ¿Colados y coleros se eliminan así, mutilando derechos e irritando al pueblo? No creo. Considero -y no me cansaré de escribirlo- que el bienestar ciudadano merece más profundidad de análisis y visión, más ahora que la vida está muy dura y poco alcanza el dinero para sostener la familia.
