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La Habana.- Desde el anuncio de las tarifas eléctricas, a partir de la Tarea Ordenamiento, hemos estado atentos a los criterios y preocupaciones de la población, analizando cada una de las variantes, de manera que todo lo que deba y pueda ser ajustado, transcurra de forma efectiva, comentó Liván Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas (Minem), durante su comparecencia en el programa Mesa Redonda de este jueves.

Respecto a las premisas que fueron tenidas en consideración durante el análisis y ajuste de las tarifas, el ministro destacó la necesidad de seguir incentivando las políticas de ahorro; no modificar la estructura de la matriz de consumo doméstico en el sector residencial; concebir una mayor eficiencia y reducción de los costos a la Unión Eléctrica (UNE); y realizar un sacrificio fiscal en interés de mantener las tarifas aprobadas, si el costo del kilowatt-hora (kWh) generado excede lo previsto en los análisis realizados, en dependencia de los precios del combustible y los niveles de generación que se logren.

Esta última decisión, acotó, podría costarle al país cinco mil millones de pesos, por encima de los 17 mil 800 millones previstos para los subsidios de las tarifas.

El titular del Minem indicó que el 48 por ciento del combustible que se utiliza en Cuba para la generación de electricidad es importado.

Con respecto al pago de la tarifa eléctrica para las formas de gestión no estatal, Tatiana Amarán Bogachova, viceministra del Minem, explicó que, luego de los estudios y modelaciones -realizados con el propósito de encontrar un equilibrio y no trasladar el precio de la tarifa residencial hacia el producto de la actividad cuentapropista-, se establecieron nuevas opciones que serán aplicables a todas aquellas formas de gestión no estatal que ejerzan su actividad dentro del sector residencial.

Igualmente, hemos estado trabajando en modelar los servicios comunes que tienen los edificios multifamiliares, es decir, el alumbrado de pasillos y escaleras, ascensores, bombeos de agua..., destacó.

Como resultado, dijo, este jueves se aprobó la norma jurídica con las nuevas tarifas para las dos áreas mencionadas anteriormente.

Explicó que la nueva variante de tarifa será aplicable en las formas de gestión no estatal: bases productivas agropecuarias, trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, y cualquier otra forma de gestión no estatal que se pueda definir en el transcurso de la actualización del modelo económico.

Informó que las formas de gestión no estatal que ejercen la actividad dentro del sector residencial, tienen tres opciones para el pago de la tarifa eléctrica, mientras que aquellas que lo realicen fuera (en un local arrendado, por ejemplo), tienen dos variantes.

Amarán Bogachova significó que la primera variante posibilita que se pueda pagar el ciento por ciento del consumo por la tarifa residencial, mientras la segunda permite el pago del consumo por la tarifa aplicada hoy al sector no residencial conectado a la baja tensión.

Acotó que la tercera opción es nueva y se aplicará a los servicios comunes de los edificios multifamiliares, e implica una combinación de las dos tarifas anteriores.

Puntualizó que las formas de gestión no estatal que ejerzan su actividad dentro del sector residencial podrán pagar los primeros 250 kWh que consuman en el mes, con el mismo precio que tiene este tramo en la tarifa residencial, y en lo adelante pagarían por el precio que tiene el kWh en la tarifa no residencial, que no está subsidiada, es lineal y, además, no está estructurada en bloques de consumo y tiene un precio de 3.26 pesos el kWh.

Añadió que esta opción facilita igualar a la forma de gestión no estatal que ejerza la actividad dentro de su vivienda con el resto de la población, al tener el consumo de los primeros 250 kWh del mes con un subsidio.

Consideró que esos negocios privados se desarrollan en una vivienda, en la cual convive una familia, con iguales derechos a las demás y, por tanto, estarían en igualdad de condiciones en cuanto a recibir, desde la tarifa, el subsidio que tiene el precio de la electricidad para el sector residencial.

"Hay diferencias en cuanto a las opciones y a los precios. Por ejemplo, un cuentapropista que ejerza su actividad dentro de la vivienda y que consuma 250 kWh en el mes, tanto en la tarifa residencial como en esta tercera variante, pagaría lo mismo.

"Si en una vivienda se ejerce una actividad de gestión no estatal, por el consumo de 500 kWh se pagaría por la tarifa residencial, mil 531 pesos; por la no residencial pagaría 32.00 pesos más (mil 563), y por la tercera variante (mil 62.50).

No obstante, Amarán Bogachova alertó que la actividad económica no estatal que no ejerce dentro de la vivienda no tiene el beneficio de la tercera variante, pero podrán escoger entre la tarifa residencial y la no residencial.

 PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LAS OFICINAS

Según Jorge Armando Cepero Hernández, director de la UNE, a partir de este viernes se puede acudir a las oficinas comerciales en todo el territorio nacional, que estarán abiertas hasta los fines de semana, para rehacer los contratos, un proceso que, de ser necesario, pudiera extenderse hasta el día 15 de febrero.

"Si ocurriera que alguien no puede acudir en los últimos días de enero, y ya se facturó su consumo del mes, está previsto que, en el momento en que acuda a rehacer el contrato, si es una tarifa que reduce el precio de la actual que paga, se le devuelva la diferencia, o puede dejarlo como financiamiento para cubrir su factura del próximo mes", detalló.

 REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN:

- No tener cuentas pendientes de pago del servicio eléctrico.
- Personarse en las oficinas del territorio con los siguientes documentos: Carné de Identidad, documento que lo acredita como trabajador de alguna forma de gestión no estatal y una fotocopia para anexarlo al contrato, y los datos de la cuenta bancaria a la que se le debitará el monto de la facturación.
En relación con el fraude eléctrico, otro de los temas abordados por los funcionarios, Cepero Hernández comentó que más del 90 por ciento de los consumidores lo hacen por debajo de los 350 kWh al mes, lo que representa el 78 por ciento del consumo total del sector residencial.

Recalcó que, dentro de este porciento, están los que roban electricidad, un proceso donde la UNE, de conjunto con las empresas en los territorios, es responsable de verificar este tipo de hechos.

Ante el robo de electricidad se aplica lo establecido en el Decreto-Ley 260, que implica el cobro de una multa de 500.00 pesos al infractor y el cobro retroactivo de la energía que ha dejado de pagar, que puede determinarse hasta un año, por Ley, en base a lo que se detecte en el registro, que toma en cuenta cuándo el cliente comenzó a infringir lo establecido.

El ministro expresó que no han existido afectaciones al servicio eléctrico por déficit de capacidad de generación, ni de combustibles, e insistió en la importancia del ahorro.

Añadió que se trabaja en la terminación de dos importantes bloques de generación que consumen crudo nacional, una de 260 megaWatts y otra de 100, previstas para concluir una en febrero y la otra a finales de marzo, por lo que las primeras sincronizaciones deben ser en el mes de abril.

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