De acuerdo con la ley del presupuesto presentada hoy a los diputados cubanos, alrededor de 10 mil 600 millones de pesos (27,5 por ciento del total) estarán destinados a la Salud Pública y la Asistencia Social, más de nueve mil millones de pesos (23,7 por ciento del total) a la Educación y seis mil 670 millones de pesos (17,2 por ciento) a la Seguridad Social.
Al presentar ante el plenario el proyecto de ley para el año próximo, Lina Pedraza, ministra de Finanzas y Precios, dijo que nuevamente se sustenta el principio de que el presupuesto cubano es social, respalda el sostenimiento de los servicios básicos a la población, las políticas sociales, la defensa del país y el orden interior, así como los programas de desarrollo integral de las provincias.
Con esta distribución se aseguran políticas sociales de continuidad y otras recientemente aprobadas como el incremento de la pensión mínima de jubilación, el aumento de las prestaciones de la asistencia social, el incremento de salario al personal que labora en los círculos mixtos y hogares de Niños sin Amparo Familiar.
Además, se garantizan las medidas para la dinámica demográfica, la entrega de subsidios para la construcción, la recuperación de los daños ocasionados por desastres naturales y la ejecución del Plan del Estado para el enfrentamiento al cambio climático, Tarea Vida.
Con el propósito de recaudar los ingresos para sustentar estas proyecciones, en el 2019 se introducen nuevos aspectos entre ellos la aplicación del impuesto de ociosidad de la tierra en Artemisa, Mayabeque y Matanzas, el impuesto sobre los ingresos personales a los atletas que se contratan en el exterior, y a los marinos y otro personal que laboran en buques extranjeros.
De igual forma se incrementa la participación de los ingresos del Presupuesto Central para financiar gastos corrientes de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo y, de forma gradual, la financiación, desde los presupuestos municipales, de los gastos corrientes de la actividad no presupuestada.
Entre las novedades aparecen además una regulación sobre el aporte de las empresas que obtengan sobrecumplimientos superiores al 20 por ciento, así como también reducir el subsidio a las producciones exportables o que sustituyen importaciones y a las demandas solicitadas por el sector empresarial.
De acuerdo con la titular se prevén ingresos superiores a los 60 mil millones de pesos, con un crecimiento del cuatro por ciento, para lo cual se aplicarán medidas orientadas a incrementar la disciplina financiera y aumentar las acciones de educación y control para enfrentar la evasión fiscal o la subdeclaración.
El sector estatal genera el 85 por ciento de las recaudaciones, lo que evidencia la prevalencia de la propiedad socialista sobre los medios y reafirma la solidez del sistema tributario que participa en el 74 por ciento de los ingresos por la aplicación de impuestos, tasas y contribuciones.
La titular señaló que durante el próximo año se precisa perfeccionar la planificación en el sector empresarial para evitar un aumento excesivo de las utilidades que no responden a mayores producciones y servicios, sino al incremento de los precios.
No obstante el comportamiento favorable del trabajo por cuenta propia y el sector no estatal -señaló Pedraza- persisten conductas ilícitas para evadir pago de impuestos o declarar cuantías menores, por lo que está previsto un mayor control y aplicación de sanciones más rigurosas.
La ministra destacó un crecimiento del 15 por ciento de la contribución al desarrollo local, del cual el 50 por ciento se mantiene para decisiones de los gobiernos locales a fin de crear fuentes generadoras de ingresos y empleos.
Pedraza señaló que el sobrecumplimiento de los ingresos y la inejecución de gastos contribuyen a que al concluir el 2018 se estime un déficit fiscal en el entorno de nueve mil millones de pesos (nueve por ciento del PIB). Si bien este índice indica una mejoría con respecto al 2017, continúa siendo desfavorable.
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