Las Tunas.- Con la mira puesta en la implementación de las prioridades nacionales sesionó el Consejo de Gobierno Provincial. Presidido por las máximas autoridades gubernamentales del territorio y con la participación de Yadira Romero Peña, miembro del Buró del Partido Provincial, el encuentro sirvió como espacio de rendición de cuentas y reajuste de estrategias en áreas sensibles para el desarrollo local.
Sobre el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI) se explicó lo referente al seguimiento a las embarazadas que requieren ingreso hospitalario, con una mirada particular hacia el grupo de adolescentes, un sector que históricamente ha presentado cifras preocupantes aquí.
Según datos de Salud Pública, Las Tunas ha sido identificada como una de las provincias con mayores índices de embarazo en la adolescencia, un fenómeno que impacta de manera directa en la salud de los neonatos, incrementando los casos de bajo peso al nacer y partos pretérminos.
En respuesta a esta realidad, Oleidis Saucedo Licea, coordinadora de Programas y Objetivos de la instancia gubernamental, insistió a los presentes en la necesidad de revisar los sistemas de trabajo establecidos para garantizar una eficacia superior en las políticas sociales, exigiendo mejoras en las condiciones de los hogares maternos y el aseguramiento de la alimentación para las gestantes.
Fuentes del sector de la Salud en suelo tunero han señalado que, aunque se trabaja en la implementación de estándares internacionales de calidad en los servicios asistenciales para adolescentes, aún persisten desafíos en la coordinación multisectorial y la responsabilidad familiar para la prevención de estos embarazos no planificados.
Uno de los momentos de debate giró en torno a la preparación de los presidentes de las zonas de Defensa, componente clave en la estrategia de defensa territorial. Se evaluó, además, la capacidad de respuesta institucional y la atención oportuna a los planteamientos de la población, destacando la participación ciudadana como un pilar de la responsabilidad institucional.
La vicegobernadora Juana Yamilka Viñals Suárez señaló todo lo relacionado con la iniciativa popular Mi Barrio por la Patria, que busca impulsar la construcción de comunidades participativas, seguras y productivas, con el objetivo de fortalecer la vida comunitaria y la unidad revolucionaria.
“Si bien en cada municipio se trabaja por materializarla, aún resulta insuficiente la labor y los resultados alcanzados. Es preciso lograr mayor participación popular en los planteamientos, aprovechando los recursos que están al alcance de cada sitio.
“Para ello, es imprescindible potenciar la convocatoria de líderes comunitarios, estudiantes, jóvenes y jubilados, así como actualizar los diagnósticos de las circunscripciones, una tarea que se considera prioritaria”, remarcó Viñals Suárez.
Asimismo, se debatió sobre la importancia de mejorar el funcionamiento de los grupos de atención social, reforzar la divulgación en las redes sociales e incorporar el conocimiento de la historia, los valores y la educación cívica en las nuevas generaciones.
La integralidad del movimiento también exige la integración de todos los factores implicados en las demarcaciones y los barrios, como vía para garantizar que esta iniciativa trascienda el discurso y se convierta en una realidad transformadora en cada comunidad.
En paralelo, y dada la coyuntura climática, se analizaron las indicaciones de la Defensa Civil para la preparación ante la temporada ciclónica 2026. Varios de los presentes reafirmaron la relevancia de la prevención y la organización social como elementos fundamentales para mitigar los efectos de fenómenos naturales, respaldando la protección de la población y los recursos económicos.
La atención a los planteamientos de los electores, así como los resultados alcanzados en los programas de Educación y Cultura, reconocidos como pilares esenciales en la formación integral del pueblo, estuvieron, igualmente, entre los temas analizados. Los mismos reflejaron la necesidad de la unidad de acción entre las instituciones y la ciudadanía, asegurando que las políticas sociales se traduzcan en beneficios concretos para la población.