Las Tunas.- La actividad del juez de ejecución ha demostrado su utilidad y necesidad como herramienta indispensable en la aplicación de la política de prevención y enfrentamiento a hechos delictivos y antisociales.
Se trata, como explicara en algún momento el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, de una acción coordinada, desde hace más de 20 años, por los tribunales, de conjunto con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), las dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las organizaciones sociales y de masas y otras instituciones que aportan, desde el contenido concreto de su función, a la rectificación de la conducta de las personas que hayan cometido delito y que estén en esta situación.
Para evaluar el quehacer realizado por los entes que intervienen en este proceso se desarrolló en el municipio cabecera el Taller Provincial sobre el Control, Atención e Influencia de los Sancionados que Extinguen Sanción en Libertad. En el mismo se reflexionó sobre el camino recorrido y el que queda por andar.
En el informe presentado por Dayanai Justiz Batista, presidenta de la Sala Segunda de lo Penal, al frente de este universo, se evidenció que, a pesar del panorama presente en los tribunales, mediado por obstáculos como la fluctuación de personal, han logrado ejecutar los ejercicios con la calidad requerida. Prueba de ello fue la verificación exitosa de un gran número de controlados, con mención especial para el Tribunal Municipal Popular de Jesús Menéndez, donde la identificación y el abordaje de la problemática fueron notorios.
Esta faena les ha permitido diagnosticar con mayor precisión la realidad de las personas, no solo en sus zonas de residencia, sino también en sus centros laborales, y así han obtenido una visión integral de los desafíos que enfrentan en su reinserción social.
De acuerdo con el informe, hasta octubre pasado en la provincia estaban controlados mil 186 ciudadanos, y a pesar de las acciones, se cometen indisciplinas como el traslado hacia otro municipio sin autorización del tribunal, la comisión de nuevos delitos y la desaparición de su ubicación declarada, sin conocerse su paradero.
En el 2025, en el Balcón de Oriente se realizaron 424 visitas a centros de trabajo y acontecieron charlas educativas con estudiantes de diferentes niveles educacionales, colectivos laborales, profesores, trabajadores sociales y presidentes de los consejos populares, además de los propios controlados.
El proceder del juez de ejecución y los órganos sociales de conjunto en este ámbito no solo se asume como una herramienta indispensable, sino como el brazo firme y a la vez compasivo de la sociedad que protege, educa y levanta.