Las Tunas.- Durante el año 2021, 31 organizaciones (empresas, unidades empresariales de base, talleres, establecimientos…) de esta provincia, irrespetaron el mandato expreso de la Ley 38, que define las innovaciones y racionalizaciones, protege los derechos de sus autores, y regula, entre otras cuestiones, su utilización y aplicación de conformidad con los principios de nuestra Revolución socialista.

A pesar de las irreverencias a este cuerpo legal y con sus derechos vulnerados este ejército, que es vanguardia de la clase obrera cubana, ha continuado brindando su apoyo a la sostenibilidad de innumerables programas de desarrollo económico y social del país en todas las esferas.
En el pasado calendario su aporte económico por concepto de innovaciones y racionalizaciones ascendió a 263 mil 706,65 pesos como resultado de las 441 trabajos registrados, de los que no se tramitaron por las direcciones administrativas correspondientes ¡213!, alrededor del 50 por ciento del total, cuyos autores no recibieron los beneficios que la citada ley establece de mecanismo para respetar el trabajo ajeno y estimularlo.
Merece reconocimiento y admiración ese protagonismo en estos tiempos, en que su desempeño ha sido vital en el colosal esfuerzo del Estado por resistir y vencer el impacto del recrudecimiento del bloqueo norteamericano y de la Covid-19 en el panorama económico de la nación.
La presidenta de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en la provincia, Yaneicy Ávila Escalona, asegura que las gestiones de la organización no han encontrado oídos receptivos en esas administraciones que sí reciben los beneficios de innovaciones y racionalizaciones que hacen posible mantener importantes procesos de producción y de prestación de servicios.
“Nuestras demandas de reconocimiento a esa valiosa labor y las acciones de capacitación desarrolladas, la ayuda brindada por los sindicatos, los inspectores y los reclamos contra esa flagrante violación han caído en saco roto, hablando en buen cubano”, enfatiza Ávila Escalona y fustiga la manera en que asumen esas direcciones los reiterados señalamientos y los argumentos que esgrimen, fundamentalmente aquellos atribuidos a la subordinación nacional de sus organizaciones, “porque también hay buenos ejemplos de tratamiento en otras con similar dependencia”, remarca.
“Vamos a seguir combatiendo tanta insensibilidad y tantos irrespetos al talento de nuestros asociados, a su trabajo y a la ley que los ampara”, ratifica Yaneicy Ávila Escalona.
Según informó la presidenta del Buró Provincial de la ANIR violan la Ley 38:
Unidades Empresariales de Base: Silos de Manatí; Juanito Mora (Pesca, municipio de Puerto Padre), Talleres Agropecuarios (Gelma); Guayabal (Pesca, "Amancio"); Combinado Cárnico (Puerto Padre); Talleres Azutecnia 14 de Junio; ZETI Tunas; Cerámica Tunas; Especializada Transporte (Conalza); Prefabricado y Premezclado; Vascal Tunas; Derivados Antonio Guiteras; y, Logística Portuaria Guayabal ("Amancio"). Empresas: Provincial Porcino; Azucarera Antonio Guiteras; Azucarera Majibacoa; Materiales de la Construcción; Mantenimiento y Construcción de Viales. Unidades presupuestadas: de las direcciones municipales de Salud (Majibacoa); de Deportes Jobabo y "Amancio", y Educación Puerto Padre. Los talleres de Maquinado ZETI ("Jesús Menéndez"); AX1 Majibacoa y del Partido.
La relación de violadores de este cuerpo jurídico la engrosan, además: el hospital Guillermo Domínguez (Puerto Padre); los policlínicos Gustavo Aldereguía y Guillermo Tejas (Las Tunas); el Centro Integral Porcino 1; Brigada 15 ; y, Estación de Riego ("Jesús Menéndez").
Y no se puede tolerar tanta irreverencia, máxime cuando han sido tantos los aportes en sectores claves como azucarero, Salud y Educación, que son de gran trascendencia en los esfuerzos del país que promueven y estimulan la incorporación del ingenio colectivo en la ciencia y la innovación para resistir, vencer y desarrollarnos en un escenario de muchas complejidades.