El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), dependiente de la administración del presidente Donald Trump, dispuso que los migrantes en situación temporal deberán abandonar el país para poder optar por la residencia permanente, conocida como “green card”.

La medida, anunciada mediante un comunicado oficial, se fundamenta en disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que, según argumentó la agencia, no fueron aplicadas por gobiernos anteriores.

Las autoridades describieron el memorando como una restitución de la intención original de la ley, con el objetivo explícito de reducir la necesidad de localizar y deportar a quienes permanecen en el territorio de forma irregular.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes calificaron la disposición como “cruel y perturbadora”, al estar dirigida legalmente contra personas que residen dentro del país. La nueva política se inscribe en el programa restrictivo del actual mandatario, orientado a frenar la inmigración irregular y limitar las vías legales, incluido el asilo, mediante mecanismos de disuasión y deportación.

Alcance de la normativa
La directiva del USCIS establece que los titulares de visas temporales de no inmigrante —incluidas las categorías B-1 y B-2 (negocios o turismo), F-1 y M-1 (estudios), así como H-1B, H-2A y H-2B (trabajo especializado, agrícola y no agrícola)— deben salir de Estados Unidos y tramitar el cambio de estatus ante el consulado estadounidense en su país de origen si aspiran a la residencia permanente.

Hasta el momento, el procedimiento vigente permitía solicitar el ajuste de estatus dentro del territorio nacional por razones de matrimonio, empleo o reunificación familiar, un trámite que puede extenderse por años y que garantiza la renovación de visados durante su procesamiento.

El portavoz del USCIS, Zach Kahler, precisó que, salvo circunstancias extraordinarias no especificadas, todo extranjero en condición temporal deberá retornar a su país para solicitar la “green card”. Kahler afirmó que la medida busca eliminar el incentivo de lagunas jurídicas y garantizar el funcionamiento del sistema conforme a lo previsto por la legislación.

“Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la ‘green card’ deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, declaró el funcionario.

Contexto migratorio
Las detenciones de migrantes en Estados Unidos se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato de Donald Trump, según estudios citados por la propia fuente. Este incremento provocó un aumento de cinco veces en las deportaciones, tras cuadruplicarse la capacidad de los centros de detención.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas detuvo ocho veces más a personas sin antecedentes penales, mientras que más de 6.200 niños fueron detenidos en el último año.

Críticas y situación del sistema
El ajuste de estatus ha sido utilizado por más de la mitad de todos los inmigrantes legales en la última generación, conforme a datos del libertario Instituto Cato, a través de su director de estudios de inmigración, David Bier.

Este analista señaló en la red social X que el Congreso estadounidense concibió una vía para que las personas calificadas para la residencia permanente pudieran permanecer en el país, y calificó la decisión como perjudicial para la estabilidad laboral y familiar de los inmigrantes legales.

Actualmente existe un millón de reclamaciones pendientes de ajuste de estatus. La acumulación se agravó tras la orden ejecutiva de detener las solicitudes pendientes alrededor del Día de Acción de Gracias del año pasado, luego del homicidio de un miembro de la Guardia Nacional en Washington D.C., política que se encuentra bajo litigio. Además, el Departamento de Estado suspendió el procesamiento de visas de inmigrantes en 75 países.

La nueva directiva del USCIS podría enfrentar procesos judiciales, dado que una modificación de esta magnitud requiere ser elaborada mediante mecanismos normativos de notificación y comentarios públicos.