Un exvicepresidente condenado injustamente y en estado crítico en la cárcel, maniobras para evitar que los opositores correistas aspiren a ocupar cargos en cualquier instancia, intensificación de la violencia criminal en todos los ámbitos y la participación de fuerzas invasoras norteamericanas en la muerte de pescadores y otros trabajadores calificados de narcotraficantes es parte del panorama que acompaña al actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien no oculta que trata de mantenerse por tiempo indefinido en el poder.

El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas atraviesa una delicada situación de salud en la cárcel, ya que ha experimentado desvanecimientos y pérdidas de memoria.

Los abogados de Glas, condenado a 13 años de cárcel por presunto delito de peculado, destacan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos mantiene vigentes "las medidas provisionales dictadas a su favor, al constatar que persiste la situación de riesgo que motivó su protección internacional".

El Tribunal exigió al Estado ecuatoriano a cumplir con sus obligaciones para "proteger sus derechos a la vida, integridad personal y salud" del político, al tiempo que consideró que el traslado a la cárcel donde se encuentra recluido "contribuye a la persistencia de la situación de riesgo".

Glas fue traicionado por su compañero de fórmula Lenín Moreno, quien, tras lograr la presidencia se pasó al bando del opositor derrotado, el derechista bancario millonario Guillermo Lasso, y adoptó su política neoliberal, endeudando al país y fabricando falsos testimonios contra sus excompañeros, como Glas, considerado uno de los políticos más honestos durante los diez años que acompañó al gobierno de la correísta Revolución Ciudadana, sin que ocurrieran los problemas que hoy asolan a Ecuador. Por cierto, en un extraño acto de justicia, Moreno acaba de ser condenado a cinco años de prisión por aceptar sobornos.

VIOLENCIA A LO TRUMP

Los ataques perpetrados por Estados Unidos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental han matado al menos a 221 personas desde el mes de septiembre de 2025. Hasta el momento, el gobierno de Trump no ha proporcionado pruebas que vinculen a las embarcaciones o a sus pasajeros con el tráfico de drogas.

Un sicario mató a tiros a la fiscal ecuatoriana Alexandra Bravo en la ciudad de Manta. Bravo estaba investigando los ataques estadounidenses contra tres embarcaciones ecuatorianas en los que sobrevivieron 36 pasajeros, muchos de los cuales relatan haber sufrido torturas de hombres estadounidenses armados que vestían uniformes militares estadounidenses y que estaban a bordo de un barco patrullero con bandera estadounidense.

Las denuncias que Bravo estaba investigando sobre los ataques a embarcaciones y las torturas cometidas por Estados Unidos son una expresión de la dictadura militar respaldada por Estados Unidos que se consolida cada vez más en Ecuador, planteó Camila Lourdes Galarza, periodista de investigación y activista sindical de Quito, quien recordó que durante los comicios en los cuales el presidente ecuatoriano Daniel Noboa fue reelegido, exmercenarios de la empresa Blackwater patrullaban los centros de votación a punta de pistola.

El asesinato de la fiscal Alexandra Bravo y las denuncias sobre ataques contra embarcaciones por parte de Estados Unidos y actos de tortura que ella investigaba reflejan el avance de una dictadura militar respaldada por Estados Unidos en Ecuador. Alexandra Bravo estaba investigando los ataques contra tres embarcaciones que describieron un mismo patrón de ataque. Fueron rodeadas por drones y otros aviones estadounidenses, interceptadas por un bote patrullero azul y, posteriormente, atacadas por drones.

Las tripulaciones de dos de las embarcaciones regresaron y denunciaron haber sido secuestradas, encapuchadas, golpeadas y privadas de alimentos durante ocho días por hombres armados, vestidos con uniformes militares de Estados Unidos, a bordo de un patrullero con bandera estadounidense, antes de ser abandonadas en El Salvador. Ocho pescadores continúan desaparecidos y las descripciones de los uniformes y de los aviones realizadas por los sobrevivientes coinciden con las imágenes difundidas públicamente por el Comando Sur de Estados Unidos.

Un pescador, Hernán Flores, declaró: “Ellos nos esposaron; nos pusieron la capucha. Ahí, en la capucha, como que se veía apenitas, clarito, ellos tenían sus barbas, su pelo para atrás, su pelo y sus barbas blancas, micas, amarillas así; cómo hablaban en inglés, pero no entendíamos, pero había uno que traducía al español, les traducía. Ellos lo que cometieron fue un error, porque tuviéramos cosas ilícitas, tuvieron los drones, tuvieron el avión espía, si nosotros tuviéramos algo ilícito, ellos habrían encontrado algo, pero nunca encontraron nada, porque el capitán de El Salvador se sorprendía, él pedía que le dieran pruebas de algo, pero nunca le dieron, solamente dijeron que nosotros éramos náufragos”.

Aún más, o sea, además de eso, hay evidencias que continúan acumulándose y plantean serias interrogantes sobre la participación estadounidense. Hay videos de actividades de la guardia costera de Estados Unidos, entrevistas policiales con testigos presenciales que corroboran la participación estadounidense denunciada por los sobrevivientes y con ayuda de un análisis de un analista de inteligencia de fuentes abiertas, Tomi McCluskey, se identificaron imágenes térmicas de la NASA compatibles con el bombardeo de una de las embarcaciones.

Desafortunadamente la fiscal fue asesinada antes de que la investigación pudiera avanzar y, en los días antes de su asesinato, la mandaron a otra oficina en Manta para que no investigara estos casos.

EL MIAMENSE NOBOA

El presidente Daniel Noboa, un presidente de la ultraderecha, bimillonario, nacido en Miami, ha declarado un conflicto armado interno en Ecuador, dice que está atacando bandas de criminales, pero en los barcos de su propia familia se encontraron unas cantidades grandísimas de cocaína destinadas a Croacia, entre tantos similares hechos anteriores.

Este proceso de una dictadura militar respaldada por Estados Unidos comenzó hace un año cuando los ya mencionados mercenarios de Blackwater patrullaban las elecciones y apuntaron con armas a la población. Y hoy se sostienen mediante el reordenamiento inconstitucional del calendario electoral, 22 decretos de estado de excepción, el hambre masiva impuesto a la población privada de la libertad, la suspensión y disolución de cuatro importantes partidos de oposición y la concesión de inmunidad diplomática a todos los militares estadounidenses.

Incluso figuras tradicionalmente conservadoras como el expresidente Osvaldo Hurtado han calificado al presidente Noboa como un “dictador”, y ninguna de estas medidas draconianas, que reflejan las tácticas propias de la Operación Cóndor, ni los toques de queda y retenes militares impuestos sobre el 70% del territorio nacional han hecho del Ecuador un país más seguro.

De hecho, un informe reciente del Quincy Institute for Responsible Statecraft reveló que Ecuador es ahora el país más violento del hemisferio occidental, a pesar de la apertura de una oficina del FBI en territorio ecuatoriano y de 75 000 militares ecuatorianos que están patrullando para combatir el narcotráfico.

La economía del narcotráfico se ha expandido hasta el punto de que Ecuador representa hoy el 70% de la distribución mundial de la cocaína y la mayoría, de hecho, es distribuida por compañías bananeras. Y Noboa viene de una familia bimillonaria que se hizo rica por la exportación de bananos y esa sigue siendo su corporación.

La periodista Camila Lourdes Galarza acaba de recibir amenazas de muerte si sigue investigando al mandatario, así como fiscales independientes que abordan la criminalidad en Ecuador.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Nos puede hablar un poco de las amenazas en contra de su vida y los peligros que enfrentan fiscales independientes que están investigando la criminalidad en Ecuador?

Como se sabe, la fiscal que estaba investigando esto fue asesinada; además, la whistleblower Mónika Silva, que había encontrado evidencia que muestra los vínculos del presidente Noboa con la economía del narcotráfico, también fue asesinada. Al día siguiente, el ministro del Interior, John Reimberg, dijo que se suicidó, que su muerte fue un suicidio, y luego la policía encontró que no, que había sido asesinada.

Hay más de cuatrocientos ataques registrados contra periodistas en Ecuador; más de veinte han tenido que irse del país; han tenido sus cuentas de banco congeladas. O sea, es una decisión… o sea, hacer periodismo en Ecuador es arriesgarse ante la muerte.