Una nueva y compleja jornada de protesta convulsionó a Francia este martes, luego de que estudiantes secundarios volvieran a salir masivamente a las calles y bloquearan los accesos a decenas de escuelas en todo el país.

La medida de fuerza, confirmada por el Ministerio de Educación francés, afectó de forma directa el funcionamiento de al menos 49 liceos sobre un total de 3 700 establecimientos, en un renovado intento por presionar al Gobierno del presidente Emmanuel Macron para obtener respuestas concretas a sus reclamos.

Las agrupaciones y sindicatos estudiantiles consideraron totalmente insuficientes las medidas anunciadas hasta el momento por la administración central, las cuales prometían un incremento en la planta docente, fondos para refaccionar los edificios más deteriorados y la sustitución gradual del cuestionado sistema de ingreso universitario.

Sin embargo, con la segunda economía de la Unión Europea bajo fuerte presión para recortar su elevado nivel de endeudamiento público, el margen de maniobra financiero del Poder Ejecutivo resulta sumamente acotado para destinar mayores partidas presupuestarias.

Aunque la mayor parte de las concentraciones se desarrollaron de manera pacífica —como en la ciudad sureña de Marsella, donde cientos de jóvenes marcharon bajo la consigna de no detener la lucha hasta recibir soluciones verdaderas—, la tensión derivó en episodios de extrema gravedad.

En la localidad de Chelles, al este de París, una dirigente política local que intentó mediar en el bloqueo de una institución fue atacada al recibir una botella cargada con combustible en el pecho, hecho que derivó en la apertura de una investigación judicial por intento de homicidio voluntario.

El recrudecimiento del conflicto estudiantil se enmarca en un escenario de creciente descontento social que salpica el tramo final del mandato del centroderechista Macron, quien dejará el poder en mayo.

Las demandas iniciadas en septiembre por cuestiones educativas terminaron convergiendo con el malestar generalizado por el aumento del costo de vida y las denuncias por violencia policial, antecedentes que ya se tradujeron en la masiva huelga del pasado 5 de noviembre que congregó a entre 575 000 y 1,6 millones de manifestantes.

Frente a este panorama de escalada, las centrales sindicales y las organizaciones juveniles ratificaron que profundizarán las medidas de fuerza convocando a un nuevo paro nacional fijado para el próximo 17 de noviembre en reclamo de mejoras salariales. De esta manera, el tablero político francés afronta una prueba decisiva para intentar encauzar el diálogo social antes de que el descontento en las calles y la parálisis educativa comprometan aún más la estabilidad institucional del país.