Un total de tres mil 778 escuelas recibieron la víspera mensajes amenazantes, de ellas 77 fueron evacuadas y en 36 los alumnos y trabajadores pudieron reanudar sus actividades docentes durante esa misma mañana.

El Gobierno italiano prepara nuevos procedimientos para gestionar las amenazas de bomba enviadas a centros educativos de distintas regiones del país, para garantizar su seguridad sin interrumpir innecesariamente las actividades escolares, reportó hoy Rai News.

Según datos provisionales difundidos la víspera por la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, un total de tres mil 778 escuelas recibieron mensajes amenazantes, de ellas 77 fueron evacuadas y en 36 los alumnos y trabajadores pudieron reanudar sus actividades docentes durante esa misma mañana.

Tras una reunión del Comité Interministerial para la Seguridad de la República, celebrada en Palazzo Chigi, las autoridades ratificaron la orientación de no ordenar evacuaciones por la simple recepción de correos electrónicos masivos, cuando no existan otros indicios concretos que permitan considerar real una situación de peligro.

La disposición establece que corresponde a los prefectos ordenar el desalojo de los establecimientos cuando dispongan de elementos específicos que indiquen un riesgo efectivo. El Ministerio de Educación comunicó estas instrucciones a las instituciones escolares mediante una circular.

En el encuentro participaron el subsecretario de la Presidencia del Consejo, Alfredo Mantovano, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y el titular de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara, junto a responsables técnicos de los organismos de seguridad.

El Ejecutivo acordó, además, que el Ministerio del Interior proporcione instrucciones operativas a las prefecturas para asegurar la continuidad de los servicios públicos y establecer criterios comunes de actuación ante nuevas amenazas.

Como parte de ese proceso, se previó activar una mesa técnica restringida para elaborar procedimientos e instrumentos de intervención a corto, mediano y largo plazo.

Las medidas no estarán limitadas a los centros educativos, sino que abarcarán también otros posibles objetivos, entre ellos hospitales, servicios de transporte, telecomunicaciones y administraciones locales.

El propósito es impedir que amenazas sin fundamento paralicen servicios esenciales, a la vez que mantengan la protección de estudiantes, docentes, trabajadores escolares y sus familias.

Mientras tanto, las investigaciones judiciales continúan para determinar el origen de los mensajes y la identidad de sus responsables. La Fiscalía de Roma abrió una investigación por amenazas agravadas y provocación de alarma pública, según la prensa italiana.