Las Tunas.- El 5 de enero comenzó la campaña de Declaración Jurada y pago de impuestos sobre utilidades, liderado por la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT).

Este proceso, de obligatorio cumplimiento para una amplia gama de contribuyentes, reviste gran significación por su impacto directo en el presupuesto estatal y los servicios que este financia.

Marisleidis Fernández Diéguez, directora de la ONAT en el municipio cabecera, confirmó que la convocatoria anterior concluyó al 100 por ciento, "es decir, que sobrecumplimos el plan propuesto para el año 2025”.

¿Quiénes deben presentarse ahora? La campaña actual “contempla la presentación de la Declaración Jurada de la liquidación y el pago del impuesto sobre las utilidades correspondiente al año, y lo ejecutan las personas jurídicas estatales y no estatales”, precisó la directiva, al tiempo que detalló que el plazo vence el 31 de marzo.

Además, están obligados a presentar su Declaración Jurada y realizar el pago correspondiente las personas naturales, que tienen hasta el 30 de abril. Hablamos de “los trabajadores por cuenta propia, comunicadores sociales, diseñadores, artistas, periodistas..., personal que recibe gratificaciones y los contribuyentes del sector agropecuario inscritos”.

La ONAT señala que se mantienen los beneficios fiscales; para los que declaren y paguen hasta (o antes) del 28 de febrero, una bonificación del cinco por ciento de la cuantía correspondiente, y quienes utilicen los canales digitales de pago habrá un descuento del tres por ciento del importe por pagar.

Fernández Diéguez alertó sobre ajustes importantes en los valores, destacando el impuesto sobre el transporte terrestre. “El principal cambio es que se incrementan las cuotas”. Para ilustrar, dio un ejemplo concreto: “Un motor el año pasado pagaba 22.00 pesos, este año paga 110.00”. Frente a esto hizo un llamado puntual a actualizarse de las nuevas tarifas.

“En el caso de embarcación, si pagan antes del 28 de febrero obtienen este año la bonificación del cinco por ciento”.

La directiva recordó que estos procesos se enmarcan en un contexto de modernización normativa. “Además, en el 2026 se modifican tres normas jurídicas dirigidas a fortalecer y actualizar el sistema tributario cubano, en correspondencia con las proyecciones de Gobierno aprobadas desde el pasado año y con las transformaciones del actual escenario económico”.

Cumplir en el período establecido no es solo una obligación legal; es un acto de responsabilidad cívica y contribución directa al desarrollo social.