Las Tunas.- Todo comenzó como un aviso que fue apareciendo en nuestros muros digitales. Las oficinas municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo informaban sobre el procedimiento que se requeriría para instalar paneles solares en viviendas particulares e inmuebles públicos. El requisito era claro: se necesitaría un "Autorizo de construcción" amparado por el Decreto-Ley 322/2014, con un costo de 68.00 pesos y un proyecto técnico de por medio. La reacción de la opinión pública no se hizo esperar. En cuestión de horas, las redes sociales digitales ardieron como un panel a mediodía.

"Es increíble que, en medio de la difícil situación energética, cuando los apagones son parte de la vida diaria, se nos exija legalizar los paneles que compramos con sacrificio", escribió Diannet Hernández. La indignación fue el denominador común. "Ahora la energía del sol será por la libreta", ironizó Orlando Vivo.

Otros, como Leudis Hinojosa Furones, intentaron poner paños fríos al debate: "Entiendan que eso cambia la imagen arquitectónica y ante un ciclón puede ser peligroso". Pero su voz fue un espejismo en el desierto de la molestia popular. "El que puede poner un panel en su casa lo hace por necesidad, no por lujo. ¿Ahora tengo que esperar 15 días para que un burócrata me diga dónde pongo lo mío?", sentenció Ángel Luis Gámez Asencio.

Entre los comentarios, sin embargo, también hubo quienes lo vieron desde la lógica técnica. "En otros países la asociación de vecinos decide cómo se hace. No es solo tu casa", apuntó un usuario. Pero estos análisis se perdieron entre la catarata de críticas hacia la "burocracia" y un supuesto "afán recaudatorio". 

¿ERAN CIERTAS O NO ESAS REGULACIONES?

Periódico 26 buscó a los expertos para salir de dudas. La subdelegada en esta provincia del oriente cubano del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (Inotu), Tania Vázquez Góngora, es clara: "Desde 2014 existe el Decreto Ley 322. Colocar un panel no es un mantenimiento; es una acción constructiva que modifica la estructura y la imagen de la ciudad", explica.

La norma, insiste, busca evitar tragedias. "Una cubierta que no soporta el peso, un panel mal anclado que vuele con un ciclón, una batería de litio que explota por mala instalación... La legalización le da al dueño un amparo jurídico y le evita pleitos con vecinos o multas por daños a terceros".

Parecía, en ese primer momento, que el camino era el papeleo obligatorio. Sin embargo, ante la reacción del público, las cosas comenzaron a cambiar.

Al parecer, hizo mella la presión ciudadana en un contexto de crisis energética severa agravada por el bloqueo estadounidense. Las autoridades harían entendido que, si bien el orden es necesario, el pueblo no toleraría una traba más en su carrera por conseguir un alivio a los apagones.

Un par de días después, encuentros entre el Inotu, la Oficina Nacional para el Control y el Uso Racional de la Energía (Onure) y las empresas eléctricas afinaron la puntería. La primera rectificación fue significativa: Se requeriría solicitar permiso solo para viviendas ubicadas en los centros históricos, donde afectara el ornato público, o en edificios multifamiliares. Para el resto de los casos, la gestión quedaría a la libre voluntad del ciudadano. No habría multas para quienes ya tienen los paneles instalados. El enfoque se movió hacia el asesoramiento técnico.

Empero más tarde otra indicación llegó como reguero de pólvora a los territorios: se cancelaban los trámites de solicitudes de permisos que estaban en curso.

¿MARCHA ATRÁS ANTE LA "AVALANCHA" SOLAR?

La velocidad del proceso explica el tropiezo. Las Tunas, como el resto del país, vive una fiebre por los paneles que no admite dilaciones burocráticas.

A finales de enero pasado, la provincia tenía asignados 584 sistemas solares fotovoltaicos para sectores priorizados: trabajadores de la Salud y la Educación, héroes del Trabajo, viviendas aisladas o familias en las que la condición de salud de alguno de sus integrantes requería del uso constante de aparatos médicos eléctricos. Solo un mes después, en febrero, Copextel aquí ya había instalado el 97 por ciento de esos sistemas.

Desde la fase de definición de quienes los recibirían, testimonios de los potenciales beneficiarios que se dieron a conocer confirmaron algunos requerimientos indicativos de que se habrían tenido en cuenta las regulaciones urbanísticas y de seguridad asociadas a la instalación de los paneles, con un evidente propósito de, al menos, evitar la surgencia de eventuales conflictos entre vecinos, si bien no siempre tomaron parte directamente los especialistas en esta materia.

A los sistemas fotovoltaicos en los hogares mediante este programa se suman los 49 kits solares para unidades de Salud Pública (policlínicos, hogares de ancianos y maternos), el sistema bancario para mantener operativas sus sucursales, y los destinados a telecomunicaciones y escuelas. Se les están añadiendo los colocados en todas las radioemisoras. Empero, en estos casos, sí se realiza un estudio previo del sitio más adecuado y la seguridad estructural. La diferencia entre un kit de 2 kilowatts para una familia y una instalación en un hospital, por ejemplo, puede ser significativa.

La contraorden en la exigencia del permiso para las viviendas particulares podría interpretarse como una victoria, quizás pírrica, para el sentido común. Las autoridades escucharon, rectificaron y retiraron la espada de Damocles de la multa. Pero varias preguntas quedan flotando y no son cómodas: si la ciudadanía no se hubiera manifestado, ¿estaríamos hoy haciendo colas en las oficinas del Inotu? ¿Es conveniente dejar las cosas como están?

En otros sitios del orbe la instalación de este tipo de equipos requiere autorización. Japón, España, Brasil, México..., todos tienen regulaciones estrictas. Acciones de esta índole sin control, o al menos sin que los organismos regulatorios sepan que existen, podrían generar accidentes, incendios por baterías mal ubicadas o conflictos vecinales eternos. Visto desde ese punto de vista, la legalización suena a protección, no a castigo.

Obviamente, por ahora, la suspensión del trámite obligatorio se siente como un alivio. Pero los expertos alertan que el relativo desorden actual, con paneles colocándose probablemente sin toda la supervisión necesaria, sería peligroso. 

A corto plazo, la prioridad está siendo mitigar la crisis y eso es completamente comprensible. Pero a larga data, las lecciones de esta cadena de acontecimientos son claras: quizás no se previó el alcance de este paso en medio de una situación tensa y una evidente crispación social.

TOMEMOS NOTA

Lo ocurrido con los paneles solares es un manual de cómo no gestionar una política pública en tiempos de crisis. La norma existía, pero su aplicación sin un programa de comunicación generó "un cortocircuito".

Convendría, tal vez, pensar en un proceso paulatino de regulación. Una labor más coordinada entre el Inotu, los organismos rectores (Onure, Copextel, entre otros), los empresarios privados y los arquitectos de la comunidad. Una ventanilla única para el que quiera asesorarse, pero sin la obligatoriedad que ahogue la iniciativa.

¿Qué pasará si un evento natural extremo levanta un panel mal anclado y causa daños materiales o, peor aún, humanos? El ordenamiento territorial no es enemigo del pueblo; es un seguro de vida, solo que este debe ajustarse a las condiciones actuales.

Mientras tanto, los tuneros seguirán buscando la manera de convertir los rayos del sol en electricidad. La lección para las instituciones es clara: la mejor ayuda en momento de soluciones urgentes es hacer de las normas un proceso que ordene, no que estorbe.