Hay enfermedades que se propagan porque el virus es nuevo. Y hay otras que avanzan porque el sistema inmunitario de la sociedad -sus instituciones, sus protocolos, su cultura de prevención- no ha sido suficientemente fortalecido. La estafa digital pertenece a la segunda categoría. Los datos que 26 recogió en sus encuestas recientes son un electrocardiograma social que muestra el pulso de una comunidad que siente el golpe, exige respuesta y todavía espera que alguien coordine el tratamiento. Ese alguien somos todos. Y ese es el núcleo de la crisis.
La primera entrega de esta investigación reveló una verdad que ya no admite matices: el 84 por ciento de los lectores consultados conoce de cerca el impacto de las estafas bancarias, ya sea a través de allegados o por experiencia directa. La cifra demolió cualquier intento de minimizar el fenómeno como un hecho aislado. Historias como la de Esperanza Zaldívar, quien identificó plenamente al presunto estafador y los números de cuenta implicados sin que su caso avanzara, o el clamor de Luisito García denunciando una zona de confort institucional, configuran un escenario de revictimización: un segundo golpe que el sistema propina a quien ya fue dañado.
Emerge un fenómeno peligroso y paradójico: aunque la mayoría identifica correctamente los intentos de suplantación, persiste una confianza ciega en los mensajes que imitan la identidad de las plataformas bancarias. El individuo subestima la posibilidad de ser víctima -“a mí no me va a pasar”- hasta que le sucede. Quizás sea porque nadie le ha explicado con la claridad suficiente cuáles son las malas prácticas en que usualmente los titulares de cuentas bancarias incurren y que los hacen vulnerables ante este tipo de delito.
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Más del 80 por ciento de los lectores consultados por 26 conoce a alguien que ha sido estafado o lo ha sufrido en carne propia. La ciudadanía exige acción coordinada entre la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), los bancos y Etecsa. Testimonios revelan que las víctimas quedan atrapadas entre el delito y lo que sienten como falta de respuesta oficial
CONTRATOS ¿CON FISURAS?
Tania Navarro Hidalgo, oficial de Cumplimiento de la Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), confirma la marea: “Semanalmente recibo aquí 12 o 14 casos de estafa”. La especialista detalla un protocolo que, sobre el papel, es robusto: la víctima denuncia ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), este órgano traslada la denuncia al banco y, desde la Dirección Provincial, se realiza un “mapeo” de todo el recorrido del dinero, incluso hacia cuentas de otras entidades como el Banco Metropolitano o el Banco Popular de Ahorro (BPA). Acto seguido, se procede al congelamiento de los fondos.
Navarro Hidalgo subraya un punto que choca con la percepción ciudadana de inmovilidad: al cierre de marzo de este año, 14 víctimas recuperaron su dinero en el territorio. Los protocolos actuales de colaboración con el Minint, asegura, están acortando los tiempos de respuesta a un rango de 20 a 25 días en los casos locales.
La solución, por tanto, no se extravía en la inacción como asume y piensa la gente, sino en la complejidad y la imposibilidad legal del banco de informar de manera directa a la víctima sobre la identidad del supuesto estafador.
“Aquí han venido muchos a buscarme, pero no podemos dar información; si lo hacemos, el cliente se toma la justicia por su cuenta”, advierte.
Sin embargo, el blindaje técnico y legal tiene grietas que los delincuentes explotan con precisión quirúrgica. Una de las más alarmantes trasciende las fronteras del Archipiélago. Zobeida Durañona Santiago, especialista principal de Banca Electrónica del BPA en Las Tunas, y su colega Yanely Santos Díaz señalan un patrón recurrente: el dinero termina desapareciendo en tarjetas cuyos dueños ya han emigrado del país.
“Tratamos de hacer el seguimiento, pero no llegamos porque se nos pierde la línea, sobre todo si el dinero salta a un banco o a otra entidad que no vemos en nuestro sistema”, explica Durañona Santiago.
Esta realidad conecta directamente con una falencia estructural de la que poco se habla y que actúa como facilitadora técnica del delito: la todavía insuficiente interconexión entre los sistemas informáticos bancarios y los registros de Inmigración y Extranjería. Mientras no exista un diálogo eficiente y en tiempo real entre estas bases de datos, las cuentas de ciudadanos que ya no residen en el país seguirán activas como herramientas óptimas para que los estafadores muevan el dinero robado, sin que el legítimo titular pueda siquiera reclamarlo.
Yanet Menéndez Pérez, jefa del Departamento de Banca Electrónica de la Dirección Provincial de Bandec, lo confirma con la contundencia del marco legal: si la tarjeta desde la que se operó el fraude pertenece a alguien en el exterior y esta fue utilizada por un pariente que se quedó en Cuba, el dinero no puede ser devuelto. “Ese familiar está incurriendo en acciones delictivas, y hasta que esa persona retorne al país no se puede devolver el efectivo”.
EN LA CONFIANZA ESTÁ EL PELIGRO
El engaño, insisten los expertos, opera sobre certezas, no sobre dudas. La llave maestra del delito no es un sofisticado algoritmo, sino un dato que la propia víctima entrega voluntariamente: la multibanca. “Es como entregar la llave de tu casa”, ejemplifica Durañona Santiago.
Las representantes del BPA describen un entorno saturado de trampas que mutan constantemente: desde las falsas compraventas en redes sociales en las que se pide el número de tarjeta para “hacer un depósito”, hasta el envío de links maliciosos que suplantan la identidad corporativa o el robo masivo de cuentas de WhatsApp para pedir dinero a los contactos de la víctima.
La inteligencia artificial y el estudio minucioso de los perfiles sociales han dado paso a una nueva generación de fraude que las especialistas califican como “estafa de la voz”. Los delincuentes llaman a teléfonos fijos y, con una amabilidad que desarma, preguntan “¿Con quién hablo?”. “Así sucedió con una vecina mía -relata Yanely Santos Díaz-, que dio el nombre de su hermana y el estafador respondió: 'Ah, sí, mire, Raquel, se encuentra en un listado para recoger un paquete'. Y no era Raquel, estaban hablando con otra persona”.
Las sugerencias de los bancos a la ciudadanía configuran un manual de supervivencia que exige, paradójicamente, desconfiar. “Que no den datos de sus cuentas, que no sean tan dadivosos con su dinero”, resume Menéndez Pérez desde Bandec.
Las fuentes consultadas lo traducen en una sola palabra: “Desconfiarse”. No entregar la multibanca ni el PIN a nadie, verificar siempre por una vía alterna cualquier solicitud urgente de dinero de un pariente, y nunca, bajo ninguna circunstancia, dar los datos personales a quien llama ofreciendo una supuesta paquetería. Si la tarjeta se extravía, el primer paso es ir a la sucursal bancaria para bloquearla de inmediato. Si el dinero ya fue sustraído, la ruta es la denuncia en la PNR, no en el banco. Solo la Policía puede activar el rastreo oficial.
¿IMPUNIDAD?
A pesar de los mecanismos descritos, la percepción de impunidad sigue siendo el monstruo más grande que enfrenta la institucionalidad. La falta de interoperatividad plena entre plataformas y la no integración de registros públicos crean puntos ciegos que los bandidos conocen y explotan. Pero también existe una responsabilidad comunicacional no saldada.
La abrumadora mayoría de las víctimas acude primero al banco, para luego descubrir que allí solo pueden bloquear la tarjeta y que la información sobre el estafador es secreta hasta que medie la Policía. Cuando los bancos se niegan a dar datos del destino del dinero al propio titular de la cuenta, lo hacen amparados en un deber de protección de la información personal. La libertad de conocer lo referido a tu cuenta se ve limitada con la imposibilidad de saber sobre la cuenta bancaria de una persona distinta. Es por eso que la notiticación completa se le brinda a la autoridad policial o de instrucción penal.
La comunicación de un titular estafado cuando se hace directamente al banco por sí sola no es suficiente para congelar o inmovilizar la cuenta de destino de los fondos; de lo contrario, se estaría quebrantando los derechos de esa persona sin que medie una decisión legal emitida por la autoridad competente. Tal circuito, aunque avalado por la ley, resulta emocionalmente frustrante para quien acaba de perder sus ahorros.
La ciudadanía, que percibe la entrega de datos concretos del estafador como una prueba irrefutable, no siempre entiende por qué esa misma información no activa un bloqueo preventivo inmediato. En tal sentido, la comunicación institucional pública -los avisos en redes, las alertas en los medios- tiene margen real de mejora. No en la frecuencia, sino en la construcción del mensaje.
Un aviso que dice “no dé su contraseña a nadie” compite en el mismo espacio de atención con decenas de contenidos diarios y pierde esa lid casi siempre. Un aviso que describe exactamente cómo luce el mensaje fraudulento, qué palabras usa, qué urgencia simula y qué debe hacer el receptor en los próximos 30 segundos, activa un mecanismo de reconocimiento que puede salvar 12 mil pesos en el momento preciso.
NO HAY VACUNA ÚNICA
Señalar que las instituciones bancarias pueden mejorar su comunicación preventiva no es atacarlas. Subrayar que los operadores de investigación pueden agilizar el trato a las víctimas no es deslegitimar su labor. Admitir las falencias de interconexión no es un acto de pesimismo, sino la honestidad técnica indispensable para resolverlas. Y apuntar que la ciudadanía puede fortalecer su cultura de seguridad digital no es culpar al caído.
Es, sencillamente, reconocer que una pandemia sin vacuna única solo se contiene cuando cada parte del entramado social hace su trabajo con la máxima calidad disponible, al mismo tiempo, sin esperar que el otro dé el primer paso.
El estafador no hace esa pausa. Mientras cada actor aguarda que los demás se muevan primero, él ya marcó el siguiente número. La estafa no es un virus nuevo. Pero si los engranajes inmunitarios de la sociedad tunera deciden, por fin, coordinar sus defensas, este no resulta un patógeno imposible de contener. La cura, más que en las máquinas, está en la voluntad política, la comunicación efectiva y la cultura colectiva de la desconfianza inteligente.