La aplicación de esta nueva norma legal refrenda el respeto de Cuba a los derechos humanos

Las Tunas.- El Código de las Familias, aprobado en referendo popular el 25 de septiembre pasado, no solo ratificó que los afectos y el amor son principios fundamentales en la formación y consolidación de un hogar. La legislación respaldó legalmente una cotidianidad real, heterogénea y compleja, que demuestra la existencia de diversos diseños de familias, más allá de los reconocidos tradicionalmente.

De acuerdo con los expertos, la puesta en vigor de la normativa sitúa a Cuba en una posición internacional privilegiada en el respeto de los derechos humanos, por su carácter inclusivo, plural y de protección a grupos poblacionales que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad.

Reconocer esta realidad cambiante y plasmarla en una ley fue apenas el primer paso de un camino difícil. El principal desafío, según insistió el ministro de Justicia Oscar Silvera Martínez, es lograr que la población comprenda el Código y lo haga suyo, lo asuma en la integralidad que implica, como parte de dinámicas genuinamente democráticas.

Esta afirmación tiene su reflejo en Las Tunas, pues, aunque gran parte de la ciudadanía agradece su implementación, no son muchos los procesos encauzados hasta el momento bajo el amparo de la nueva norma, de acuerdo con las declaraciones a 26 de varios directivos del Sistema de Justicia aquí, quienes ofrecieron estadísticas de los trámites introducidos y argumentaron que la mayoría de las personas se acercan a las respectivas unidades en busca de orientación.

Aracelis Goulbornes Milanés, subdirectora provincial de Justicia, explica que “lo más novedoso hasta ahora es la realización de siete matrimonios igualitarios. No se han inscrito, por ejemplo, niños con los apellidos de la madre en primer orden, ni hemos recibido casos de gestación solidaria”.

En el Registro Civil, además de algunas acciones que van encaminadas a la realización de matrimonios entre personas del mismo sexo, “han desarrollado otras relacionadas con la unión de hecho afectiva”, sostiene Pedro Gómez Velázquez, director de Justicia en la localidad cabecera. Refiere que “aunque no son los asuntos de mayor demanda, los ciudadanos acuden a nuestras instituciones con el propósito de conocer, en cuanto a la unión de hecho, qué documentación deben concretar para demostrar la validez de su casamiento”.

Al Tribunal Municipal de Las Tunas han llegado, fundamentalmente, casos de divorcio. “Ahora son mirados como un proceso sumario, es decir, que es más corto el período de respuesta, comprendido en 10 días, cuando en la ley anterior se resolvía como uno especial”, comenta Nulvia Nicot Su, vicepresidenta de esa instancia.

Expresa que “se resolvió una solicitud de guarda compartida, amparada en el Artículo 153; otra que se centró en la custodia de la mascota, uno de los elementos más novedosos debido al vínculo que tiene con la Ley de Protección Animal, y dimos respuesta a un proceso sumario sobre la exclusión de un padre en relación a un menor, al amparo del Artículo 139, inciso c, por conducta de desatención”.

La escasa presentación ante los tribunales se debe, en buena medida, a que muchos asuntos no han completado la documentación necesaria, pues están a la espera de determinadas certificaciones, papeles de emigración y extranjería, que se requieren para probar lo que se pretenda. Así lo argumenta Miriam Castillo Hernández, directora de la Oficina de Bufetes Colectivos en la provincia.

Castillo Hernández amplía que la mayor cantidad de consultas en los bufetes han estado relacionadas con la responsabilidad parental de los abuelos, al encontrarse los padres fuera del país. Un aspecto importante -señala- es que un número considerable de abuelos, sobre todo en los municipios del sur, han acudido para pedir la guarda y cuidado de sus nietos.

“Se han ejecutado muchos divorcios con o sin solicitud de privación de responsabilidad parental, y con la determinación de guarda y cuidado unipersonal y compartida. De igual manera, se orientó un caso sobre violencia de género, con bastante trascendencia; y un proceso relacionado con la adopción y pensiones alimenticias de un hijo mayor reclamando al resto de los hermanos la ayuda a la sostenibilidad de sus padres ancianos”, informa.

Subraya que al tribunal se presentó la solicitud para conceder unilateralmente a una madre la decisión de salida del territorio nacional de su hijo menor de edad. “Como este último se han orientado varios, pero ellos requieren de una serie de documentos probatorios”, concluye.

Durante varios meses en el país fueron organizados con las instituciones correspondientes los nuevos sistemas de labor, así como los modelos de actuación de funcionarios, directivos y trabajadores, en aras de alcanzar una implementación exitosa. Al respecto, Nicot Su detalla que prepararon a todos los jueces, enfatizando en las novedades del texto jurídico.

La indicación metodológica número 3 emitida por la Dirección General de Notaría y Registros Públicos, publicada al unísono del Código, resaltó la capacitación de notarios y registradores, además del principio de la sensibilidad y el buen trato a la ciudadanía, sobre la base de la debida diligencia y la razonabilidad ante cada situación.

En este sentido, Gómez Velázquez confiesa que se requiere de un adiestramiento superior, teniendo en cuenta que la documentación por emplear es nueva. Enfatiza que laboran “a partir de las experiencias adquiridas por otras provincias, a través de un grupo de WhatsApp creado para debatir estas cuestiones y saber cómo manejarlas”.

A ello se suma que el municipio debe contar con nueve profesionales para ejercer la actividad notarial y solo dispone de cinco, lo que ocasiona una sobrecarga de trabajo y limita el servicio. No obstante, el directivo manifiesta que “aunque con vicisitudes, nos acercamos cada día más a lo que se quiere lograr, gracias a las competencias de nuestro personal”.