Las Tunas.- Caridad Mora Caunedo es asidua compradora del mercado agropecuario Leningrado, el más cercano a su casa en el reparto Santos, de esta ciudad. “El suministro a la placita, dice, es insuficiente en estos momentos”. Desde su punto de vista, convendría regresar a los métodos empleados en los días más tensos de confinamiento por la Covid-19, cuando se usó como mecanismo de distribución equitativa la libreta de abastecimiento.

Desde la periferia de la capital provincial, Fredesvinda Líndice Velázquez no ve con buenos ojos que se despache la mayor parte de los surtidos disponibles en zonas más populosas como el barrio de Caridad. “Aquí esporádicamente venden calabaza, melón, fruta bomba y muy escasas viandas, que es lo que necesita ahora mismo la población”, afirma esta residente en la comunidad de Petrocasas del reparto Sosa Oeste.

A su vecino, Róger Rafael Domínguez Soto, le preocupa otra arista del asunto: “No entiendo cómo en los mercados estatales, incluyendo las placitas, aparecen tan pocos productos. Los particulares son los que tienen la vianda, a un precio muy elevado, en eso estamos de acuerdo, pero al menos están ahí”.

Sin embargo, para otro habitante de ese reparto, Yusdanis Tamayo Rodríguez, el meollo de la cuestión pasa también por la calidad de lo que llega: “El abasto a las placitas que están alejadas de la ciudad es crítico, a veces las llenan de verduras que casi nadie compra o de lo contrario, solo hay condimentos”.

SI NO CRECE… NO SE COME

A mediados del mes de mayo, las autoridades de Gobierno en la provincia informaban que solo se alcanzaban 12,83 libras de viandas, hortalizas, granos y carne por cada habitante. Muy lejos, admitieron, de las 30 libras per cápita fijadas como aspiración del Programa Nacional de Producción de Alimentos.

En julio, esa cifra se había elevado hasta las 20 libras, aunque Las Tunas seguía, por ejemplo, sin dedicarle la suficiente tierra a la agricultura urbana, pues cultivaba aproximadamente siete metros cuadrados por habitante, cuando la meta es 10. “Se puede hacer más, no es suficiente”, dijo el vicepresidente del Consejo de Defensa Jaime Chiang Vega, al informar al país desde el espacio televisivo Mesa Redonda sobre la implementación aquí de las medidas para la recuperación de la Covid-19.

De que no alcanza sabe Rudy Pijuán Sánchez, trabajador de la placita La Unión en el reparto Santos. El único proveedor de ese establecimiento es la Empresa de Acopio, asegura. “Hace más de 10 días que no traen nada y cuando lo hacen es insuficiente para la población”.

Desde la Delegación Provincial de la Agricultura, Luis Oro Torres, subdelegado de Cultivos Varios, insiste en que, a tono con la estrategia nacional, la prioridad sigue siendo ampliar la cantidad y variedad de áreas sembradas. En la campaña de primavera se plantaron más de 19 mil hectáreas (ha), con énfasis en el plátano, mil 971; la yuca, cuatro mil 462 y de boniato, 665,8. Pero, comenta, incumplimos el plan, esencialmente, por la carencia de combustible en marzo, abril y mayo. “Se utilizó la tracción animal, pero no fue suficiente para roturar las grandes superficies de tierra”, expresa.

Para la campaña de frío, el panorama no es demasiado halagüeño, pues no han cesado las estrecheces financieras originadas por el bloqueo estadounidense y agravadas por la pandemia del nuevo coronavirus. De modo que, anticipa Oro Torres, en esta etapa, cuyo plan mensual es de tres mil 427,7 ha, contamos para los cultivos varios con apenas una décima del combustible requerido.

A tenor de esto, no todo son malas noticias, pues si bien los bananos plantados en el 2020 no llegarán a los mercados hasta el próximo año, el subdelegado anuncia que, gracias a las lluvias, “esperamos ver plátano después de la primera quincena de noviembre; y en diciembre se cosecharán las parcelas de tomate, col, pepino, lechuga y maíz verde”.

DEL PAPEL ¿AL SACO?

Hasta la saciedad, las máximas autoridades políticas y de Gobierno, de la provincia y el país, recalcan la importancia de que suban las cuantías de cosechas contratadas entre productores y comercializadores estatales. A sabiendas de que, también en Las Tunas, más de 80 por ciento de los alimentos que brotan de la tierra, lo hacen bajo el control de cultivadores del sector cooperativo o privado.

Los registros de la Empresa de Acopio aquí parecen anunciar mejoría en este sentido, pues hasta el cierre de agosto último habían contratado unas 25 mil toneladas, tres mil más que en igual período del 2019.

El intercambio directo entre labriegos y comercializadores dice otra cosa. Reunidos en el municipio de Jobabo, por ejemplo, ambas partes convenían en que lo ratificado al momento de cosechar no se corresponde con la contratación previa, casi siempre para menos. La solución fue incrementar las áreas en explotación y el balance de cultivos como el plátano, la yuca y el boniato para suplir ese notable déficit, insistió el delegado de la Agricultura Omar Yoel Pérez López.

Adicionalmente, acota el especialista comercial Javier Ramón Velázquez Morales, en Acopio, figuras claves en este proceso de contratación y ratificación, como son los compradores, no acaban de recuperar el protagonismo de otras épocas. El resultado, alerta, es simple: poca veracidad de los datos informados, deficiente chequeo de lo realmente existente en cada finca y, por consiguiente, se daña el dominio real de lo que hay en producción y puede entregarse.

Los campesinos también tienen algo que decir y así lo manifestaron en el más reciente encuentro a instancias de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Mientras comprenden la caída de la afluencia de productos e insumos de importación para la agricultura, por el escenario adverso que vive la nación, no aceptan que haya retrasos en la entrega de tierras a quienes las quieren poner a producir, o peor, que todavía estén en manos de algunos que en un largo período no han aportado nada a su cooperativa.

LO QUE DESNUDÓ LA PANDEMIA

Siempre puede ser peor y para demostrarlo llegó en marzo el SARS-CoV-2. La paralización de las actividades económicas o su reconversión bajo estrictas medidas de bioseguridad vino a profundizar los dilemas financieros de Cuba, ya de por sí serios, sobre todo, desde septiembre del 2019, cuando arreció la persecución de la Administración Trump contra los despachos de combustible al Archipiélago.

Si la reducción de carburantes había deprimido la superficie de tierra lista para sembrar al inicio de la primavera, la paralización del transporte hizo lo suyo con el flujo de productos agropecuarios que llegan a Las Tunas desde otras provincias, especialmente de Ciego de Ávila. Por el camino hubo que tomar medidas extremas como cosechar a destiempo y consumir las semillas. Ambos pasos, dieron de comer en su momento, pero ahora crean otros problemas como la depresión de los renglones disponibles, tanto en áreas cultivadas como en los rendimientos.

¿SOLUCIONES?

La respuesta por lo pronto parece ser incrementar las áreas de cultivo, pero el modelo extensivo tiene un límite. Esto sería, tal vez, solo un ingrediente de un guiso de soluciones que deber sazonarse con el aprovechamiento intensivo de la tierra cultivable, más apoyo y control del desempeño de los actores principales: los agricultores; así como la inaplazable superación de los escollos organizativos en los mecanismos de comercialización.

Quizás, por esa cuerda anda el más reciente paso de las autoridades aquí con la apertura de dos mercados en la capital provincial, el de Bonachea y el del reparto Aguilera, los cuales serán surtidos directamente por sendas cooperativas agropecuarias. Con los precios diferenciados en ambos establecimientos, esperan encontrar un punto de consenso entre el poder adquisitivo de los consumidores y las aspiraciones de prosperidad de los labriegos.

En puridad, no es un intento absolutamente nuevo, pues ya una vez formas de gestión no estatal se asociaron con mercados y placitas aquí. Ahora, sin embargo, los inmuebles sí pasan al control de las cooperativas, en una clara señal de involucrarlas por completo en el intento.

Ciertamente, ni las estadísticas tienen todas las respuestas, ni tampoco parece haber un único modo de desenredar la madeja de la producción agropecuaria y su puesta en las tarimas. Censurable siempre será el inmovilismo y la autocomplacencia, algo que la ciudadanía nunca perdonará.