La licenciada Doris Aldana Barrera, especialista A en Derecho sobre la Vivienda de la Dirección Provincial de Vivienda, aseguró a 26 Digital que la normativa refrendada en la Gaceta Oficial número 33 estará vigente durante los próximos seis años, obedeciendo a un acuerdo del Consejo de Ministros que involucra a los ministerios de la Construcción y de Justicia.
"En Las Tunas tenemos creadas las condiciones, en todas las oficinas de trámites, para darle frente a esta tarea -puntualiza la abogada-. Los domicilios por legalizar son los arrendamientos permanentes, en los que se realizaron compraventas ilegales en el pasado o construcciones fuera de la ley que el Estado en su momento las confiscó y se las dio a los moradores en arrendamiento.
"El proceso contempla además, las construcciones ilegales con esfuerzo propio o estatales, los usufructuarios y ocupantes de cuartos, habitaciones, accesorios (por ejemplo, las antiguas cuarterías) y los locales estatales. Incluyen las viviendas vinculadas y medios básicos de determinados organismos".
La especialista insistió, en que era indispensable para iniciar la documentación que los arrendamientos estén actualizados con los pagos a través de las chequeras o del certifico de los bancos. En todos los casos resulta vital que las propiedades cumplan con los requisitos del Instituto de Planificación Física y respeten las restricciones urbanas.
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