Pese a haber comenzado en fecha y a la privilegiada posición que ocupa en la agenda de los directivos del sector, incluyendo a los de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), lo cierto es que las negociaciones no andan bien, entre otras razones, porque "hemos ido esclareciendo sobre la marcha, aspectos relacionados con el Sistema Automatizado para el Control de la Contratación (SIPA) que, por vez primera, utiliza el país en tales menesteres", explica a 26 Digital Omar Pérez López, delegado del Ministerio de la Agricultura en Las Tunas.
Conservar en soporte digital todo lo relacionado con el quehacer de las fórmulas productivas y de los más de 20 mil labriegos diseminados por la provincia facilita el control y la realización de evaluaciones más objetivas de los procesos, desde la siembra hasta el destino final de lo cosechado.
No se trata de una camisa de fuerza, sino de un programa necesario que hará más expedito el camino hacia la meta de lograr en el 2020, un salto cuantitativo y cualitativo en la entrega y comercialización de la producción de alimentos, propósito que tiene en la figura del fortalecido Grupo Empresarial de Acopio a uno de sus pilares fundamentales.
Esas alentadoras perspectivas sustentan la necesidad de revitalizar sin demoras los convenios, máxime cuando a estas alturas todavía faltan por visitar más de seis mil productores, atraso que exige de quienes realizan el proceso una pronta y contundente respuesta, pero sin lesionar su calidad y apegado a la metodología del SIPA.
Bajo esa concepción se impone fortalecer la labor a nivel de base, mediante una mayor implicación en el asunto del personal seleccionado y capacitado por las juntas directivas y las empresas municipales de la Agricultura.
Pero el apremio por llegarles a todos los que producen alimentos no puede ser óbice para suscribir un contrato ajustado a la realidad de cada unidad, finca y productor. Tal grado de confiabilidad será mayor si en su declaración el labriego no deja oculto bajo la manga potencialidades productivas, y si el contratante hace suyo aquello de que vista hace fe mediante la comprobación sobre el terreno del área ocupada, variedad, cantidad y la salud de los cultivos existentes, así como el estado y perspectivas de las tierras por explotar.
Es deber del visitante esclarecer o tomar notas de cualquier preocupación planteada por el poseedor de la tierra respecto a los insumos, precios, paquete tecnológico, la comercialización y el pago de las entregas.
Aunque ya es evidente que el proceso se extenderá más allá del 15 de noviembre -fecha tope planteada por la provincia-, criterios especializados coinciden en que si las juntas directivas y las direcciones de las empresas agropecuarias de cada territorio potencian al máximo la tarea, Las Tunas puede culminarla mucho antes de que finalice el año y con la calidad requerida.
Lograr ese objetivo es de suma importancia, pues a partir de los compromisos productivos es que la empresa oficializa los planes de entrega a los diferentes destinatarios; dígase placitas, mercados agropecuarios estatales, hospitales y centros de enseñanza, entre otras instituciones comprendidas en el sistema de consumo social.
Tampoco puede perderse de vista que la venta de alimentos que se acuerde con el Estado para el 2020, contribuirá al impulso del autoabastecimiento municipal, programa dirigido a garantizar el per cápita mensual de 30 libras de viandas, hortalizas, granos y frutales por habitante, tal y como se esboza en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
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