La consulta popular en ese asentamiento y el resto de las localidades que conforman el Consejo Popular de la zona, tuvo buena participación y las propuestas se acercaron a las realidades y características de los pobladores de allí, generalmente con buena preparación política y en su mayoría dedicados a la producción agrícola.
Precisamente por ello, una gran parte de las propuestas fueron referidas al derecho y deber del trabajo enmarcado en el Artículo 31 del Proyecto, insistiendo que se rectifique y plasme como una obligación de las personas aptas para hacerlo.
En otros casos, analizaron los derechos, deberes y garantías de la ciudadanía, el papel del Estado y el Gobierno, la estructuración de la gestión administrativa, los diferentes papeles que desempeñan las instituciones y entidades en el ámbito local y las nuevas calificaciones que adquiere la gobernación a nivel de provincia.
Entre las inquietudes estuvo cómo el Estado garantizará el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna y si se tendrán en cuenta los criterios emitidos en las consultas populares para el basamento jurídico posterior a la aprobación de la nueva Constitución.
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