Santiago de Chile.- La decisión del presidente chileno, Gabriel Boric, de ejercer su derecho al indulto provocó una reacción virulenta de la oposición que abandonó la mesa por el acuerdo de seguridad y amenaza con acusar constitucionalmente al mandatario.
Las ya tensas relaciones subieron de tono cuando el dignatario liberó a fines de año a 12 presos del estallido social del 2019 y a Jorge Mateluna, exmilitante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Molestos por esta decisión, la coalición de derecha Chile Vamos y el ultraderechista Partido Republicano decidieron retirarse de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.
Interrogado sobre el tema por Prensa Latina, el analista político Nicolás Romero, director de la revista De Frente, explicó que -en primer lugar- el indulto es una atribución constitucional que tienen los presidentes.
En este caso, se aplicó a personas condenadas por tribunales chilenos por la comisión de delitos en el contexto de las revueltas del 2019 y a Mateluna, sometido a un proceso muy irregular con vastos antecedentes que demuestran haber sido víctima de las circunstancias. Romero recordó que en el anterior gobierno de derecha de Sebastián Piñera se realizaron cientos de indultos bajo el argumento de la covid-19 e, incluso, se liberaron a violadores de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Si en su momento la derecha invocó razones humanitarias para saltarse convenios internacionales que prohíben la amnistía de condenados por delitos de lesa humanidad, entonces no viene al caso que se cuestione la iniciativa constitucional del presidente Boric", declaró Romero.
En segundo lugar, explicó, el indulto es una promesa de campaña del presidente, que al inicio de su mandato retiró 223 querellas interpuestas por la administración anterior contra participantes en las manifestaciones iniciadas en octubre del 2019.
En su arremetida contra el Gobierno por esa decisión, los sectores conservadores, además de abandonar la mesa de negociaciones sobre el acuerdo de seguridad, amenazaron con una acusación constitucional a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, e incluso contra el mandatario.
Romero considera que en este punto hay una división. Existe, dijo, una derecha más dura, vinculada al pinochetismo y al Partido Republicano, que está por la desestabilización del Gobierno y -de hecho- ya lo hicieron durante el reciente paro de camioneros.
Hay otro sector más tradicional, alineado a los intereses de los empresarios, que necesitan mayor estabilidad para sus negocios y ello pasa por la continuidad del ejecutivo de Boric y, por lo tanto, no están a favor del proceso contra el presidente, ni con el abandono del acuerdo para alcanzar una nueva Carta Magna.
La última encuesta de la firma Criteria, realizada en el período en que se anunció el indulto, muestra un aumento de cinco puntos en la aprobación a la gestión del presidente hasta alcanzar el 35 por ciento, una cifra aún baja.
Al referirse al tema, el director de la revista De Frente recordó que parte de la caída de la popularidad de Boric en los últimos meses está vinculada con la derrota de la opción del Apruebo en el plebiscito sobre un nuevo proyecto de Constitución y con la incapacidad del Gobierno para levantar banderas propias.
No obstante, expresó, en ese referendo cuatro millones de personas votaron por el cambio y es muy posible que muchas de ellas también tengan una simpatía por el indulto, un tema bien transversal y muy sentido por una parte de la población.
Según su criterio, esta medida logra empoderar al Gobierno y recuperar la confianza de sectores progresistas y de izquierda.
