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Las Tunas.- El encuentro ocurrió hace unos días. De un lado, las autoridades del Gobierno y el Partido; del otro, un grupo de pequeños empresarios privados y cuentapropistas. No es la primera vez que sostienen estos intercambios directos; sin embargo, corren tiempos duros, difíciles, de crecimiento casi nulo de la economía y escasez de recursos claves como los combustibles. ¿Qué lecturas podemos hacer de este tipo de intercambios que ocurren en todos los municipios? ¿Serán provechosos?

Ambas partes quieren negociar, pues la tarea de dar de comer al más de medio millón de cubanos que vivimos en esta provincia no es fácil. Sépase que, en la actualidad, las familias tuneras destinan más del 80 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos.

Mientras, otras estimaciones oficiales indican que tener ingresos mensuales por debajo de los cinco mil pesos dinamita la capacidad adquisitiva de cualquier poblador aquí, más si de él dependen otras personas. Urge encontrar un camino común al cerco de realidades que ponen contra las cuerdas al propósito compartido del progreso.

Los ingredientes de esa especie de tormenta perfecta se resumen rápido: ausencia crónica de oferta de bienes y servicios, inflación de tres dígitos y, anótese, afrontarlo desde un territorio que carga sobre sí el fardo de ubicarse al final de la cadena de distribución y geográficamente distante del centro más dinámico del país: la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

El empeño de cerrar el paso a la recesión no puede ser asumido únicamente desde las entidades públicas o desde la iniciativa privada. Uno y otro tienen fortalezas que combinadas concretarían la fórmula de ganar-ganar.

Las micro, pequeñas y medianas empresas privadas son comparativamente más exitosas en colocar en nuestro Archipiélago productos de primera necesidad, porque la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Washington persigue sin perdón a los entes estatales cubanos que intentan lo mismo. No hacen falta estadísticas que lo corroboren, basta con caminar cualquier punto de la geografía provincial para notarlo.

A la vez, el empresariado estatal tiene a su favor una capacidad distributiva y capilaridad mucho mayores y es, no lo olvide, la principal fuente de ingresos del presupuesto público; ese que financia sistemas universales como la educación y la salud, sin los cuales los emprendedores no existirían. 

Sin embargo, otros asuntos aguijonan el diálogo. El primero, el bloqueo estadounidense que, si bien puede ser esquivado en cierta medida como ya se vio, torpedea las transacciones en moneda libremente convertible de las mipymes, las que también tienen vedado el acceso como personas jurídicas al Sistema Bancario norteamericano o de cualquier otra nación ligada a este, por estar Cuba incluida en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo. Del calvario de las entidades públicas tenemos noticias diariamente.

Factores coyunturales están teniendo efectos similares. El empujón dado en agosto hacia la bancarización de las operaciones económicas, aunque sustentado en urgencias innegables, se expresa nocivamente justo allí donde las operaciones de compra-venta deberían ser expeditas. Especialmente, porque la mayoría de las transacciones relevantes, con énfasis en el mercado real de divisas, sigue del lado del mundo del efectivo.

Eso repercute, por ejemplo, en que los campesinos y proveedores de alimentos continúen negados a aceptar otro pago que no sea "a la antigua", con billetes, en el momento de la compra, creándose un círculo vicioso del cual saca la mejor parte el sector informal y no bancarizado de la economía.


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¿Cuáles podrían ser los puntos de mutuo beneficio? Sobre la mesa se han colocado varias propuestas interesantes. Si a la hora de asignar los combustibles, el Gobierno piensa en los distribuidores estatales de alimentos, ¿por qué no incluir también a sus colegas no estatales con un protagonismo análogo? En sentido inverso, los negocios privados representan un porcentaje de la energía consumida en Las Tunas; por ende, cualquier medida que ellos apliquen en función del uso racional será agradecida por todos.

Tampoco hoy existen plataformas digitales de rango territorial como no sean iniciativas individuales asentadas en servidores foráneos, en las cuales empresarios, cuentapropistas o emprendedores en general, confluyan para dar a conocer sus servicios o productos. Esta podría ser una senda prometedora en el más corto plazo a sabiendas de que los medios de comunicación públicos del Balcón de Oriente están abriéndose a prestar ese tipo de servicio con un sentido mucho más apegado a la realidad y poder adquisitivo de los potenciales usuarios y clientes. Mas, concretarlo requerirá de apoyo institucional explícito y a prueba del tiempo.

El transporte se antoja como otro aspecto de confluencia de intereses. Si empresas estatales y privadas se unen para asegurar la cadena de suministros, mucho podrían hacer las estructuras políticas y gubernamentales a escala de municipios y provincia para cortar de raíz la mala yerba del burocratismo y acelerar decisiones que pueden marcar la diferencia en el surtido de los mercados.

Se sabe que ni uno ni otro son entes homogéneos, por lo que las generalizaciones estereotipadas tampoco ayudarán mucho. Ni a todos los decisores les cabe el "sayo" de la incompetencia, ni a todos los emprendedores el de la eficiencia por antonomasia o la intrínseca malicia rallante en el delito.

Ambos están diciendo "vamos a hablar"; pero eso sí, se requiere de acciones consecuentes con las palabras. Honrar los compromisos contraídos, lo mismo tratándose de los apoyos prometidos cuando los recursos se cuentan al estilo de las balas en una guerra; como de una postura más realista desde el empresariado privado, una que implique más comprometimiento social y sensibilidad frente a los sectores vulnerables de la ciudadanía, desdeñando la caridad o la búsqueda de las ganancias bajo el principio de el fin justifica los medios.

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