Resalta como lo más significativo dentro del ordenamiento el control de los precios de los principales productos, bienes y servicios que demanda la población.
No obstante, es necesario fortalecer los mecanismos de supervisión en virtud de conseguir el cumplimiento cabal de las regulaciones para evitar que se anule el efecto positivo y surja la inflación como resultado de la subjetividad ante el aumento del salario.
En Puerto Padre, los esfuerzos deberán estar encaminados en primer lugar, a la puesta en práctica de acciones que contribuyan de manera eficaz a la protección del consumidor, desde la garantía de atención inmediata a la hora de emitir denuncias ante las violaciones de precios.
Asimismo, el aseguramiento de prácticas urgentes para garantizar el tratamiento a las inquietudes de la población toda vez que destaca como debilidad en el territorio, el cierre los domingos de la oficina habilitada para atender las quejas.
De igual manera, es preocupación el acaparamiento de productos como los refrescos enlatados y en pomos de diferentes medidas, así como los diferentes tipos de cerveza y maltas; hecho condicionado por la falta de un mercado mayorista para los trabajadores por cuenta propia.
Esta situación convierte a estas mercancías y otras en bienes de difícil acceso para la población que casi nunca, para no ser categóricos, puede adquirirlas a precios estatales por ser comercializadas en establecimientos particulares.
La máxima dirección del país emprende acciones para sostener en el tiempo el aumento salarial y elevar también la capacidad de compra en cada uno de los beneficiados.
Avanzar en la soberanía alimentaria y promover el desarrollo local, son ideales que solo serán posibles si hacemos cumplir correctamente las premisas para un mejor control.
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