El Congreso de Florida aprobó este jueves un proyecto de Ley para prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años de edad, una iniciativa controvertida en un momento en el que Estados Unidos se interroga sobre el impacto de los gigantes de Internet en la juventud.
La Cámara Baja aprobó el texto con 108 votos a favor y siete en contra, horas después de que el Senado le diera su visto bueno con una mayoría de 23-14.
Su entrada en vigor depende ahora de la firma del gobernador Ron DeSantis, que dijo por la mañana que el proyecto aún necesitaba modificaciones.
Si el proyecto se convierte en Ley, las redes sociales deberán impedir que los menores de 16 años creen cuentas en las plataformas y cerrar aquellas abiertas anteriormente, utilizando métodos para verificar la edad de los usuarios.
La mayoría de estas redes exigen una edad mínima de 13 años para abrir una cuenta, aunque no hacen mucho por garantizar que se cumpla esta disposición.
El proyecto va dirigido a aquellas plataformas que rastrean la actividad de sus usuarios, permiten subir contenidos y tienen un diseño con características adictivas.
Sus promotores denuncian los peligros de las redes para la salud mental de los jóvenes, así como su uso para actividades dañinas como el ciberacoso.
"Estamos hablando de negocios que usan funciones adictivas para manipular masivamente a nuestros niños y causarles daño", declaró este jueves una de las impulsoras de la Ley, la republicana Erin Grall.
Legisladores opuestos a esta iniciativa alegan que, aunque las redes sociales pueden ser peligrosas, son los padres y no las autoridades quienes deben supervisar el uso que hacen los menores.
"Los padres tienen derecho a opinar", declaró DeSantis en rueda de prensa este jueves.
El gobernador ha defendido en numerosas ocasiones que los padres debían tener un mayor control sobre las decisiones que afectan a sus hijos, por ejemplo en la enseñanza.
Durante su mandato, Florida ha aprobado leyes para restringir la enseñanza de asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
Algunos críticos aseguran que la Ley vulneraría la primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión.
El propio DeSantis alertó en enero que textos similares en otros estados habían quedado bloqueados en los tribunales.
