Las Tunas.- No hay nada mágico en la palabra “interrupto”. José Antonio Martínez bien lo sabe e imagino que igualmente otros muchos, más cuando se empieza a trabajar en un lugar desde muy joven y sientes que ahí te va la vida.

Sin embargo, no siempre las administraciones lo comprenden y ni las organizaciones sindicales se ocupan del asunto como debe ser. A veces, incluso, las reclamaciones ganadas ante un litigio apuntan hacia el desconocimiento de las leyes y los procederes que amparan al obrero.
La Covid-19 fue un remolino que trastrocó el equilibrio laboral de José Antonio y, si bien hoy integra junto a sus compañeros una brigada del Ministerio de la Construcción, todavía guarda el hipo que le apretó la garganta el año pasado cuando el SARS-CoV-2 sacudió por primera vez al país y la provincia. No había materia prima para ejecutar las obras y la casa fue el camino obligado, aunque esa vez el primer salario lo cobró completo y los restantes al 60 por ciento. Aún la Tarea Ordenamiento estaba en los planes del futuro mediato.
Para quien empieza a ganarse el sustento muy joven y ama lo que hace nunca es fácil, al despertar, concebir la idea de no coger la bicicleta y llegar a su unidad. Pero el coronavirus y el llamado a quedarse en el hogar, en esa larga cuarentena que empezó a lacerar mentes y almas, amortiguaban las ansiedades de recorrer sin inquietud los trillos cotidianos. Su verdadera pesadilla fue después. El 2021 abrió marcado por una complejidad en todo: recursos, contagios, escasez, la unificación monetaria con nuevos precios y las limitaciones de alimentos e insumos para, en su caso, poder mantenerse en su planta.
Estar interrupto, sin garantía salarial, daba demasiados martillazos en su cabeza. ¿Cómo asumir su responsabilidad familiar? ¿Qué hacer si la empresa no tenía medios para reubicarlos? Por suerte, ante los reclamos, llamaron al colectivo y se buscó una solución. José Antonio hoy respira más tranquilo y trata de equilibrar sus ingresos actuales a un mercado que no siempre le hace las cuentas bonitas. Empero, reconoce que está mejor pagado y se le acabó el amargo dolor de cabeza de los interruptos.
La edición digital del periódico Trabajadores publica, sobre todo desde que la Covid-19 obligó a adecuar las leyes laborales para no desamparar a la empleomanía nacional, artículos que esclarecen que las administraciones están obligadas a buscar una reubicación, junto al sindicato, a sus obreros y, ante lo imposible, jamás pueden dejarlos tirados a su suerte. De estos asuntos hablan los artículos 75, 76, 79 y 80 del Capítulo III del Código de Trabajo.
Conocer las leyes y dominar lo esencial de las mismas no es una enfermedad de “lujo” para el trabajador, es una necesidad. Actuar con sensibilidad y legalidad, profundizar en las individualidades y luchar por conservar el capital humano de cada centro, al margen de presiones o circunstancias, es un acto cívico y responsable de las direcciones administrativas. Al sindicato no hay que llamarlo, tiene que estar ahí.
En esa medida, habrá menos violaciones y más empleados con motivaciones para rendir talento e impulsar la economía. Los malos días de José Antonio tampoco tensarán las cuerdas domésticas y esa creatividad a la que llama nuestro Presidente, para elevar las satisfacciones del pueblo, serán éxitos de agenda y no anhelos por conquistar. Ser interrupto ahora cuesta y vale doble, si no más.