Lima.- Una propuesta presidencial de diálogo político con los buenos oficios de la comunidad internacional entra hoy al debate en Perú, como salida a la crisis política y el riesgo de un golpe de Estado que denuncia el Gobierno.
El planteamiento fue anunciado anoche por el presidente Pedro Castillo en un mensaje a la nación televisado, en el que denunció aprestos de una asonada de nuevo tipo que, según dijo, propician el Parlamento opositor y la fiscal de la nación.
Explicó que pidió que la Organización de Estados Americanos (OEA) active la Carta Democrática contra golpes de Estado, ante el intento de la oposición parlamentaria de destituirlo forzando mecanismos legales y con el aval de una denuncia por presunta corrupción de la Fiscalía al mandatario.
Señaló que esa solicitud apunta a “iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales, para encontrar, con los buenos oficios de la comunidad internacional, un camino que impida una grave alteración del orden democrático”.
El diálogo, cuya viabilidad enfrenta la determinación opositora de poner fin al gobierno, secundado por una campaña mediática denunciada por Castillo, busca además “un consenso básico para combatir drásticamente la corrupción, con separación e independencia de los poderes del Estado”.
Igualmente, “un acuerdo democrático y social para enfrentar juntos las demandas de las grandes mayorías nacionales”.
Castillo dedicó la mayor parte de su exposición de 12 minutos a afirmar que la desestabilización comenzó antes del inicio de su Gobierno y está a cargo de fuerzas políticas que sumieron el país en la corrupción en la década de los 90 del siglo pasado.
Se refirió así, sin nombrarlo, al bloque de derecha extrema integrado por tres partidos que reivindican al gobierno de mano dura de Alberto Fujimori -preso por crímenes de Estado y corrupción- y constituyen la oposición fuerte contra Castillo.
Denunció que la oposición congresal pretende modificar el artículo constitucional que acota las causas por las que un presidente en funciones puede ser acusado para destituirlo, objetivo que, dijo, buscan sus detractores incluso enjuiciando a sus familiares.
“El único propósito de destruirme porque no quieren que termine mi mandato, pero les digo que voy a terminar el periodo que el pueblo me otorgó y voy a entregar el poder al siguiente presidente el 28 de julio de 2026, no antes”, remarcó.
Condenó el uso por la Fiscalía de métodos de tortura psicológica a funcionarios de su Gobierno detenidos y pidió a los organismos de derechos humanos que intercedan por ellos.
