Las Tunas.- En medio del complejo escenario energético y económico que enfrenta el país, la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social insiste en la necesidad de mantener la mayor cantidad de trabajadores activos, respaldar sus salarios y evitar, hasta donde sea posible, la interrupción laboral.

Miguel González Velázquez, director de esta entidad en la provincia aseguró a 26 que la prioridad del Estado y el Gobierno es clara “que los trabajadores sigan contribuyendo, sigan trabajando para poder mantener los servicios básicos a la población. Y, al mismo tiempo, se mantiene la garantía de que ninguno va a quedar desprotegido”.

González Velázquez enfatizó que no se trata de nuevas medidas, sino de la correcta aplicación de lo que ya está legislado. “Ahora corresponde a los directivos de las distintas entidades aplicar las formas de organización del trabajo que están establecidas en la legislación vigente, por supuesto en correspondencia con las características de la actividad que se desarrolla”.

Entre las herramientas disponibles mencionó el trabajo a distancia, el teletrabajo, los ajustes de horarios y la reubicación laboral en actividades de interés social y económico, como la producción de alimentos y labores agrícolas.

“El trabajo a distancia y el teletrabajo, está establecido en una forma de organización del trabajo y una modalidad de empleo que no es solo para cuando hay contingencia. Está en la Resolución 71, el reglamento para la aplicación de esta modalidad.

“Esto es una modalidad permanente, lo que ocurre es que a veces no se le da el uso adecuado por las diferentes administraciones”.
Uno de los puntos que más dudas ha generado entre la población trabajadora es la decisión de desconectar la actividad administrativa los viernes.
“Lo que se ha indicado es que el viernes se desconecta la parte administrativa y se desconecta precisamente por la situación tan compleja. Entonces lo sugerido es hacer un cambio de labor para que se complete el día de trabajo”.
González Velázquez esclareció que en todas estas variantes buscan evitar llegar al escenario de la interrupción laboral, contemplada en el Decreto Ley 50.
En caso de no poder aplicar ninguna medida de reorganización, la norma establece protecciones, “Si la entidad tiene financiamiento, puede garantizarle una garantía salarial al trabajador durante un mes, durante dos meses, en dependencia de la situación”.
Sobre la cobertura de plazas vacantes, el director fue claro, “No se puede contratar nuevo personal para cubrir esas plazas si han estado vacantes durante largo tiempo. Si es una plaza que se pueda hacer a distancia, que es imprescindible y que toca cubrirla en este momento, se puede cubrir. En dependencia de la necesidad de la entidad, pero teniendo en cuenta todas estas medidas, pero haciéndolo de manera objetiva”.