Las Tunas.- Hay delitos que, a primera vista, pueden parecer no tan graves en su repercusión: un panel solar que desaparece, unos metros de cable que son cortados o una instalación pública violentada durante la noche. Sin embargo, cuando lo sustraído forma parte de un servicio destinado al bienestar colectivo, el daño trasciende el objeto robado y termina afectándonos a todos.

En “Amancio”, los hechos de esta naturaleza han sido un ejemplo vivo de eso. El robo de paneles en estaciones de bombeo donde se ha realizado el cambio de matriz energética no representa solamente la pérdida de un equipo. Puede comprometer el funcionamiento de instalaciones esenciales y afectar el acceso al agua de comunidades enteras.

La sustracción de cables de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa) genera consecuencias similares. Lo que para un delincuente puede representar apenas una fuente de ingreso, para cientos de personas puede traducirse en barrios incomunicados, dificultades para realizar llamadas y afectaciones a servicios cada vez más necesarios en la vida cotidiana.

También inquieta lo ocurrido en el parque solar fotovoltaico de Punta Brava, donde el robo de cables afecta una infraestructura concebida para contribuir a la generación de electricidad. Cada componente sustraído supone recursos que deben reponerse y esfuerzos adicionales para mantener funcionando una instalación de importancia para la localidad y el país.

Esta realidad se hace todavía más compleja en medio de las dificultades económicas que enfrenta Cuba, agravadas por el recrudecimiento del bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. Las restricciones para acceder a recursos, tecnologías, financiamiento y determinados insumos encarecen y dificultan la reposición de equipamientos y materiales. En ese contexto, destruir o sustraer recursos destinados a los servicios públicos significa añadir nuevas cargas a una situación ya de por sí difícil.

Pero las dificultades económicas no pueden convertirse en justificación para el delito. Todo lo contrario: deben convocarnos a proteger con mayor responsabilidad los recursos que tenemos y que pertenecen a todos.

Por eso, resulta imprescindible fortalecer la vigilancia y protección de las estaciones de bombeo, las instalaciones de Etecsa y el parque solar de Punta Brava; revisar sus sistemas de seguridad, iluminación y control de acceso, así como robustecer sus mecanismos de alerta que permitan actuar con más rapidez ante cualquier irregularidad.

También es necesaria mayor participación comunitaria. Los vecinos conocen sus barrios, identifican movimientos inusuales y pueden convertirse en aliados fundamentales en la prevención. Informar oportunamente a las autoridades ante situaciones sospechosas no es simplemente denunciar: es contribuir a proteger un patrimonio que pertenece a toda la sociedad.

Y está, por supuesto, la responsabilidad individual. No puede normalizarse que alguien corte un cable, sustraiga un panel o desmonte un componente de una instalación pública pensando únicamente en el beneficio personal y sin medir las consecuencias de sus actos.

Enfrentar estos hechos requiere respuesta institucional, prevención, vigilancia y participación ciudadana. Pero, sobre todo, exige comprender una verdad que no debemos perder de vista: lo público también es nuestro, y su cuidado tiene un impacto directo en el presente y el futuro del país.