En días recientes, cuatro expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentaron un informe que evidencia que el bloqueo marítimo parcial impuesto por Estados Unidos a Venezuela viola normas fundamentales del Derecho Internacional.

Un comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que la conclusión de los especialistas es que “no existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”.

La agrupación de naves militares del país norteño frente a las costas de Venezuela y su empleo para interceptar buques petroleros e impedir el comercio de los hidrocarburos venezolanos fue catalogada en dicho documento como “uso grave de la fuerza, expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974”.

Por lo tanto, según el comunicado, “se trata de un ataque armado en virtud del Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que en principio otorga al Estado víctima el derecho a la legítima defensa”.

El mismo dictamen también refiere que “los más altos dirigentes gubernamentales gozan de inmunidad frente a procesos penales extranjeros mientras permanezcan en funciones”.

A todas luces, esto constituye también una condena a las amenazas de la Administración estadounidense contra el legítimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a quien, cuando Estados Unidos intentaba ocultar mejor sus verdaderos intereses al posicionar parte de su armada en el mar Caribe, acusó de estar vinculado al narcotráfico e incluso, en un acto de total ruptura con las normas internacionales, puso precio a su cabeza.

En tal sentido, los expertos acotaron que “existen serias preocupaciones de que las sanciones sean ilegales, desproporcionadas y punitivas conforme al Derecho Internacional, y que hayan socavado gravemente los derechos humanos del pueblo venezolano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Otra arista que condena el comunicado es el asesinato en alta mar de más de 100 personas, que no representaban ninguna amenaza para las poderosas fuerzas que las ultimaron.

“Estos asesinatos constituyen violaciones del derecho a la vida y deben ser investigados, y los responsables llevados ante la justicia”, aseguraron los expertos, quienes además instaron al Congreso de Estados Unidos a intervenir para evitar nuevos ataques y levantar el bloqueo.

Y como un duro golpe al poco avezado en temas de diplomacia, el secretario de Estado Marco Rubio, los expertos insistieron en la urgencia de que los Estados adopten todas las medidas posibles para poner fin al bloqueo y las ejecuciones ilegales. El comunicado de la referida secretaría también propone protestas diplomáticas, resoluciones de la Asamblea General y contramedidas pacíficas, así como garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia.