Los demócratas del Senado y de la Cámara de Representantes han iniciado una investigación para determinar si los indultos y conmutaciones de penas otorgados por el presidente Trump estuvieron motivados por una dinámica de “pago por trato preferencial” (pay-to-play), según revelan cartas obtenidas por CBS News.

Entre los indultos que están siendo objeto de escrutinio por parte de los legisladores se encuentran los concedidos al multimillonario del sector de las criptomonedas Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de lavado de dinero; al operador de residencias de ancianos Joseph Schwartz, quien fue condenado por delitos fiscales; y al empresario Trevor Milton, sentenciado a cuatro años de prisión en 2023, tras ser declarado culpable de mentir a los inversores.

El jueves los congresistas de California, Dave Min y Raul Ruiz, así como el senador de Vermont, Peter Welch, enviaron cartas a más de una docena de beneficiarios de clemencia ejecutiva, con el objetivo de esclarecer de qué manera pudieron haber recibido un trato favorable por parte del Sr. Trump o de sus asesores “a través de intermediarios, contribuciones financieras u otras formas de influencia”.

Los demócratas también están examinando el impacto que los indultos y conmutaciones han tenido sobre miles de víctimas de delitos financieros. Las cartas señalan que los actos de clemencia del Sr. Trump están “privando a las víctimas de compensación y justicia”, citando la decisión del presidente de eliminar cientos de millones de dólares en concepto de restitución —dinero adeudado a las víctimas de delitos— y en multas.

La clemencia ejecutiva ha sido objeto de intenso escrutinio durante el segundo mandato del Sr. Trump, debido a los indultos o conmutaciones de penas concedidos a varios aliados, que enfrentaban procesos judiciales, así como a aquellas personas que contrataron a individuos cercanos al presidente. En las cartas los demócratas argumentan que el presidente parece haber recompensado a sus aliados, de una manera que se aparta de la descripción que la Corte Suprema ha hecho de la clemencia ejecutiva, definiéndola como “un acto de gracia” ejercido en aras del “bienestar público”.

Los legisladores han solicitado la entrega de cualquier contrato, que detalle las sumas de dinero abonadas por los beneficiarios de la clemencia a abogados, cabilderos (lobistas), personas influyentes en las redes sociales y otros individuos que intercedieron en su favor ante el Sr. Trump.

Asimismo, han solicitado las comunicaciones mantenidas entre los beneficiarios —o las personas que actuaron en su nombre— y los funcionarios federales; registros que documenten cualquier donación realizada al Sr. Trump o a grupos afiliados a él, y otros documentos relacionados con las gestiones para obtener la clemencia.

“Si no responden, corren el riesgo de ponerse en el punto de mira: de convertirse en objeto de futuras investigaciones del Congreso y de colocarse una diana aún mayor en la espalda, de cara a posibles procesos penales adicionales”, declaró Min a CBS News, añadiendo que la idea de que las personas puedan "eludir el sistema judicial" tras haber sido condenadas “toca la fibra de lo que falla en Estados Unidos en este momento, bajo esta administración”.

Dado que los demócratas se encuentran en minoría, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, carecen de la facultad de emitir citaciones judiciales y solo pueden solicitar la cooperación de los beneficiarios de los indultos. Sin embargo, este inusual canal para la concesión de clemencia será, con toda probabilidad, un área prioritaria de supervisión para los demócratas, en caso de que recuperen las mayorías en cualquiera de las dos cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de este año. Ello les otorgaría la autoridad para exigir la entrega de documentos relacionados con la clemencia y otras áreas de fiscalización.

Quizás el acto de clemencia de mayor repercusión que los legisladores están investigando sea el indulto concedido el año pasado por Trump a Zhao, fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance. Los registros federales revelan que la campaña a favor de dicha clemencia fue liderada por Ches McDowell, abogado y lobista amigo de Donald Trump Jr., así como por Teresa Goody Guillén, abogada que ha representado a Zach Witkoff, hijo del enviado del Sr. Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff.

En una carta dirigida a Zhao, los demócratas citaron informaciones periodísticas, que detallaban cómo Binance se asoció con World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas fundada por las familias Trump y Witkoff. “Las informaciones públicas indican, asimismo, que usted y Binance desempeñaron un papel importante en la intermediación de una inversión masiva en el negocio de criptomonedas de la familia Trump, impulsando la valoración de la 'Trump Stablecoin' hasta los 2,100 millones de dólares”, rezaba la carta.

La Casa Blanca negó cualquier irregularidad en el indulto a Zhao, así como en otros casos similares. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, afirmó que cualquiera que “gaste dinero en hacer lobby para conseguir indultos está desperdiciando su dinero de forma insensata” y aseguró que la administración cuenta con un “sólido proceso de revisión de indultos”. Por su parte, Goody Guillén también ha declarado que no hubo ningún quid pro quo.

“El abuso del indulto presidencial por parte del presidente Trump ha permitido que criminales queden en libertad y ha privado a las víctimas de cientos de millones de dólares en concepto de restitución, con escasa o nula explicación”, afirmó Welch, miembro del Comité Judicial del Senado, organismo que supervisa los asuntos de clemencia en el Departamento de Justicia. Tradicionalmente, el Departamento de Justicia (DOJ) gestiona los indultos y las conmutaciones; sin embargo, su exabogada encargada de los indultos, Liz Oyer, declaró anteriormente a CBS News que la administración Trump "parece estar actuando al margen" de la agencia, en lugar de colaborar con ella, “para examinar y revisar las solicitudes de indulto”.

“Esto supuso una desviación de una práctica establecida desde hace más de 100 años”, señaló Oyer, alegando que el proceso de clemencia se ha llevado a cabo en la Casa Blanca “sin la intervención de la Oficina del Abogado de Indultos”.

Las cartas dirigidas a los beneficiarios de la clemencia solicitaban una respuesta antes del 22 de mayo.

Schwartz, quien se declaró culpable de cargos derivados de un esquema de fraude fiscal en nóminas por valor de 38 millones de dólares —que involucraba a residencias de ancianos de su propiedad—, había cumplido apenas tres meses de su condena de tres años de prisión en las afueras de la ciudad de Nueva York, cuando el Sr. Trump le concedió el indulto. Según informó The New York Times, este hecho se produjo tras los pagos realizados por Schwartz a operadores políticos de derecha y a abogados cercanos al presidente, así como a Alice Marie Johnson, la “zarina de los indultos” del Sr. Trump.

Los legisladores también están investigando la clemencia otorgada al exejecutivo del sector Salud, Lawrence Duran, quien fue condenado por fraude al programa Medicare y recibió una conmutación de pena por parte del Sr. Trump, que le eximió del pago de 87 millones de dólares en concepto de restitución. Asimismo, enviaron un cuestionario a Milton, fundador de la empresa automotriz Nikola, que posteriormente se declaró en bancarrota.

En marzo de 2025 el Sr. Trump indultó a Milton, librándolo así de la obligación de restituir aproximadamente 680 millones de dólares a los accionistas. Esta medida se adoptó después de que Milton y su esposa donaran al menos tres millones de dólares a la campaña del Sr. Trump, para las elecciones de 2024, y a otros grupos políticos de su órbita.

A principios de este año un funcionario de la Casa Blanca declaró que las donaciones de Milton “no influyeron en absoluto” en la concesión de su indulto.

Entre las personas que también están bajo el escrutinio del Congreso se encuentra el exejecutivo de capital privado, David Gentile, quien fue condenado por orquestar un esquema Ponzi de 1,600 millones de dólares y vio condonada su obligación de restituir 15,5 millones de dólares, cuando el Sr. Trump conmutó su sentencia. El pasado mes de diciembre, los demócratas del Senado expresaron su inquietud respecto de dicha conmutación, argumentando que esta “representa una traición a más de 17 mil estadounidenses inocentes —provenientes de todos los sectores del espectro político— que perdieron más de mil millones de dólares de sus ahorros de toda la vida a consecuencia de sus crímenes”.

También recibieron cartas Paul Walczak —un evasor fiscal indultado, cuya madre recaudó millones de dólares para el Sr. Trump— y el promotor inmobiliario Timothy Leiweke, quien fue indultado tras contratar al abogado y aliado de Trump, Trey Gowdy, a raíz de una condena por presunta manipulación de licitaciones contractuales. Tras la concesión de dicho indulto, altos funcionarios del Departamento de Justicia “se sintieron completamente maniatados por el presidente”, según relató a The Free Press un exfuncionario de la administración Trump. “Lo que me indigna aún más es la privación de la restitución: el dinero que se suponía debían devolver a las víctimas de sus fraudes”, declaró a CBS News Dave Min, miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

“Ahora las víctimas sufren un doble golpe, porque no solo las personas que las defraudaron no están cumpliendo su condena —no están saldando su deuda con la sociedad—, sino que, literalmente, no están pagando sus deudas a las personas a las que defraudaron”, añadió el congresista.