
Muchos de los países que continuaron vendiendo armas y dando apoyo logístico a Israel son firmantes y ratificaron la Convención sobre el Genocidio.
Una investigación de la cadena Al-Jazeera publicada este 23 de mayo reveló que productos de grado militar procedentes de al menos 51 países y territorios autónomos siguieron ingresando a Israel luego de que la Corte Internacional de Justicia emitiera una sentencia provisional por el genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.
El informe detalla que decenas de las naciones que mantuvieron el suministro logístico y de armamento a Tel Aviv son firmantes y ratificaron la Convención sobre el Genocidio presentada por la Organización de las Naciones Unidas.
El máximo tribunal de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ordenó a Israel en enero del 2024 adoptar todas las medidas necesarias para prevenir actos genocidas en Gaza, momento en el cual los bombardeos de las fuerzas israelíes ya acumulaban más de 26 mil palestinos asesinados, en su mayoría mujeres y niños.
La investigación periodística constató que la asistencia militar internacional continuó llegando al Ejército de Tel Aviv, según revelan el análisis de datos de importación de la Autoridad Tributaria Israelí (ITA), registros aduaneros y solicitudes de libertad de información.
Los cargamentos provinieron de naciones de Europa, Asia, América del Norte y Sudamérica, incluyendo casos de Estados que declararon públicamente bloqueos o suspensiones parciales de venta de armas hacia territorio israelí.
Los datos oficiales de la ITA muestran que las importaciones israelíes de armamento se incrementaron tras la resolución dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), registrando un alza particular en el rubro de las municiones. Los cinco principales proveedores de equipamiento militar a Tel Aviv (Estados Unidos, India, Rumanía, Taiwán y la República Checa) elevaron el volumen de sus envíos con posterioridad a la sentencia judicial de enero del 2024.
Entre octubre del 2023 y octubre del 2025 se contabilizó el ingreso a Israel de dos mil 603 envíos de bienes vinculados al ámbito militar por un valor total de 885 millones de dólares. De esa cifra global, 805 millones de dólares corresponden a transacciones ejecutadas después de la orden emitida por el tribunal de la ONU. Los cargamentos incluyeron munición, explosivos, piezas de armas y componentes específicos para vehículos blindados.
El profesor de Derecho Internacional en la London School of Economics Stephen Humphreys expuso la existencia de abundantes pruebas que sitúan a los países proveedores de armas en una posición de presunta complicidad en crímenes internacionales, abarcando crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Gerhard Kemp, profesor de Derecho Penal en la Universidad del Oeste de Inglaterra, señaló que el cese del fuego alcanzado en octubre del 2025 no modificó este escenario legal, debido a que Israel mantiene el asesinato de civiles palestinos en Gaza y la imposición de condiciones de vida diseñadas para destruir al grupo total o parcialmente.
La ofensiva militar israelí acumula un saldo de más de 72 mil muertos en Gaza, a lo que se suman decenas de miles de víctimas que permanecen sepultadas bajo los escombros de las estructuras bombardeadas y más de 165 mil heridos.
Kemp puntualizó que los Estados conservan la obligación jurídica de interrumpir el respaldo a la guerra de Israel, y criticó que algunos gobiernos demuestren una comprensión limitada del deber de prevenir el genocidio al esperar un dictamen definitivo de la CIJ que podría tardar varios años en formularse.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado publicó en septiembre del 2025 un informe que concluye de manera directa que Israel cometió un genocidio contra la población palestina en Gaza.
El documento del organismo multilateral ratifica que los Estados de la comunidad internacional están obligados a implementar medidas para impedir conductas constitutivas de genocidio, prohibiendo expresamente la transferencia de armas que sean utilizadas o presenten probabilidades de ser empleadas por Israel en el enclave palestino.

