El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción durante sesenta días en ocho provincias y tres municipios del país y oficializó un toque de queda nocturno que regirá hasta el 30 de septiembre en cuatro provincias costeras.

Tras echar en el cesto de la impunidad acusaciones concretas por narcotráfico de su hipermillonaria familia y quitarle los últimos vestigios a la oposición correista de participar en un próximo proceso electoral, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción durante sesenta días en ocho provincias y tres municipios del país y oficializó un toque de queda nocturno que regirá hasta el 30 de septiembre en cuatro provincias costeras.

El estado de excepción abarca las provincias de El Oro, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Pichincha, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas. También comprende los municipios Camilo Ponce Enríquez, en la provincia andina de Azuay; Las Naves, en Bolívar y La Maná, en Cotopaxi.

Noboa fundamentó la medida en la existencia de una "grave conmoción interna" ocasionada por la actividad de las estructuras de crimen organizado, de manera que se suspende la inviolabilidad de domicilio y se permitirá a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas realizar allanamientos inmediatos cuando existan indicios de delito.

En el decreto se recoge que la decisión también se sustenta en informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que han concluido que los grupos criminales ubicados en esas zonas "diversifican sus fuentes de financiamiento" con distintas economías ilícitas, lo que les permite "mantener una alta capacidad de adaptación" a las acciones policiales ordinarias contra ellos.
Además, el escrito oficializa el toque de queda nocturno que ya adelantó el ministro del Interior, John Reemerge, la pasada semana, cuando explicó que se aplicaría en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas y Los Ríos.

CONSTATACIÓN

En los últimos días, fotos y videos de convoyes militares y policiales para el control del orden público, con el uso de armas de fuego y gases lacrimógenos en zonas habitadas han inundado los medios de comunicación y redes sociales, evidencias de una respuesta desproporcionada y violenta por Noboa a las movilizaciones sociales que ocurren en distintas partes del país.

Los datos documentados por organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana hasta el momento son alarmantes: más de 282 personas heridas, 172 personas detenidas, 15 desaparecidas temporalmente y al menos tres personas fallecidas: el líder indígena kichwa de 46 años, Efraín Fuerez, José Alberto Guamán Izam de 30 años, de la comunidad de Cachibiro, agricultor y padre de 2 hijos, y Rosa Elena Paqui, mujer indígena saraguro de 61 años, causada por un paro cardiorrespiratorio debido a la inhalación de gases lacrimógenos.

La represión ha alcanzado también a la prensa, con periodistas agredidos, retenidos y deportados, algunos con sus dispositivos de trabajo destruidos. Las operaciones militares siguen en varias provincias del país, razón por la cual los números de víctimas no paran de aumentar.

También se han registrado allanamientos sin orden judicial, cortes de internet y telefonía en las provincias movilizadas y deportaciones sumarias.

A este grave escenario de violencia en las calles, se suman preocupantes noticias de criminalización a organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Hay denuncias públicas de persecución judicial bajo supuestos cargos de enriquecimiento ilícito, paralización de servicios públicos, terrorismo, sabotaje y bloqueo de cuentas bancarias de organizaciones indígenas y de derechos humanos.

Las declaraciones públicas de autoridades del gobierno nacional como ministros y el propio presidente Daniel Noboa, además de estigmatizar de manera racista a los pueblos indígenas acusando a centenares de personas de estar involucradas con grupos armados o cometer hechos terroristas, ignoran los distintos llamados de la comunidad internacional de que el gobierno implemente medidas de diálogo e intermediación, a fin de poner fin a las conflictividades sociales considerando a las demandas de la población y de forma respetuosa a los derechos humanos, cumpliendo con principios de la convivencia democrática propios de un Estado de derecho.

SIN RECONOCER VOLUNTAD POPULAR

Ecuador vive desde el 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas", desconociendo la voluntad popular expresada en referendo para evitar acciones de este tipo y la llegada de tropas norteamericanas que están colaborando en la represión, que alcanza a personas ajenas al conflicto.
Pese a esto, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9 300, de acuerdo con cifras del Ministerio del Interior.

Hace una semana, siete organizaciones internacionales denuncian el avance de la represión, la militarización y el avance del extractivismo en Ecuador, así como un "deterioro acelerado" de las condiciones para defender los derechos humanos y de la naturaleza.
"Lo que observamos nos alertó profundamente. Esto requiere atención inmediata. Los hallazgos no son casos aislados, son tendencias preocupantes", detalló Natalia Yaya, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos.

"El enfoque de seguridad militarista actual, lejos de resolver los problemas del país, está generando nuevas violaciones de derechos humanos. Si no se toman medidas urgentes, Ecuador podría encaminarse a una situación en la que las libertades fundamentales y el estado de derecho se vean profundamente comprometidas", continuó la activista. Por su parte, la secretaria general de la misma organización, Soraya Gutiérrez, criticó el uso de los estados de excepción como política habitual. "Las medidas excepcionales no pueden convertirse en la nueva normalidad"

El documento también identificó patrones de represión y criminalización durante las protestas indígenas de 2025, en el marco de un "paro nacional" convocado por el movimiento indígena para rechazar la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Daniel Noboa. Durante las protestas fallecieron tres personas y se registraron más de 400 heridos. Esto evidencia, según el informe, una "falta de Estado" ya que este "incumple los estándares en torno al uso de la fuerza en contextos de protesta".

En cuanto al extractivismo, el informe concluyó que la expansión de estas actividades ha debilitado las garantías de participación y el derecho de las comunidades a decidir de manera libre e informada sobre sus territorios, además de afectar sus formas de vida.

"Ecuador reconoce los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, pero son derechos tensionados", detalló durante la rueda de prensa Carla Moscoso, de Coalición para la Solidaridad Internacional.

OIDOS SORDOS

Pero a Noboa, cumpliendo estrictamente su papel en el escudo reaccionario latinoamericano al servicio de Estados Unidos, mantiene el enfoque militarizado de la seguridad pública y la criminalización de manifestantes, al tiempo que se burla de la independencia judicial y las comunidades afectadas por proyectos extractivos.

Y es que hay un retroceso en el Estado de Derecho. Desde marzo del 2024, Noboa ha adoptado de manera recurrente estados de excepción, declaratorias de conflicto armado interno y la ampliación del papel de las Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana, normalizando medidas excepcionales que no han reducido la inseguridad en el país. Al contrario, las cifras de muertes violentas alcanzan récords históricos y en zonas militarizadas se reportan graves violaciones de derechos humanos, con impactos desproporcionados en pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas.

En fin, Ecuador está ante una encrucijada: o fortalece el Estado de derecho o profundiza la crisis. Las medidas excepcionales no pueden convertirse en la nueva normalidad y los conflictos socio ambientales no pueden resolverse con la militarización de los territorios. Una política de seguridad en el país debe incluir las causas multidimensionales de la violencia y debe estar sujeta al Derecho Internacional.

Hay ataques a la Corte Constitucional, cuestionamientos a la independencia judicial, retrasos en la administración de justicia y el cumplimiento de sentencias, así como una respuesta insuficiente de la Defensoría del Pueblo frente a la criminalización y el bloqueo de cuentas de defensores. O sea, sin poderes autónomos, el Estado de derecho se desvanece y la justicia se convierte en un espejismo.

Desde el 2025, hay cada vez más patrones de represión violenta contra protestas pacíficas lideradas por movimientos indígenas, incluyendo criminalización, estigmatización y uso persecutorio de medidas administrativas, financieras y jurídicas contra personas defensoras de derechos humanos y organizaciones de sociedad civil.

En fin, un preocupante y acelerado deterioro del espacio cívico. La violenta represión, sumado al aumento de amenazas y agresiones contra periodistas, así como las sanciones administrativas y financieras contras organizaciones de la sociedad civil, dejan un escenario cada vez más hostil para el ejercicio de las libertades cívicas.