Las Tunas.- Con la mira puesta en la implementación de las prioridades nacionales sesionó el Consejo de Gobierno Provincial. Presidido por las máximas autoridades gubernamentales de la provincia y con la participación de Yadira Romero Peña, miembro del Buró del Partido Provincial, el encuentro sirvió como espacio de rendición de cuentas y reajuste de estrategias en áreas sensibles para el desarrollo territorial.

Sobre el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI), se explicó lo referente a la atención a las embarazadas que requieren ingreso hospitalario, con una mirada particular hacia el grupo de adolescentes, un sector que históricamente ha presentado cifras preocupantes en la provincia.

Según datos de Salud Pública, Las Tunas ha sido identificada como una de las provincias con mayores índices de embarazo en la adolescencia, un fenómeno que impacta directamente en la salud de los neonatos, incrementando los casos de bajo peso al nacer y partos pretérminos.

En respuesta a esta realidad, Oleidis Saucedo Licea, coordinadora de Programas y Objetivos de esta instancia en el territorio, insistió a los presentes en la necesidad de revisar los sistemas de trabajo establecidos para garantizar una mayor eficacia en las políticas sociales, exigiendo mejoras en las condiciones de los hogares maternos y el aseguramiento de la alimentación para las gestantes.

Fuentes del sector de la Salud en el territorio han señalado que, aunque se trabaja en la implementación de estándares internacionales de calidad en los servicios asistenciales para adolescentes, aún persisten desafíos en la coordinación multisectorial y la responsabilidad familiar para la prevención de estos embarazos no planificados.

Uno de los momentos de debate giró entorno a la preparación de los presidentes de las zonas de Defensa, un componente clave en la estrategia de defensa territorial. Se evaluó la capacidad de respuesta institucional y la atención oportuna a los planteamientos de la población, destacando la participación ciudadana como un pilar de la responsabilidad institucional.

La vicegobernadora Juana Yamilka Viñals Suárez, señaló todo lo referente a la iniciativa popular Mi Barrio por la Patria, que busca impulsar la construcción de barrios participativos, seguros y productivos, con el objetivo de fortalecer la vida comunitaria y la unidad revolucionaria.

"Si bien en todos los municipios se trabaja por materializarlo, aún resulta insuficiente la labor y los resultados alcanzados en los territorios. Es necesario lograr una mayor participación popular en los planteamientos de la población, aprovechando los recursos que están al alcance de cada comunidad.

"Para ello, resulta imprescindible potenciar la convocatoria de líderes comunitarios, estudiantes, jóvenes y jubilados, así como actualizar los diagnósticos de las circunscripciones, una tarea que se considera prioritaria", señaló Viñals Suárez.

Asimismo, se debatió sobre la importancia de mejorar el funcionamiento de los grupos de atención social, potenciar la divulgación en las redes sociales e incorporar el conocimiento de la historia, los valores y la educación cívica en las nuevas generaciones.

La integralidad del movimiento exige, además, la integración de todos los factores implicados en las demarcaciones y los barrios, como vía para garantizar que esta iniciativa trascienda el discurso y se convierta en una realidad transformadora en cada comunidad.

En paralelo, y dada la coyuntura climática, se analizaron las indicaciones de la Defensa Civil para la preparación ante la temporada ciclónica 2026. Se reafirmó la importancia de la prevención y la organización social como elementos fundamentales para mitigar los efectos de fenómenos naturales, garantizando la protección de la población y los recursos económicos.

La atención a los planteamientos de los electores, así como los resultados alcanzados en los programas de Educación y Cultura, reconocidos como pilares esenciales en la formación integral del pueblo están entre los temas analizados, los mismos reflejan la necesidad de la unidad de acción entre las instituciones y la ciudadanía, asegurando que las políticas sociales se traduzcan en beneficios concretos para la población.