
Las Tunas.- En medio del complejo escenario energético y económico que enfrenta el país, la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social insiste en la necesidad de mantener la mayor cantidad de trabajadores activos, respaldar sus salarios y evitar, hasta donde sea posible, la interrupción laboral.
Miguel González Velázquez, director de esa entidad en la provincia, aseguró a 26 que la prioridad del Estado y el Gobierno está clara: “Que los trabajadores sigan contribuyendo, sigan trabajando para poder mantener los servicios básicos a la población. Y, al mismo tiempo, se mantiene la garantía de que ninguno va a quedar desprotegido”.
González Velázquez enfatizó que no se trata de nuevas medidas, sino de la correcta aplicación de lo que ya está legislado. “Ahora corresponde a los directivos de las distintas entidades aplicar las formas de organización del trabajo que están establecidas en la legislación vigente; por supuesto, en correspondencia con las características de la actividad que se desarrolla”.
Entre las herramientas disponibles mencionó el trabajo a distancia, el teletrabajo, los ajustes de horarios y la reubicación laboral en actividades de interés social y económico, como la producción de alimentos y labores agrícolas.
“El trabajo a distancia y el teletrabajo están establecidos en una forma de organización del trabajo y una modalidad de empleo que no es solo para cuando hay contingencia. La Resolución 71 contiene el reglamento para su aplicación.
”Esta es una variante permanente. Lo que ocurre es que a veces no se le da el uso adecuado por las diferentes administraciones”, agregó.
Uno de los puntos que más dudas ha generado es la decisión de desconectar la actividad administrativa los viernes. “Lo que se ha indicado es que ese día se desconecte la parte administrativa por la situación tan compleja. Entonces, lo sugerido es hacer un cambio de labor para que se complete la jornada de trabajo”.
González Velázquez esclareció que todas estas variantes buscan evitar que se llegue al escenario de la interrupción laboral, contemplada en el Decreto Ley 50. En caso de que no se pueda aplicar ninguna medida de reorganización, la norma establece protecciones. “Si la entidad tiene financiamiento, puede asegurarle una garantía salarial al trabajador durante un mes, dos meses... en dependencia de la situación”.
Sobre la cobertura de plazas vacantes, el director fue claro: “No se puede contratar nuevo personal para cubrir esas plazas si han estado disponibles durante largo tiempo. Si es una plaza que se pueda hacer a distancia, que es imprescindible y que toca cubrirla en este momento, se puede cubrir, en dependencia de la necesidad de la entidad, pero teniendo en cuenta todas estas medidas, y haciéndolo de manera objetiva”.

