Con el 72% del escrutinio oficial en el balotaje peruano, Keiko Fujimori aparece con cinco puntos por delante al recibir el 52,5% de los votos válidos frente al 47,4% de Roberto Sánchez, lo que se traduce en 7 352 035 votos para la derechista y 6 650 782 para el izquierdista.
En Perú, el sistema de escrutinio comienza a procesar primero los votos de la capital Lima y de otras ciudades, donde Fujimori es la candidata más votada, mientras que lo último en contarse son los votos de las zonas rurales, donde Sánchez concentra la mayoría de sus apoyos.
Esto hace que previsiblemente la brecha entre ambos candidatos vaya disminuyendo a medida que avance el escrutinio de una jornada que transcurrió con normalidad y sin incidentes de importancia.
A las urnas estaban convocados más de 27,3 millones de peruanos para elegir a la opción que gobernará el país en los siguientes cinco años, tras una década de inestabilidad política donde ha habido ocho presidentes.
REPETICIÓN
Perú volverá a repetir el guión de las dos últimas elecciones al entrar en un escrutinio voto a voto para conocer a su próximo presidente, una espera que puede prolongarse durante días y semanas después de que las proyecciones arrojen un empate técnico que da una mínima ventaja al izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori.
La muestra elaborada por la empresa Ipsos para la Asociación Civil Transparencia otorgó un 50,3% a Sánchez, contra un 49,7% a Fujimori, mientras que otra proyección con actas oficiales de la empresa privada Datum Internacional señaló que Sánchez recibió un 50,14% y Fujimori un 49,86%.
Los resultados de estas proyecciones, que tienen un margen de error del 1,9% y 1%, respectivamente, confirman que la elección entre Fujimori y Sánchez se resolverá de manera muy ajustada, a similitud de las dos anteriores elecciones.
Al conocer estos resultados, Sánchez salió a un balcón de la emblemática Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima, para asegurar ante sus seguidores que “este es el día de la recuperación de la democracia” y consideró que es “el momento de la defensa del voto”, por lo que pidió a sus delegados “exigir el respeto al resultado electoral y la voluntad del pueblo”.
El candidato dio su mensaje sin desprenderse del sombrero del encarcelado expresidente Castillo, al que representa en estos comicios y que ha prometido liberar de su condena por el fallido golpe de Estado de 2022, pues lo reivindica al considerar que las élites políticas y económicas, con Fujimori a la cabeza, le impidieron gobernar.
"Nadie puede decir ’ya gané’", afirma Roberto Sánchez esperanzado por el empate en sondeos en Perú.
A su turno, Fujimori ofreció un breve pronunciamiento ante la prensa para mostrar cautela y aceptar el “empate técnico” mostrado por las proyecciones, a la vez que anticipó que aceptará los resultados electorales, al contrario del 2021, cuando denunció sin pruebas sólidas un supuesto fraude en su contra y buscó con distintos recursos revertir los resultados.
“Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda, por tal razón, serán días largos hasta conocerlo”, dijo la líder del partido fujimorista Fuerza Popular.
Además, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado reivindicó por completo en esta campaña electoral, reiteró que el trabajo de los delegados de su formación, que según sus palabras llegan a 95 000 personas, es “doblemente importante” pues deben contar una a una las actas para respetar la “voluntad popular”.
PROGRAMAS
La comparación entre ambas candidaturas expone dos visiones opuestas sobre el rol del Estado, el mercado y la forma de conducción del poder público.
Mientras la candidata fujimorista apuesta por fortalecer el actual modelo económico y priorizar el orden público, el exministro plantea una reforma estructural del Estado, con una mayor participación estatal en la economía y una nueva Constitución.
La comparación cobra especial relevancia porque los planes de gobierno inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) constituyen el documento oficial mediante el cual los ciudadanos pueden conocer las propuestas de cada organización política.
Sin embargo, en la recta final de la campaña, Roberto Sánchez presentó públicamente un nuevo plan de gobierno elaborado junto a agrupaciones políticas aliadas. Este documento incorpora cambios respecto al programa inscrito ante el JNE, pese a que la normativa electoral establece que los planes de gobierno no pueden ser modificados una vez concluida la etapa de inscripción.
La inseguridad es el principal eje de la propuesta de Keiko Fujimori. Su plan “Perú con Orden” plantea la creación de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) en las 24 regiones, el despliegue de 1 000 patrulleros inteligentes y 10 000 cámaras de seguridad, además de la construcción de cuatro megapenales bajo administración temporal de las Fuerzas Armadas.
La candidata también propone ampliar las Unidades de Flagrancia Express, bloquear completamente las señales de telefonía móvil en las cárceles y reforzar el trabajo de inteligencia policial. Durante el debate presidencial añadió medidas como el denominado “Plan de Pacificación Nacional”, el control militar de las fronteras y el trabajo obligatorio para los internos penitenciarios.
Roberto Sánchez, en cambio, centra su diagnóstico en el debilitamiento institucional. Su plan sostiene que la Policía Nacional (PNP) ha sido afectada por redes de corrupción y propone una depuración inmediata de los altos mandos, democratizar los ascensos y crear una Unidad Especial de Inteligencia Financiera y Ciberdelito para combatir extorsiones y lavado de activos.
Asimismo, plantea fortalecer las juntas vecinales y los comités comunales como parte del sistema de seguridad ciudadana y derogar un conjunto de normas aprobadas entre el 2023 y el 2025 que, según su organización política, favorecen la impunidad del crimen organizado.
Fuerza Popular reafirma la economía social de mercado, la independencia del Banco Central de Reserva (BCR) y el respeto a los contratos ley y la seguridad jurídica. Su objetivo es reducir el déficit fiscal al 1% del PBI hacia el 2031 y atraer entre 5 000 y 7 000 millones de dólares adicionales de inversión privada cada año.
En el plano productivo, Fujimori propone tributación cero para las micro y pequeñas empresas durante sus primeros tres años de formalización, acceso a créditos blandos y programas de apoyo a la agricultura, incluyendo la compra estatal de sobreproducción.
Juntos por el Perú plantea un giro más profundo. Su plan inscrito ante el JNE propone convocar una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución de 1993 y revisar los artículos vinculados al papel del Estado en la economía, los contratos ley y la explotación de los recursos naturales.
Además, busca fortalecer la participación estatal en sectores estratégicos, revisar los Tratados de Libre Comercio que considere lesivos para la soberanía nacional e impulsar la integración del Perú al bloque BRICS.
En materia laboral, Sánchez propone elevar la Remuneración Mínima Vital a S/1 500 y modificar los criterios para su actualización, priorizando las necesidades de las familias por encima de la productividad.
En salud, ambos candidatos coinciden en que el sistema requiere una reforma profunda, aunque difieren en el camino para lograrlo.
El plan de Keiko Fujimori apuesta por la modernización tecnológica. Propone implementar una red nacional de telemedicina, integrar progresivamente las historias clínicas electrónicas entre el Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía, así como crear un Fondo Financiero Intangible de Suministros Estratégicos Médicos para garantizar el abastecimiento de medicamentos.
Roberto Sánchez considera que el problema central es el bajo nivel de inversión pública. Su propuesta es incrementar el presupuesto para salud hasta alcanzar el 8% del PBI, desarrollar Redes Integradas de Salud en todo el país y centralizar las compras de medicamentos e insumos para reducir sobrecostos.
Durante el debate presidencial, además, anunció brigadas de atención primaria y la implementación de un psicólogo por colegio, financiado con impuestos aplicados a las apuestas deportivas.
En educación, Fuerza Popular propone reducir la brecha de infraestructura mediante la construcción de 3 000 colegios y la conectividad total de las escuelas rurales a través de fibra óptica o internet satelital.
Su programa contempla también la entrega de millones de dispositivos electrónicos para estudiantes, la ampliación de PRONABEC, créditos educativos con garantía estatal y convenios internacionales para fortalecer las universidades públicas.
En el debate, Fujimori complementó estas propuestas con la repotenciación de 5 000 colegios, la entrega de kits escolares producidos por microempresas y el fortalecimiento de programas alimentarios para estudiantes.
Por su parte, Juntos por el Perú plantea aumentar el presupuesto educativo hasta el 6% del PBI, elevar en 50% la matrícula en universidades públicas, erradicar el analfabetismo y nombrar al 90% de los docentes.
Asimismo, propone que la mitad de las becas estatales se destinen a institutos y universidades públicas, crear la Beca Segunda Oportunidad para jóvenes de 22 a 29 años e implementar un Instituto Nacional por la Empleabilidad.
