Las Tunas.- El niño jugaba en el portal con un trompo de madera gastada. Lo hacía girar con torpeza, como si todavía estuviera aprendiendo a dominar el mundo. Su madre lo observaba desde la cocina, pendiente del hervor y de los ruidos de la calle.
A unas cuadras de allí, una adolescente revisaba su teléfono buscando respuestas que no siempre aparecen en la pantalla, mientras un joven discutía en una esquina sobre trabajo, futuro y oportunidades.
Ninguno de ellos sabía que, ese mismo día, el país estaba escribiendo una nueva página legal pensada, precisamente, para sus vidas.
No fue un día cualquiera. El 28 de enero, fecha que Cuba reserva para volver a Martí, coincidió con la entrada en vigor del Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes. Un gesto cargado de simbolismo: legislar sobre quienes encarnan la esperanza nacional en el aniversario del hombre que hizo de la infancia una causa ética y política. Martí no habló de niños como promesa lejana, sino como presente urgente. Desde ahí conviene leer este nuevo cuerpo legal.
La publicación del Código en la Gaceta Oficial cierra un largo proceso de consultas, asesorías y debates, según explicó la ministra de Educación, Naima Trujillo Barreto, en conferencia de prensa. No se trata de una norma improvisada ni ajena a la realidad cubana, sino de un texto que intenta dialogar con ella, reconocer sus tensiones y ordenar un sistema de protección integral para los niños, así como un sistema de atención y promoción de la participación juvenil.
El énfasis en la participación no es menor. Durante años, las juventudes han sido objeto de políticas, discursos y programas, más que sujetos activos dentro de ellos. El Código propone un giro: colocar a los jóvenes como actores principales de su propio desarrollo, con derechos reconocidos y con espacios para incidir. En el papel, el planteamiento resulta coherente y necesario.
Sin embargo, la experiencia periodística enseña que entre la letra de la ley y la vida cotidiana suele abrirse un trecho complejo. Implementar un Código de esta naturaleza implica más que voluntad política. Supone articular instituciones, capacitar a quienes ejecutan, crear comisiones funcionales a todos los niveles y, sobre todo, lograr que quienes están en el centro del texto se reconozcan dentro de él.
Ahí radica uno de los desafíos mayores: que niños, adolescentes y jóvenes se sientan parte real del proceso, no destinatarios abstractos de un lenguaje jurídico. Una ley que no se comprende, no se socializa y no se vive corre el riesgo de convertirse en un documento distante, por muy avanzada que resulte en sus principios.
El nuevo Código dialoga con la Constitución de la República y con el Código de las Familias, ampliando y especificando derechos para estos grupos etarios. Esa coherencia normativa es un paso importante, aunque no definitivo. La protección integral y la participación efectiva se miden en escuelas, barrios, centros laborales y comunidades, donde las contradicciones sociales se manifiestan sin filtros.
También interpela a la familia, a la escuela, a los medios y a la sociedad en su conjunto. No basta con reconocer derechos si no se crean entornos capaces de sostenerlos. No basta con hablar de participación si no existen canales reales para ejercerla. La niñez y la juventud no necesitan discursos complacientes, sino estructuras que acompañen su crecimiento y sus decisiones.
Martí entendió que educar y proteger a los más jóvenes era una forma de salvar la nación. Por eso este Código, más allá de su carga simbólica, obliga a una reflexión profunda sobre el país que se está construyendo. Las leyes pueden marcar rumbos, pero son las prácticas sociales las que determinan el destino.
Mientras el niño del trompo sigue intentando hacerlo girar sin que caiga, la adolescente continúa buscando respuestas y el joven cuestiona su futuro inmediato, el Código ya está vigente. Ahora le toca a la sociedad demostrar si ese texto será un instrumento vivo o un gesto bien intencionado. En ese veredicto, como tantas veces, se juega más que una norma: se juega el mañana.
