Las Tunas.- Pocas veces un conjunto de decisiones gubernamentales había generado una expectación tan intensa y, a la vez, un abanico tan amplio de incertidumbre. Las 176 medidas anunciadas por la dirección de la Revolución, ratificadas por el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, del pasado 18 de junio, dibujan un nuevo escenario para el socialismo cubano.
La sentencia más simple, aunque inevitablemente imperfecta, sería afirmar que Cuba inicia sus propios procesos de reforma y apertura, similares a los que emprendieron en su momento la República Popular China y la República Socialista de Vietnam, aunque bajo el signo inconfundible del contexto caribeño y el asedio permanente del bloqueo estadounidense.
IMPACTO DIRECTO DEL HOGAR TUNERO
El pulso más directo de estas medidas para el ciudadano común late en la reforma general de salarios. Un beneficio tangible que impactará la economía doméstica de miles de hogares, también, en esta provincia oriental.
Tal ajuste no es un movimiento aislado sobre la base de la pirámide salarial, sino una actualización integral que recorre todos los grupos y escalas del sector presupuestado. Su aplicación está prevista para comenzar en julio, de modo que los nuevos montos se reflejen en los bolsillos durante el cobro de agosto.
Para muchos trabajadores tuneros, desde el maestro de la escuela primaria en el reparto La Victoria hasta el especialista de la Salud Pública en un hospital de Puerto Padre, este incremento representa un alivio largamente esperado. El reconocimiento del pluriempleo para el cálculo de ingresos jubilatorios elimina, además, una traba absurda que desestimulaba a los trabajadores más capacitados y enérgicos.
Sin embargo, la moneda tiene otra cara que conviene examinar con detenimiento. El redimensionamiento de la Administración Central del Estado, anunciado como parte del mismo paquete, implica cambios en la estructura y funcionamiento de los ministerios, así como en las plantillas de las administraciones locales. Algunas plazas podrían eliminarse o reubicarse bajo el criterio de eficiencia.
La pregunta que quizás esté rondando en los pasillos de las oficinas y en las pausas del almuerzo es tan sencilla como perturbadora: ¿será suficiente el aumento salarial para amortiguar el previsible despegue de los precios cuando el mercado comience a dictar las reglas?
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"Estas transformaciones no constituyen una desviación del proyecto socialista, por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo"
Intervención de Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República de Cuba, en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura en la cual detalló las 176 medidas anunciadas.
PAUTAS DEL JUEGO REESCRITAS A LOS CUENTAPROPISTAS
Basta con repasar las nuevas disposiciones para calibrar la envergadura del cambio. Los trabajadores por cuenta propia, ese sector que ya es la fuente fundamental de la alimentación cotidiana de los cubanos, reciben un espaldarazo legal sin precedentes. Entrarán de lleno a zonas de la economía hasta ahora vedadas. Sin embargo, la libertad económica viene acompañada de nuevas responsabilidades sociales formalizadas.
La interrogante que surge en municipios con escaso tejido empresarial es inquietante: ¿qué ocurrirá con esos servicios sociales si al negocio le va mal?
EMPRESARIOS Y MIPYMES: LA HORA DE LA FORMALIDAD TOTAL
Todo lo anterior aplica para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), las cooperativas no agropecuarias y las empresas privadas, pero el paquete va mucho más lejos para estos actores. Por primera vez en seis décadas, se estimula explícitamente la inversión extranjera en entidades privadas nacionales.
El nuevo sistema de planificación financiera implica que el Estado dejaría de hacer toda la distribución física centralizada de recursos, cediendo espacio a mecanismos de mercado donde las empresas deberán gestionar sus insumos en un entorno competitivo, en lugar de esperar asignaciones administrativas.
No obstante, las devaluaciones sucesivas de la moneda nacional, anunciadas para ajustar el tipo de cambio, lanzan un mensaje de supervivencia empresarial: las entidades que no soporten las nuevas condiciones de competitividad serán liquidadas.
Si bien cifras oficiales ya indican una evidente migración de la fuerza laboral del sector público al no estatal No sobre preguntarse si este último está preparado para absorber de manera digna a decenas de miles de trabajadores que podrían quedar sin empleo. La flexibilización para dotar de activos a los vulnerables podría terminar siendo un parche si el entorno macroeconómico es hostil.
ESTABILIDAD PARA INVERTIR EN LA TIERRA
El campo cubano y el tunero, en particular, reciben señales alentadoras con las seguridades que a mediano y largo plazo reciben los usufructuarios de tierras, la prometida desburocratización de la institucionalidad reguladora de este sector; y las transformaciones en la gestión empresarial que también llegarán a la producción nacional de alimentos. No obstante el principio de propiedad estatal de la tierra se mantienen como una línea roja que la Revolución no está dispuesta a cruzar. Para una provincia como Las Tunas, con una vocación agropecuaria marcada y un potencial de desarrollo en renglones como la ganadería, los granos y los cultivos varios, estas medidas abren una ventana de oportunidad.
Sin embargo, el éxito dependerá de que los insumos, los financiamientos y la asesoría técnica lleguen efectivamente al productor, y no se queden atrapados en los laberintos burocráticos que han frustrado tantas iniciativas en el pasado.
PRECIOS Y MERCADO: ARENAS MOVEDIZAS
Quizás la transformación más delicada, y la que más desvelos provoca en las familias tuneras que cada día estiran el presupuesto hasta lo increíble, sea la descentralización en la formación de precios. Abandonar el esquema basado exclusivamente en la ficha de costo para avanzar hacia un sistema donde los precios los determine progresivamente la correlación de oferta y demanda supone un salto controlado al vacío.
El riesgo de una espiral inflacionaria que pulverice el poder adquisitivo no es una exageración alarmista, sino una advertencia razonada de los propios economistas que asesoran al Gobierno. La eliminación de subsidios generalizados a productos de la canasta básica, sustituida por transferencias monetarias directas a las personas en situación de vulnerabilidad, requiere una ejecución quirúrgica.
Si la oferta material no responde con agilidad, si los productos no aparecen en los anaqueles, el aumento del salario mínimo a tres mil 110 CUP corre el riesgo de esfumarse en semanas, devorado por precios que nadie regula.
La creación del Fondo de Protección Social apoyado en la plataforma digital Soberanía para la trazabilidad de las ayudas son herramientas novedosas y bien intencionadas. Permiten focalizar los recursos en quienes realmente los necesitan y evitan filtraciones. Pero la digitalización en un país donde las infraestructuras tecnológicas son aún frágiles y con los apagones interrumpiendo la conectividad con frecuencia, plantea desafíos operativos que no pueden subestimarse.
CENTRALISMO CEDE TERRENO
Para provincias como Las Tunas, el fortalecimiento de las capacidades municipales constituye una de las noticias más prometedoras del paquete. La meta estratégica, según han explicado voces cercanas al diseño de estas políticas, es diversificar las fuentes de divisas en los 168 municipios. Si los ingresos en moneda extranjera se generan de forma dispersa en todo el territorio nacional, la capacidad del bloqueo estadounidense para disparar contra grandes conglomerados centralizados se diluye, o al menos eso esperan desde la dirección del país.
El obstáculo, empero, está diagnosticado con precisión. La carencia de cuadros y especialistas suficientemente preparados en la mayoría de los gobiernos locales amenaza con frenar el traspaso de competencias. La propia experiencia con la aprobación de mipymes, que teóricamente ya podía hacerse desde los municipios pero que en la práctica apenas ha ocurrido, ilustra el trecho que separa la norma de la realidad.
La resistencia burocrática, identificada por la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba como uno de los tres principales frenos a la implementación de las medidas de flexibilización aprobadas desde 2021, es un adversario tan formidable como el bloqueo externo. Combatirla implica enfrentarse a quienes, declaradamente, dicen ser tan revolucionarios y por ende, aseguran están en el mismo bando.
EL CONTEXTO FUERZA LOS CAMBIOS
Hay una regularidad que atraviesa todas las medidas económicas adoptadas por Cuba desde 2017: han estado marcadas por la urgencia. Si durante la etapa de Barack Obama parecía haber tiempo para una gradualidad que permitiera a la dirección revolucionaria no perder el control de los procesos, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca primero, y la pandemia de la covid-19 después, forzaron acelerones que en otras condiciones se habrían evitado.
El ejemplo más doloroso fue el reordenamiento monetario de finales del 2020: la eliminación de la dualidad monetaria y cambiaria, una medida reclamada por expertos de todas las tendencias ideológicas, pero ejecutada en el peor momento posible, con el turismo en cero y la economía asfixiada por el nuevo coronavirus.
Este paquete de 176 disposiciones también nace bajo el signo de la adversidad extrema. El bloqueo energético y financiero estadounidense, recrudecido hasta niveles que amenazan la viabilidad diaria del país, constituye el telón de fondo ineludible.
La Administración Trump, con el secretario de Estado Marco Rubio como punta de lanza, insiste en que las “sanciones” no buscan dañar al pueblo cubano sino al Gobierno. Pero el efecto práctico de cortar las fuentes de divisas a las grandes empresas estatales es empujar al país hacia una privatización acelerada de facto que, eventualmente, fuerce el cambio político sin necesidad de poner las “botas sobre el terreno”.
La paradoja es evidente y merece ser subrayada: la narrativa estadounidense dice querer un sector privado fuerte en Cuba, pero su política bloquea cualquier posibilidad de que esos emprendedores accedan a créditos internacionales, mercados de insumos o transferencias tecnológicas.
La Organización de las Naciones Unidas, en su más reciente informe sobre el impacto del bloqueo, calcula que las pérdidas acumuladas para la economía cubana superan los 150 mil millones de dólares desde 1962. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, este Archipiélago experimentó en 2025 una contracción de su producto interno bruto cercana al dos por ciento, con una inflación, ralentizada, pero sin dejar de subir. Las propias autoridades reconocen que el déficit fiscal se ha vuelto estructural. En ese contexto, el margen para la gradualidad es casi inexistente.
VOLUNTAD POLÍTICA Y UN RETO EVIDENTE
En favor de las autoridades cubanas hay que decir que mantienen el pulso reformador, incluso, cuando el contexto internacional estrangula cada intento. El sector privado es ya la fuente fundamental de la alimentación cotidiana de los pobladores, y estas medidas reconocen ese hecho consumado dotándolo de un marco legal más estable y coherente. Que el Gobierno Revolucionario acepte compartir espacios económicos con actores no estatales, sin renunciar al control de los principales engranajes de la economía, parece ser otra línea roja que no se piensa cruzar.
Fue sumamente alentador escuchar al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez afirmar, al cierre de la sesión extraordinaria del Parlamento, que está dispuesto, junto a su equipo, a escuchar todas las opiniones. No es un detalle menor que esta misma semana se conociera, según la agencia EFE, la puesta en marcha de un grupo asesor de expertos en temas económicos.
La decisión de convocar a voces diversas, incluso aquellas que durante años fueron consideradas críticas o heterodoxas, sugiere una voluntad real de nutrir el diseño de políticas con perspectivas que trascienden la zona de confort ideológica.
Sin embargo, el éxito de estas medidas depende, además, de una variable que las cifras macroeconómicas no capturan: la voluntad real de la burocracia para soltar las riendas. La historia económica cubana está plagada de reformas que naufragaron no por falta de acierto en el diseño, sino porque la capa intermedia de decisores las fue desactivando mediante procedimientos engorrosos, demoras injustificadas y reinterpretaciones normativas que desnaturalizaban el espíritu original de las disposiciones.
¿MAL PASAJERO U OPORTUNIDAD HISTÓRICA?
Llegamos aquí al nudo más complejo, y también más fascinante, de todo este proceso. El impacto social y político mayor a largo plazo será, inevitablemente, la redefinición del ideal socialista que acompaña al cubano desde hace décadas. Y en esa redefinición se juega, nada más y nada menos, la posibilidad de que estas reformas sean asumidas por la ciudadanía como un proyecto propio o como una imposición externa que se tolera a regañadientes.
Conviene recordar cómo procesó el pueblo cubano las transformaciones económicas de la década de 1990. En aquel momento, la despenalización del dólar, el trabajo por cuenta propia, la apertura al turismo internacional y las empresas mixtas fueron asumidos por la mayoría de la población como un mal necesario. Eran medidas dolorosas, contradictorias con el ideal socialista que se había construido durante las tres décadas previas, pero inevitables para sobrevivir tras el desplome del campo socialista europeo. La esperanza, explícita o tácita, era que aquellos cambios constituían una etapa transicional, un desvío provisional del camino que eventualmente se corregiría cuando las condiciones internacionales mejoraran.
El socialismo que pervive en la memoria colectiva es el de una sociedad igualitaria, con omnipresencia del Estado en todas las esferas de la economía, cuyos niveles de igualdad no han podido repetirse nunca más en nuestra vida cotidiana. Ese modelo, que alcanzó su expresión más acabada en los años 80, sigue siendo para una parte considerable de los cubanos el referente emocional e ideológico del proyecto revolucionario. Cualquier desviación de ese paradigma tiende a ser percibida, casi instintivamente, como una concesión al capitalismo, como una derrota silenciosa.
El desafío que plantean las 176 medidas aprobadas este 18 de junio es de una naturaleza radicalmente distinta. No estamos ante un paquete de emergencia para capear un temporal pasajero. Estamos ante una reconfiguración estructural del modelo económico que introduce, de forma permanente y legalizada, relaciones de producción basadas en la propiedad privada, la generación de ganancias y la competencia de mercado.
La banca privada, las casas de cambio, la compra de activos estatales, la inversión extranjera en mipymes y la libre comercialización mayorista y minorista no son parches: son pilares de una arquitectura económica que se parece muy poco al socialismo igualitarista de los años 80.
Aquí se abre, entonces, la disyuntiva ideológica fundamental. La primera opción, la más fácil y también la más peligrosa, es que la ciudadanía vuelva a asumir estas reformas como un mal pasajero. “Son medidas que hay que tomar porque no queda otra, porque el bloqueo nos asfixia, porque la situación está muy dura, pero ya volveremos al socialismo de verdad cuando las cosas mejoren”.
Esa narrativa, que puede resultar políticamente cómoda a corto plazo porque evita debates fatigosos, encierra un veneno de acción retardada. Si las reformas se viven como una derrota ideológica que se tolera en silencio, el proyecto socialista pierde su capacidad de inspirar, de movilizar, de generar adhesión emocional. Se convierte en una cáscara vacía defendida por inercia, pero en la que nadie creería realmente.
Hay una segunda opción, infinitamente más exigente, pero también más prometedora: aprovechar la coyuntura para redefinir, en serio y sin miedo, la noción misma de socialismo. Pretender construir un socialismo que no reparta la pobreza, sino que la elimine, no es una negación del ideal revolucionario cubano; al contrario, fue una de las razones por las que se hizo la Revolución seis décadas atrás.
No obstante, hoy tener sentido del momento histórico parece implicar que, para acabar con la miseria en las condiciones concretas de Cuba, es inevitable aceptar y gestionar diferencias sociales entre los ciudadanos. Es construir un socialismo que no mida su pureza por el porcentaje de propiedad estatal en la economía, sino por su capacidad de garantizar derechos universales: salud, educación, seguridad social, alimentación básica, en un entorno económico diverso y competitivo.
Esta segunda opción supone un ejercicio de honestidad intelectual y de valentía política que no tiene precedentes en la historia revolucionaria cubana. Implica decirle al pueblo, con todas las letras, que el socialismo del siglo XXI no será, no puede ser, una réplica del que se pierde en la bruma de los recuerdos en blanco y negro. Que las relaciones de producción basadas en la ganancia y la propiedad privada, con todas las contradicciones que generan, han llegado para quedarse. Y que el papel del Estado no es eliminarlas, sino regularlas, equilibrarlas y ponerlas al servicio del bienestar colectivo.
Las fracturas sociales van a profundizarse, y eso hay que entenderlo y asumirlo con madurez política y sensibilidad humana. Las relaciones de producción basadas en la generación de ganancias y en la propiedad privada promueven enajenación económica, pero también enajenación política. Sectores de la población pueden quedar cada vez más desconectados de las prioridades de la nación en su conjunto. El Estado y la sociedad civil tendrán que impulsar el rol distribuidor e igualador de oportunidades más inteligente, más ágil y más eficaz que nunca.
Ese es, precisamente, el corazón del nuevo pacto social que se propone: un Estado que no controla cada resorte de la economía, pero que garantice que la riqueza generada no se concentre en pocas manos; un Estado que cede espacios al mercado, pero que mantiene bajo su responsabilidad directa la cobertura universal de salud, la educación gratuita en todos los niveles, la protección a los adultos mayores y la seguridad ciudadana.
La línea roja aquí no está en impedir que existan empresas privadas prósperas, sino en evitar que el éxito económico se traduzca en privilegios políticos o en la captura de las instituciones por parte de intereses particulares.
LAS TUNAS COMO LABORATORIO DEL CAMBIO
Las Tunas, con su tejido productivo en transformación, su vocación agropecuaria, sus vulnerabilidades históricas y su gente acostumbrada a resistir y reinventarse, será un laboratorio decisivo de esta nueva época que apenas comienza.
Las pautas aprobadas en La Habana tendrán que aterrizar en realidades concretas: en la cooperativa que necesita un crédito para sembrar frijoles, en el cuentapropista que aspira a comprar un local para ampliar su taller, en la familia que hace malabares para llegar a fin de mes, en el joven que sueña con un futuro en su tierra sin verse obligado a emigrar.
El presidente Díaz-Canel lo expresó con palabras que no admiten dobleces: “No podemos normalizar la alta emigración de jóvenes”. Ese es, quizás, el termómetro definitivo del éxito o el fracaso de estas reformas. Si los jóvenes tuneros encuentran en su provincia oportunidades para trabajar, emprender, crear y vivir con dignidad, habrá valido el esfuerzo. Si, por el contrario, la inflación devora los salarios, la desigualdad fractura las comunidades y la burocracia sigue poniendo palos en la rueda, todo se habrá quedado en un catálogo de buenas intenciones.
Ojalá este proceso termine con una redefinición positiva y adecuada del socialismo cubano. Una noción mucho más creativa, mucho más ampliada, enraizada en las situaciones históricas y culturales concretas del país, y no en nostalgias de un pasado que, con sus luces innegables, no puede ser reproducido en las condiciones del siglo XXI.
El socialismo que necesita Cuba ahora no es el que reparte equitativamente la escasez, sino el que construye prosperidad compartida. No es el que prohíbe la iniciativa privada por temor a la desigualdad, sino el que la regula para que la desigualdad no se convierta en injusticia estructural.
La implementación efectiva, tal como recordó el General de Ejército Raúl Castro, será la palabra que separe el éxito del naufragio. Pero no es solo un problema técnico de cuadros, normativas y cronogramas. Es, sobre todo, un problema político e ideológico. Requiere que la dirección de la Revolución, los cuadros intermedios, los militantes de base y la ciudadanía en su conjunto asuman estas decisiones no como una derrota que se tolera, sino como una oportunidad que se abraza. Confiar, pero exigir. Acompañar, pero fiscalizar.
En esa dualidad, expresada por el propio presidente ante los diputados, se resume la actitud que corresponde al pueblo cubano en esta hora decisiva. Las Tunas no será una excepción. La provincia está convocada, como el resto del país, a ser protagonista y no espectadora de un proceso que definirá el rostro del socialismo antillano para las próximas décadas. La partida acaba de comenzar y el tablero está dispuesto. Las piezas, ahora, deben moverse con inteligencia, con audacia y, sobre todo, con la determinación de convertir un desafío histórico en una victoria de la creatividad revolucionaria.
