Caracas.- Venezuela enfrenta hoy nuevos intentos de emplear la institucionalidad de la ONU para aplicar medidas de coerción, mediante la politización del tema de los derechos humanos, indicó una fuente especializada.
Los signos del empleo de las vías institucionales contra la nación sudamericana se incrementaron en las últimas semanas, "y tienen la marca distintiva de los demócratas en la Oficina Oval en Washington'', reseñó un informe publicado por el Instituto Samuel Robinson.
De acuerdo con un artículo publicado por este centro de estudios para el Pensamiento Original, con sede en Caracas, la conformación de un falso expediente de criminalización formaría parte de los mecanismos disuasivos de ''poder blando'' para un cambio de régimen en Caracas.
En esa línea de acción, el miércoles último la denominada Misión Internacional de Determinación de Hechos presentó un nuevo balance de la situación en el país sudamericano ante la sesión 46 del Consejo de Derechos Humanos, con reiterados señalamientos en ese ámbito.
La supuesta comisión independiente emitió su dictamen sin pisar suelo venezolano, ni contrastar sus conjeturas con información oficial y tampoco emplear mecanismos creíbles de verificación, en una postura plagada de arbitrariedad, estimó el Instituto Samuel Robinson.
Precisó la fuente que dicha avanzada institucional paralela en la ONU contra Venezuela ocurre en simultáneo al relanzamiento de temas humanitarios por parte de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, los cuales anunciaron medidas favorables a los migrantes venezolanos.
Se tratan de acciones con alcance propagandístico, instrumentalizadas para legitimar operaciones de asfixia contra el Estado venezolano, subrayó el centro de estudios en su informe.
Al reiterar su desconocimiento de mecanismos paralelos al sistema de la ONU, el Gobierno de Venezuela rechazó en un comunicado los señalamientos de la Misión Internacional, por su carencia de sustento a partir de matrices mediáticas y sin contacto directo con la realidad del país.
El Ejecutivo aseveró que el establecimiento de la comisión, resultado de una resolución promovida por un reducido grupo de países ''con graves situaciones internas de violación de derechos humanos'', constituye muestra del uso político de los mecanismos internacionales.
Adicionalmente, la alta comisionada de la ONU Michelle Bachelet presentó la víspera la actualización oral de su informe sobre Venezuela, rechazado por Caracas al considerarlo carente del balance necesario y plagado de información no verificada.
El representante venezolano en el Consejo de Derechos Humanos, Héctor Constant, cuestionó que una evaluación sobre la situación del país en ese ámbito ignore u omita la existencia de una agresión multiforme por parte de Washington y sus aliados.
Asimismo, la Cancillería calificó de desacertadas las declaraciones de la funcionaria y lamentó el ''desbalanceado reporte emitido por mandato de una politizada resolución, (...) promovida por Estados Unidos a través del autodenominado Grupo de Lima''.
El Ejecutivo bolivariano consideró preocupante que la alta comisionada ceda ante la presión de actores anti-venezolanos y realice afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad, al hacerse eco de campañas mediáticas y presentar especulaciones ideologizadas, como hechos.
Esto, a pesar de la presencia de la Oficina en Venezuela y de los fluidos mecanismos de diálogo derivados de la Carta de Entendimiento sobre asistencia técnica y cooperación renovada recientemente, señala un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ante este escenario, el Gobierno venezolano informó que someterá a revisión la relación con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, con el fin de garantizar el estricto apego a los principios de objetividad, imparcialidad y no injerencia en los asuntos internos.
