La Habana.- Hoy se celebra en todo el planeta el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una iniciativa que busca que los ciudadanos asuman su protagonismo para exigir el disfrute de productos de calidad, que no dañen su salud ni al medioambiente.
La implementación de la Resolución 54 del 2018, del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), es una evidencia palpable de los avances, al menos en materia legal, en cuanto a protección al consumidor en Cuba.
Esta medida no solo establece los derechos y deberes de las personas a la hora de comprar una mercancía o recibir un determinado servicio, sino que además, pretende fomentar en la población la cultura de la inconformidad y la denuncia de lo mal hecho.
Igualmente, la disposición jurídica aboga por la salvaguarda de los requisitos de calidad, la inocuidad de los alimentos y defiende al público de las prácticas engañosas, a la vez que apuesta por fortalecer el sistema de garantías a las prestaciones y bienes ofertados.
Sin embargo, de la norma al hecho hay un tramo aún por recorrer y, en medio de la escasez de productos y servicios por la difícil situación económica y financiera por la que atraviesa el país, también aminoran, en no pocos establecimientos estatales y particulares, la buena atención al público, la información certera y verás, al igual que las soluciones a los problemas de la población.
Violan los derechos de sus clientes aquellas personas particulares o entidades estatales que utilizan precios o tarifas abusivas; quienes desvían las mercancías hacia otros destinos de manera ilícita; los que favorecen a una persona por encima de otra; los que comercian con productos de procedencia dudosa y sin el correcto etiquetado; aquellos que ofrecen una mala respuesta o trato a sus públicos.
Estas y otras prácticas insolentes no solo ocurren en el sistema del Comercio Interior, también suceden en instalaciones pertenecientes a organismos como la Agricultura, el Turismo y la Cultura.
Además de los necesarios controles, también deben implementarse mayores acciones educativas hacia los ciudadanos vinculados con estos sectores, así como la generalización de espacios informativos sobre los deberes y derechos de los consumidores.
Les corresponde a los medios de comunicación apoyar en la crítica oportuna y periódica de las malas prácticas que dañen a la población; así como a los encargados de los establecimientos, permitir la entrada de los medios a sus unidades.
Son caminos por recorrer que harían más efectivos los esfuerzos del país en la promoción de los derechos de cada consumidor, y de revestir a las instituciones y entidades de mayor responsabilidad social con sus públicos.
