La Habana.- El Banco Popular de Ahorro (BPA) denunció este miércoles los intentos de suplantación de identidad y mensajes falsos en su nombre para obtener información de sus clientes y dañar su imagen pública.
“Recientemente, dijo desde su perfil en la red social Facebook, hemos detectado acciones de phishing contra el Banco Popular de Ahorro, suplantando nuestra identidad corporativa, creando falsas y erróneas expectativas en clientes”. El engaño, precisó, “se realizó a través mensajes de texto, ya sean por SMS o mensajería instantánea (como WhatsApp), y el emisor se hizo pasar por el Banco Popular de Ahorro”.
El Banco les sugirió a sus clientes estar “alertas, y como acción inmediata no aporten ningún dato sensible que pueda afectar sus saldos monetarios o telefónicos”. “Les pedimos que contacten de inmediato con nuestra institución por los distintos canales de comunicación, ya sea en redes sociales, correo electrónico, así como por la vía telefónica”, insistió.
El phishing, explicó el BPA, “es el método más sencillo de ciberataque y, al mismo tiempo, el más peligroso y efectivo, porque ataca el ordenador más vulnerable y potente del planeta: la mente humana. Las personas, engañadas así, en espera de recompensas, por ejemplo, aportan información personal confidencial, de la que se apropian los ejecutores de estos delitos”.
Las instituciones gubernamentales cubanas son un blanco recurrente de ataques como estos, a menudo instigados por organizaciones y grupos financiados por el Gobierno de los Estados Unidos como parte de su estrategia de desestabilización contra Cuba. De hecho, este mismo miércoles el Ministerio de Educación desmintió la divulgación de una supuesta parrilla de programación que apareció horas después de su anuncio de la reanudación de las clases televisivas del curso escolar 2020-2021.
Para hacer frente a este tipo de prácticas, el Gobierno cubano puso en vigor el Decreto Ley 35, De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y del Uso del Espectro Radioeléctrico. Dicho texto tipificó hechos que hasta el momento no tenían un respaldo legal en el país en el entorno de la red de redes, como los daños éticos y sociales o los incidentes de agresión. Además, creó el marco regulatorio para que las personas naturales y jurídicas del país puedan defenderse de la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos o difamatorios con impacto en su prestigio.
