La Habana.- Defender y practicar, individual y colectivamente, los valores institucionales de supremacía constitucional, legalidad, sentido de lo justo, independencia, imparcialidad, transparencia, honestidad, humanidad y patriotismo, continuarán siendo premisas, en el aporte a la consolidación de Cuba como Estado socialista de derecho y de justicia social, definido en nuestra Carta Magna.
Así lo expresó Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), en el acto de apertura del año judicial 2023, que contó con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República.
Añadió que, como resultado del empeño y la dedicación de magistrados, jueces, secretarios judiciales y el resto de los trabajadores de estos órganos; junto a fiscales, abogados, instructores, investigadores policiales, los tribunales de justicia y otros órganos, en 2022 debieron tramitar y resolver un total de 89 mil 406 asuntos, y de ellos procesaron y concluyeron 76 mil 468, lo que equivale al 85,5 por ciento.
A la vez, en el mismo período, se debió dar cumplimiento a 49 mil 389 sentencias firmes, y de ellas se lograron ejecutar 45 mil 334, para un 91 por ciento.
"Las cifras referidas constituyen un resultado meritorio y reflejan que, aun en las difíciles circunstancias, la administración de justicia en el país marchó a un ritmo adecuado, a diferencia de lo que acontece en no pocos lugares del mundo", refirió el presidente del TSP.
No obstante, al cerrar el año, por diversas razones, permanecían 539 asuntos con retraso en su tramitación, y existían demoras en el cumplimiento de 400 sentencias, cuestión a la que se dedicará mayor atención, por los efectos negativos que determina para la eficacia de la labor judicial.
Remigio Ferro destacó que en el año recién concluido el trabajo de los órganos judiciales estuvo marcado por los esfuerzos para implementar, de manera consecuente, los cambios introducidos al ejercicio de impartir justicia, a partir de la reforma procesal y judicial, derivada de la aprobación de las nuevas leyes que, por mandato de la Constitución, fueron sancionadas en este ámbito por la Asamblea Nacional del Poder Popular entre finales del 2021 y principios del 2022.
En el presente año, el quehacer de magistrados, jueces y personal judicial deberá continuar enfocado, como objetivo primordial, en consolidar el conocimiento y dominio del contenido de esas nuevas normas jurídicas, y garantizar, en la práctica cotidiana, el estricto cumplimiento de lo que en ellas se dispone.
Si el 2022 se caracterizó por el cambio estremecedor y sustancial de la base normativa que regula la organización y funcionamiento de los tribunales y los necesarios aprendizajes sobre el manejo de las novedades introducidas, 2023 se presenta como el periodo en el cual se deben fortalecer y consolidar la destreza y las habilidades en los profesionales del sector, para ser consecuentes aplicadores de esos nuevos contenidos, precisó.
El inicio del año judicial es un espacio para abordar los principales resultados de la actividad en la etapa que concluye, y las proyecciones de trabajo para el que comienza.
A la vez, reafirma el compromiso de actuar en correspondencia con los valores y principios que nos definen como sociedad, ser cada vez más justos, apegados a la Constitución y las leyes, y cumplir lo que concierne con mayor eficiencia y eficacia, para garantizar que el servicio público que se ofrece satisfaga las expectativas y necesidades del pueblo, en nombre del cual se imparte justicia.
