Jobabo, Las Tunas.- Este martes, en Jobabo, se dio una mirada más ajustada y razonable al problema de los precios en alza, que además de reconocer que se trata de un desequilibrio productivo (escasez por improductividad, para ser más específico), tiene otro enfoque, muy diferente a lo que se ha venido haciendo durante varios años.
La estrategia asume que no se van a topar precios, pues como es evidente, no funciona y solo genera fuga hacia otros territorios y una ausencia progresiva de los surtidos de primera necesidad, sobre todo alimentos. Lo que sí se hará, es exigir fichas de costo y un margen comercial razonable que permita concebir tarifas no especulativas.
Con esta perspectiva, muy bien argumentada por el primer secretario del Partido en la provincia, Manuel Pérez Gallego, y a partir de un estudio detallado de los costos de producción de alrededor de una decena de renglones agropecuarios, se impulsarán en los próximos días acciones dirigidas a implementar un mecanismo de control sobre los importes, que beneficia tanto a productores como a comercializadores de una manera equilibrada. Se traducirá, asimismo, en una reducción gradual de lo que desembolsa finalmente la población.
Al aprovechar el contexto legislativo vigente y medidas territoriales que no son limitativas, sino más bien concertadas y basadas en la gestión contable-económica de las dinámicas productivas y de comercialización, de implementarse correctamente, esta iniciativa, señalaron, puede agilizar la reducción de los procesos inflacionarios.
Durante el intercambio con actores económicos locales, estatales y privados, el delegado de la Agricultura en Las Tunas, Yoel Vargas, expuso que, sacando todos los gastos posibles, con la valía de insumos del mercado informal y la evaluación de los procedimientos de cultivos con bajos rendimientos, por ejemplo, una libra de calabaza no sobrepasa los 6.00 pesos en costo de producción. Así, aplicándole un 40 por ciento de ganancias, el campesino o la unidad en cuestión, no debe venderla por encima de los 7.71 pesos, mientras la tarifa de expendio a los pobladores, poniendo en práctica estas instrucciones, estaría en menos de 11.00 pesos.
Aunque tales datos fueron una referencia, se sugirió aplicar este mismo procedimiento para calcular los precios de una manera coordinada y con el consenso del Comité de Concertación de Precios en el municipio, cuyas funciones están muy bien definidas en el Decreto Ley 35 y un grupo de normativas derivadas de ello. La idea no está en imponer, quedó claro en el encuentro, sino en demostrar los valores reales de la cadena productiva y comercial, y definir cuándo los importes se salen del rango de lo permisible.
El asunto no solo se enfocó en los agropecuarios, también indicaron evaluar con rigor las fichas de costo de las ofertas de la red comercial y gastronómica, y de otros actores que comercializan mercancías y servicios a montos que sugieren ganancias muy por encima de sus costos reales.
Pérez Gallego, enfático, solicitó accionar con agilidad, ir a la legalidad de los procesos y actuar primero desde la óptica preventiva, transformadora, demostrativa y educativa. Al mismo tiempo, precisó que se necesita bastante preparación para implementar este mecanismo, entre los responsables directos de aplicarlos (productores y comercializadores) y quienes deben controlar y dirigir la política.
