Las Tunas.- A más de un año de su aprobación por la Asamblea Nacional del Poder Popular y casi siete calendarios después del establecimiento de la política que trazó sus pautas conceptuales, finalmente tenemos Ley de Comunicación Social ¿o no? Sí, porque aún tendremos que esperar cuatro meses para su vigencia plena; y dependiendo del empeño colectivo, quizás un tiempo mayor para verla expresada en un cambio sustancialmente positivo en la práctica comunicacional en el país.
En puridad, la principal novedad de su publicación en la Gaceta Oficial son sus archivos adjuntos: dos reglamentos, uno que clarifica muchas de las cuestiones que quedaban en duda en el momento del visto bueno del Legislativo; y el otro plantea las muy necesarias reglas del juego de figuras polémicas, pero pertinentes para este momento histórico, como lo son la publicidad, el patrocinio y el mecenazgo en los medios de comunicación.
DESCARGA AQUÍ LA LEYNo resulta ocioso reiterar el paso de avance que supone este instrumento legal para el ejercicio del periodismo en Cuba. Va en el camino correcto, el de la integralidad del ejercicio de la labor informativa y de opinión de los órganos de prensa; marcando, por ejemplo, plazos y modos exactos a la concreción de la oportunidad en la información que necesitamos para nuestro trabajo cotidiano, y pautando la zona de confluencia entre la comunicación institucional y la mediática.
Esta normativa, repitámoslo hasta el cansancio, es parte de la solución a un problema con bases históricas en nuestro sistema sociopolítico, nacido de las propias condiciones de asedio en las que ha tenido que desenvolverse: el enquistamiento de una visión demasiado discrecional sobre cómo, cuándo y con qué razones debe hacerse pública o no determinada información.
Ahora, sobre todo con los reglamentos, la Ley de Comunicación Social clarifica mejor el derecho de los periodistas, dentro del marco legal del país, a exigirles a las instituciones la información que sea de carácter público. Así, pone en blanco y negro el ejercicio de la responsabilidad legal de estos últimos de cómo y cuándo deben cumplirlo. Ya no es solo mandato político, que es importante, pero sin efectos prácticos en ocasiones; tiene un carácter jurídico y eso coloca el asunto donde debe, en el universo de lo legal.
Están ocurriendo, con más o menos éxito, cambios en el plano editorial y enfáticamente en el plano de la gestión económica y tecnológica de los medios públicos cubanos. La legislación de marras cimenta esa transformación necesaria, pues es material clave en la construcción de un nuevo modelo de prensa pública para nuestro socialismo.
Esta ley es parte de la receta para corregir nuestras propias "distorsiones", la mayoría heredada de un modelo analógico, instrumental y propagandístico de la prensa que, cual "marabú" cultural, pulula todavía. También marca los preceptos éticos, los límites que nunca deberán traspasarse en los asuntos novedosos ya mencionados y que están creando contextos inéditos en la relación entre los órganos de prensa y el resto de la sociedad.
Ahora bien. No hay magia y sí mucho por hacer con la Ley de Comunicación Social. Lo dijimos cuando se aprobó a finales de mayo del 2023 y mucho de lo ocurrido desde esa fecha corrobora esa afirmación. Ni entonces ni ahora, y ni siquiera cuando entre en vigor, desaparecerán el impulso natural, pero censurable, de quienes, amparados en sus cargos o puestos, pretenden engañar para ocultar los errores. Tampoco vaporizará instantáneamente, digámoslo igual, el populismo, la propaganda o la inercia en los medios masivos de comunicación. Por eso, esta disposición plantea importantes retos para la jurisprudencia y las estructuras creadas a su amparo, que deberán canalizar y dirimir los conflictos que se susciten.
Estoy convencido de que la Ley de Comunicación Social puede ser muy útil para entender, de una vez y por todas, que la comunicación debe asumirse como parte intrínseca de todos los procesos económicos, sociales y culturales del país; que es estratégica y transversal al mismo tiempo, porque ha de tenerse en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión. Porque hoy los escenarios de las percepciones, esos que se configuran desde lo comunicacional, son tan o más importantes que lo que realmente acontece.
El liderazgo político no puede controlar las cosas que suceden, pero sí puede conducir e, incluso, prever las reacciones de las personas a lo que ocurre; ese es el peso que lleva. Quizás no lo hayan comprendido aún. Quiero pensar que con esta norma estarían en mejores condiciones de hacerlo. Especialmente porque, en un parto largo y complicado, está viendo la luz un instrumento legal concebido desde la certeza de que los medios tradicionales ya no tendrán más la omnipotencia entre las fuentes fundamentales, a partir de las cuales las personas conocen su realidad. En consecuencia, se impone una visión renovada de su rol, una que comprenda que si el sistema político no los legitima terminará por deslegitimarse a sí mismo.
Serán escenarios inéditos en los que, espero, tengamos procesos comunicativos más óptimos hacia el interno de las entidades y en su relación con la ciudadanía; una mejor comunicación en las comunidades que allane la ruta hacia debates constructivos, sanos, responsables, inteligentes. Impregnando de lucidez a la expresión de la opinión en todos los espacios de la sociedad cubana y tunera también.
