Montevideo.- Organizaciones sociales de Uruguay tensaron hoy sus fuerzas para cortar el paso a una iniciativa oficialista para conceder reclusión domiciliaria a represores de la pasada dictadura encarcelados por graves delitos de lesa humanidad.
La Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos durante los años 1973 a 1985 de terrorismo de Estado encabezó una convocatoria conjunta a marchar el 9 de diciembre en Montevideo “por verdad, memoria y justicia”.
Acompañan el llamamiento la central sindical Pit-Cnt, la Asociación de expresos políticos Crysol, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y la Federación de Estudiantes Universitarios.
El presidente de Pit-Cnt, Marcelo Abdala, manifestó al respecto que las organizaciones del campo popular discrepan con un proyecto encauzado por el partido Cabildo Abierto, integrantes de la coalición gubernamental de derecha, presentado para beneficiar a prisioneros que cumplieron 65 años de edad, pero en realidad para 20 exmilitares genocidas.
Graciela Montes de Oca, familiar de una de las 197 víctimas desaparecidas apuntó que lo que se pretende «es un atentado hacia la democracia porque se plantea específicamente para aquellos que violaron derechos humanos, torturaron y asesinaron».
El integrante del mismo colectivo, Ignacio Errandonea, remarcó la opinión contraria de la Cátedra de la Facultad de Derecho, el Comisionado Parlamentario Penitenciario y los relatores de Naciones Unidas, ya que la figura de prisión domiciliara por motivos de salud existe.
Agregó que la movilización orientada es “pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, en el precedente que sentamos como sociedad, que si no los condenamos, va a volver a suceder esto en las próximas generaciones”.
Días atrás el diputado Eduardo Lust, reconoció que el proyecto está diseñado para 20 exintegrantes de las fuerzas armadas, porque Cabildo Abierto “tiene un importante flujo electoral militar”.
Este mes una Comisión parlamentaria tiene previsto considerar en primera instancia la propuesta cabildante, que según versiones de prensa tiene el visto bueno no declarado del presidente de la nación, Luis Lacalle Pou,
