Las Tunas.- Sobre la producción de leche en Las Tunas se debate constantemente en múltiples escenarios. En todos se reconocen las dificultades y sus causas, pero el problema continúa ahí, mirándonos de frente y sin mejoría. Lo más fácil, desde un examen frío y superficial, es culpar a los ganaderos y visualizarlos como únicos responsables de no producir mayor cantidad de ese alimento.
Desde afuera, se pudiera pensar que esa es la verdad absoluta, pero si nos adentramos en las realidades del sector agropecuario, de las formas productivas, las vaquerías y el entorno en el que se desarrolla la actividad, encontraremos suficientes fisuras como para desterrar ese pensamiento y comprenderíamos, sin quitarles a los guajiros la parte que le toca, que no corresponde solo a ellos resolverlo.
El periódico 26 ha indagado reiteradamente en el tema, incluso, este propio año que apenas comienza. Lo que motiva estas líneas fue el análisis realizado el pasado domingo en la sesión ordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el territorio cabecera, en el que una vez más se alzaron voces para señalar a los productores sin detenerse a pensar en ellos, que con frecuencia no se les respalda como lo que son: el eslabón más importante de la cadena.
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Por suerte, algunos delegados a ese órgano de Gobierno fueron categóricos en sus planteamientos: "La ganadería no puede avanzar si los ganaderos no son bien atendidos; disímiles campesinos no tienen condiciones materiales, la contratación es un asunto muy subjetivo y en muchas ocasiones se realiza de manera superficial. Sabemos de quienes no entregan la leche a la industria por el número de multas impuestas, y hay demasiadas tierras ociosas sin producir", expresaron.
Trascendió en el debate la poca vinculación de los dirigentes del sector con los labriegos, la ausencia de una certificación real de la cantidad de leche entregada, y la inconformidad con que los planes sean mensuales y no anuales, porque ninguna etapa del año es igual a otra y esos compromisos se pueden recuperar. No encuentran sentido en apelar a las sanciones si al final del calendario se cumple con el aporte.
También se puso de manifiesto la no existencia de contrapartida entre productores, acarreadores y jefes de punto; más los altos importes de materiales de trabajo de primera necesidad como el machete, que hoy cuesta mil 200 pesos, y las limas y botas, cuyos precios rondan los dos mil pesos. Aun así, no queda otra que comprarlos.
Al propio tiempo, señalaron que algunos campesinos no se preparan para las adversidades del clima, y que responsables de controlar los procesos saben que se le echa agua a la leche, conocen quiénes la venden por fuera a 60.00 pesos el litro y los que la hacen queso y lo comercializan hasta 280.00 pesos la libra, todo ello sin honrar lo planificado. Cada una de estas cuestiones constituye razón de la baja productividad y las deficiencias en la comercialización, por lo que el control debe ser profundo y sistemático.
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Juana Yamilka Viñals Suárez, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, hizo una pregunta que no tuvo respuesta: ¿cuántas veces los consejos populares donde están enclavadas las unidades han analizado este problema y cuántas lo ha hecho la Empresa Agropecuaria? Igualmente quedó evidenciado que el Consejo de la Administración no ha tenido ningún protagonismo al respecto.
Ahora, las evaluaciones no deben ir encaminadas a arremeter contra los tenedores de ganado. Por el contrario, han de centrarse en cómo atenderlos con esmero. Es preciso transformar los modos de pensar y de actuar, porque mientras sigamos viendo el dilema solo de un lado, sin involucrarse todos, la venta al Estado continuará rondando el 85 por ciento de lo planificado, las vacas no superarán los 2,5 litros de leche per cápita y las muertes de animales sobrepasarán de nuevo los dos millares. Y todo eso tiene que cambiar.
