Las Tunas.- Hay una máxima de la población que todavía nadie ha demostrado su falsedad: los bienes y servicios del sector estatal son más caros que los privados.
Así lo reconoció, hace algunas semanas, el miembro del Comité Central del Partido y primer secretario en la provincia, Manuel Pérez Gallego, en un encuentro en el que el gobernador de Las Tunas, Jaime Ernesto Chiang Vega presentó las disposiciones y los acuerdos del Consejo de Ministros para contrarrestar la inflación que ahora mismo sufre el pueblo cubano.
Pérez Gallego insistía en la revisión de las fichas de costo y los precios en todo el que comercializa un producto o servicio. Ese es un asunto que se materializa en los municipios, con el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas que se implementan en la base.
Hasta hoy los comités de concertación de precios han mostrado una gestión débil en el cumplimiento de sus acuerdos, lo cierto es que ahora mismo los productos y servicios de alta demanda popular son inalcanzables para la inmensa mayoría de la población, para quienes viven de un salario.
¿Y dónde está el papel de las direcciones de Finanzas y Precios en la provincia y los municipios, si esa es su razón de ser? ¿Por qué no se revisa y se aprueba todo lo que a precios se refiere para que se acabe de una vez el desorden que existe en ese sentido y la población deje de sufrir por esa causa?
Es cierto que en el municipio de Las Tunas se han reorganizado los precios en la comercialización de productos agropecuarios, pero en la práctica, en los puntos de venta, en los mostradores, todo sigue igual, y hoy hay un precio y mañana amanece otro, y por supuesto más alto.
También es cierto que los precios se regularán por ellos mismos cuando haya más producción y las ofertas puedan satisfacer las demandas. Pero, ¿y mientras llega ese momento que ahora mismo está lejos en el tiempo? ¿Qué hace la población que no encuentra fórmulas para su alimentación diaria?
El Consejo de Ministros adoptó una serie de medidas para darles cumplimiento a las normas y directivas existentes sobre el control y regulación de los precios tanto para actores económicos estatales como privados, y decidió regular los precios de determinados productos agropecuarios que son vitales en la alimentación del pueblo, como plátano, malanga, yuca, boniato, papa, arroz y otros que se determinen por los consejos de la administración municipales (CAM), que es donde se concretan estas disposiciones.
De acuerdo con las facultades que otorga la Resolución 329 del 2020, se pone a consideración de los CAM, además, la concertación de precios de determinados productos que se ofertan en la red de la gastronomía popular, en específico las pizzerías, las cafeterías de alimentos ligeros, las fondas, las panaderías y dulcerías no estatales, y en la comercialización de productos listos para la venta como confituras, refrescos, agua, jugos, maltas, cigarros, tabaco, cervezas y otras bebidas alcohólicas, además del transporte público, la reparación, mantenimiento de equipos automotores y servicios conexos, la venta de muebles para el hogar y actividades de construcción, con precios muy por encima de cualquier ficha de costo.
De lo que se trata en resumen es de trabajar y exigir por dichas fichas de costo, ¿cuánto cuesta un producto y cuál es el precio con el que se comercializa? Ahí está la esencia.
Entonces le corresponde al sector estatal revisar con rigor todo lo relacionado con este asunto, y algo muy importante, discutir con los actores económicos privados sobre las nuevas disposiciones para al final lograr un ordenamiento de los precios de productos y servicios destinados a la población, que es el eslabón más débil de la cadena.
