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La Habana.- Mediante el Decreto Ley no. 41 publicado este martes en la Gaceta Oficial número 96 (ordinaria), el Consejo de Estado de la República de Cuba dio a conocer la creación del Instituto de Información y Comunicación Social, con la declarada “misión de conducir y controlar la Política de la Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos; proponer su perfeccionamiento, así como contribuir a fomentar la cultura del diálogo y el consenso en la sociedad cubana”.

El nacimiento de este Organismo de la Administración Central del Estado supone la extinción del actual Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), bajo cuyo control está todo el sistema radial y televisivo del país. Mientras que los principales periódicos de circulación nacional o local están subordinados a diferentes organizaciones políticas o sindicales. Sin embargo, el Decreto Ley 41 no especificó cuáles serán las funciones ni la estructura del nuevo instituto. Estas, precisó el texto legal, deberán ser establecidas antes del mes de octubre por el Consejo de Ministros.

El Instituto de Información y Comunicación Social es una “necesidad”, dijo tras conocerse la noticia Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC). En realidad, aclaró, el mismo “se diseña desde hace varios años y debe contribuir a resolver los problemas estructurales de la prensa y la comunicación en la sociedad cubana”. 

Del instituto, opinó, “se espera que ofrezca coherencia al cumplimiento de la Política de Comunicación del Estado y del Gobierno aprobada en el 2018, la primera de este tipo después del triunfo de la Revolución. Dicha política reconoce a la información como un bien público y un derecho ciudadano. Aunque con una visión y misión mucho más integral e integradora, la aparición del instituto debe facilitar el avance hacia nuevos modelos de prensa y de comunicación públicas, una necesidad acentuada por la rápida inmersión de Cuba en la llamada era de la convergencia y en el escenario de guerra híbrida que enfrenta el país”.

Ronquillo Bello significó además, que “por delante está pendiente, con vistas a resolver dichos problemas estructurales, la aprobación de un instrumento legal, ya incluido en el cronograma parlamentario, que ofrezca garantías a los derechos a la libertad de prensa y de expresión recogidos en la nueva Constitución”.

En la propia Gaceta Oficial 96 se hicieron públicos dos decretos leyes más del Consejo de Estado. El 42 que creó el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, en sustitución del Instituto de Planificación Física, para “proponer la política del Estado y del Gobierno en materia de ordenamiento territorial, urbanismo, su gestión, los aspectos de diseño y la arquitectura relacionadas con el urbanismo, el catastro, y una  vez aprobada, dirigir y controlar su aplicación, así como ejercer el papel rector en el enfrentamiento a las ilegalidades en el ámbito de su competencia”.

Por su parte, el Decreto Ley 43 modificó la actual misión del Ministerio de la Educación Superior (MES) con el objetivo de, dijo, tener una “administración pública más transparente, ágil, eficaz y eficiente”. Ahora el MES tendrá el cometido de “proponer al Estado y al Gobierno, y una vez aprobadas, dirigir y controlar las políticas de Educación Superior referentes a la formación integral de los estudiantes de nivel superior, la educación de posgrado, la preparación y superación de cuadros y reservas; y dirigir y controlar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en las universidades y entidades de ciencia, tecnología e innovación adscritas, así como la extensión de su quehacer a toda la sociedad”.

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