Brasilia.- La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de los actos golpistas escuchará el primero de agosto el testimonio del oficial Saulo Moura da Cunha, ex director adjunto de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), se confirmó hoy.
Da Cunha ocupaba la dirección de la ABIN, órgano subordinado al Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), en el día de los episodios violentos y vandálicos en las sedes del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo en esta capital.
Asumió el cargo en enero, de forma interina, y salió el 2 de marzo, cuando Luiz Fernando Corrêa tomó posesión del mismo tras haber sido aprobado por el Senado.
En abril, Da Cunha asumió la jefatura de la Asesoría Especial de Planificación y Asuntos Estratégicos del GSI, en el que permaneció hasta el 2 de junio.
Las solicitudes para escuchar al exdirector de la ABIN fueron presentadas por legisladores militantes del Partido Liberal, al que pertenece el exmandatario Jair Bolsonaro.
El político ultraderechista resulta objeto de solicitud de citación, pero, por acuerdo, no fue mencionado en estas primeras convocatorias.
La audiencia del martes próximo marcará el regreso, después del receso parlamentario de julio, de la CPI que investiga los sucesos antidemocráticos.
Instalada en mayo, la comisión tiene hasta finales de noviembre para concluir los trabajos y aprobar un informe final.
Hasta la fecha, el colegiado escuchó varios nombres relacionados con el bolsonarismo (adeptos de Bolsonaro), como su exayudante de órdenes, el teniente coronel Mauro Cid.
Los siguientes pueden ser el exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal Anderson Torres y los exministros Walter Braga Netto y Augusto Heleno.
También el exministro del GSI en el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el general de la reserva Marco Edson Gonçalves Días, debe ser escuchado por la junta legislativa de indagación.
Gonçalves Días fue exonerado del cargo después de la divulgación de imágenes en las que condujo a los invasores a la salida del Planalto durante los actos del 8 de enero.
Por los hechos, la Fiscalía General denunció penalmente a mil 390 personas por varios delitos, como crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido.
