Brasilia.- A 62 años del inicio de la dictadura militar, Brasil recuerda hoy la fecha entre actos de memoria, debates públicos y persistentes reclamos por verdad, justicia y el esclarecimiento del destino de los desaparecidos políticos.
Los días 31 de marzo y 1 de abril de 1964 fueron fechas marcadas por un golpe de Estado y el inicio de un régimen que se extendió por 21 años, caracterizado por la suspensión de derechos, la censura, la persecución política y graves violaciones a los derechos humanos.
Según investigaciones oficiales, al menos 434 personas fueron asesinadas o desaparecidas por motivos políticos durante el período, aunque organizaciones sostienen que la cifra real podría ser mayor.
Más de seis décadas después del comienzo de aquella etapa oscura de la historia nacional, uno de los principales pendientes sigue siendo el destino de los desaparecidos.
Un reporte publicado este miércoles por la Agencia Brasil señala que la falta de una política de Estado articulada continúa dificultando la búsqueda de desaparecidos forzados, una demanda histórica de familiares y organismos de derechos humanos.
La fragmentación institucional, la escasez de recursos y el acceso limitado a archivos militares siguen siendo obstáculos clave.
“No existe un programa nacional, ni un programa establecido, ni un marco institucional para la búsqueda de personas desaparecidas ni para el trabajo forense de identificación humana”, declaró a ese medio Edson Teles, coordinador del Centro de Antropología y Arqueología Forense (CAAF) de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp).
De acuerdo con esa fuente, investigadores de la CAAF trabajan actualmente en la identificación de mil 49 cajas que contienen restos humanos, halladas en la fosa común clandestina del cementerio Dom Bosco en Perú, São Paulo, en 1990.
Entre los enterrados se encontraban disidentes políticos desaparecidos, víctimas de la dictadura militar, apuntó Agencia Brasil.
Para los trabajos de identificación de restos, la institución depende de la renovación periódica de financiamiento, el cual fue cortado durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023) y luego renovado en el actual mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.
Cuando se aproximan las elecciones de octubre venidero, expertos advierten que otro cambio de gobierno o nuevos recortes podrían frenar una vez más las investigaciones, lo cual evidencia la fragilidad de estas políticas.
Con motivo de las fechas vinculadas con la dictadura, esta semana se han realizado diversas actividades en espacios académicos y culturales del país, así como manifestaciones públicas para recordar a las víctimas de la violencia de Estado.
En Río de Janeiro, el Archivo Nacional acogió la víspera un evento que reunió a investigadores, archivistas y activistas para debatir el papel de los documentos en la reconstrucción de la memoria sobre 1964.
La cita puso énfasis en la necesidad de preservar y abrir acervos documentales que aún permanecen restringidos y se consideran esenciales tanto para la investigación histórica como para la localización de víctimas.
A nivel cultural e intelectual, artículos y columnas publicados en medios nacionales y regionales insisten en la necesidad de mantener viva la memoria.
Un artículo publicado en el Jornal da Paraíba, por ejemplo, subraya que el golpe de 1964 y la dictadura deben permanecer como una referencia crítica en la conciencia colectiva.
Sin embargo, la disputa por la memoria sigue vigente porque, mientras amplios sectores sociales, académicos y políticos coinciden en caracterizar el período como una dictadura marcada por la violencia estatal, aún persisten discursos negacionistas que buscan relativizar o reinterpretar los hechos.
En particular, grupos vinculados a sectores conservadores y militares continúan utilizando el término “revolución de 1964” para referirse al golpe, minimizando las violaciones de derechos humanos y justificando la ruptura del orden democrático.
De acuerdo con un dossier publicado por la red internacional Esquerda Diário, incluso después de más de 40 años de gobierno civil, la dictadura sigue siendo una herida abierta en Brasil.
Esto se manifiesta, sostuvo el texto, en los torturadores que nunca fueron castigados, en la extrema derecha y en Bolsonaro, que devolvieron a los militares al centro de la política, y también en la economía, en el sistema educativo y en acciones policiales en las favelas y las periferias.
Más de cuatro décadas después del fin formal de la dictadura, el gigante sudamericano sigue siendo escenario de una disputa por la memoria: entre quienes intentan reescribir la historia y las múltiples voces que se alzan para preservarla, exigir justicia y evitar que se repita. (PL)
