Las Tunas.- A finales del año 2023, en las sesiones de la Asamblea Nacional, la máxima dirección del país estableció un conjunto de medidas y proyecciones del Gobierno para reimpulsar la economía durante el presente calendario; ello generó mucha expectación en el pueblo cubano, sobre todo lo dirigido a corregir distorsiones.
Dentro de esta política se enunció el propósito de subsidiar personas y no productos, por los altos montos de recursos que destina el país para garantizar la canasta familiar normada.
Desde el momento en el que se dio a conocer la noticia, una buena parte de la población ha manifestado incertidumbre ante los posibles nuevos precios de productos como el arroz o el azúcar; y aflora la preocupación colectiva de cómo adquirirlos, principalmente en los actuales escenarios, donde la inflación parece haberse salido de control.
Para informar cómo se prepara la provincia ante esta proyección, de manera tal que ante su aplicación ningún núcleo familiar quede desprotegido, 26 conversó con Miguel González Velázquez, director de Trabajo y Seguridad Social en Las Tunas, institución que desempeña un rol esencial en el proceso.
“Nuestro organismo tiene el reto y la alta responsabilidad de identificar personas y núcleos familiares que ante la aplicación de esta medida pudieran quedar en situaciones de vulnerabilidad económica para adquirir la canasta básica, sobre todo en el contexto actual, en el que el valor de la moneda nacional ha disminuido su capacidad de compra”, explicó el directivo.
“Quiero aclarar que actualmente estudiamos con profundidad las características de la población tunera. Para ello hemos establecido perfiles priorizados, en los que se encuentran las embarazadas, los núcleos numerosos con más de ocho personas, trabajadores con salarios muy bajos y jubilados por pensiones mínimas.
“Hay que resaltar que, en caso de que se lleve a cabo esta proyección del Gobierno, cambiaría el universo protegido por el régimen de la asistencia social. Actualmente protegemos fundamentalmente a adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad, pero en el futuro un trabajador con dos niños y ancianos en casa pudiera necesitar prestaciones adicionales.
“Para garantizar el buen cumplimiento de esta medida, se aprobó incrementar la plantilla de trabajadores sociales, de manera tal que en toda circunscripción exista un profesional de dicha especialidad que domine la realidad económico-social del área y los detalles de cada familia. No hemos logrado completar esta demanda, pues nos faltan alrededor de 100 para realizar un buen diagnóstico.
RESPALDO ACTUAL
“Hasta el momento, 15 mil 250 personas son protegidas en el territorio por alguna de las prestaciones de la asistencia social. Atendemos todas las vulnerabilidades y nos regimos por principios establecidos en la Ley, para favorecer con recursos a las personas y núcleos familiares que lo requieran.
“La contribución que brinda el régimen de la asistencia social es mediante tres modalidades: prestaciones monetarias temporales, para ayudar a sufragar sus necesidades básicas como la compra de la canasta familiar normada, el pago de la electricidad, el agua, el teléfono y los medicamentos; prestaciones de recursos como cocinas, colchones, etcétera, y otras como el pago del servicio de transporte en caso de enfermedad o el servicio de electricidad a personas que lo precisan por su condición de salud, o los Sistemas de Atención a la Familia (SAF).
“Nosotros, con pleno conocimiento de la realidad de nuestros barrios y comunidades, conocemos que hay núcleos donde viven, por ejemplo, dos jubilados con pensiones mínimas, pero cuando hacemos los cálculos no podemos protegerlos por la asistencia social.
“En los últimos años se han establecido otros beneficios para apoyar a las familias en condiciones de vulnerabilidad. Se han otorgado módulos de alimentos destinados a los núcleos protegidos por la asistencia social. Esto en su momento generó mucha inconformidad en la población porque, ante el aumento de la inflación, otros núcleos también han quedado con pocos recursos para adquirir los alimentos, pero lamentablemente no hay disponibilidad para todos.
“Se decidió que los grupos de Trabajo Comunitario pudieran agregar a otras personas como jubilados con bajos ingresos, personas con discapacidad o problemas de salud crónicos. Nuestra política ha sido siempre ir a las individualidades para respaldar a los que más lo necesiten.
REQUISITOS PARA RECIBIR AYUDA
González Velázquez asegura que en no pocas ocasiones recibe peticiones o quejas de determinadas familias que ciertamente viven en condiciones de vulnerabilidad, pero sus características no permiten la protección de la asistencia social.
Enfatiza que la Ley 105 de Seguridad Social establece cuáles son los principios para ser beneficiado por este régimen, y en primer lugar se requiere que en un núcleo no existan recursos económicos o los que existan no sean suficientes para sufragar los gastos de las necesidades básicas: canasta familiar, pago de la electricidad, agua, teléfono y medicamentos controlados.
En segundo lugar, establece que no haya personas aptas para el empleo en el hogar. “En esos casos les frecemos uno, y luego, si los ingresos que recibe son insuficientes, las protegemos con prestaciones adicionales.
“Y el último requisito es que no tengan familiares obligados en condiciones de prestar ayuda. Existen las vías para verificar la solvencia económica y dictaminar si estos pueden apoyar a los hermanos, madres, hijos, que son quienes se consideran familiares obligados”.
El contexto actual, que entremezcla el crecimiento acelerado de la inflación con la incapacidad adquisitiva de la mayoría de las pensiones y salarios de los trabajadores, demuestra la necesidad de mirar y hurgar más a fondo en las comunidades, donde cada día se incrementa el número de habitantes en situación de vulnerabilidad, sin que califiquen en el régimen de la asistencia social.
Ante la proyección del Gobierno de subsidiar personas y no productos, el territorio se prepara para que siga primando la máxima de que ninguna familia quede desprotegida.
