Panamá.- Panamá cierra hoy un 2021 con cifras macroeconómicas que apuntan a una modesta recuperación, pero con abrumadores problemas sociales para quienes sostienen a un país bajo el azote recrudecido de la pandemia de Covid-19.
El más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó un 2022 para el Istmo con crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 8,2 por ciento, el mayor de la región, estadística cuestionada por expertos.
De acuerdo con el organismo regional, la nación canalera fue una de las economías que tras años de crecimiento sostenido -incluida una variación positiva del tres por ciento en 2019- el pasado año sufrió un desplome de su PIB del 17,9 por ciento, debido a la crisis sanitaria y las restricciones impuestas para contenerla.
En ese sentido, indica que el país tendrá una caída de casi cuatro puntos porcentuales, ya que el PIB para este 2021 que concluye, según la Cepal, registrará un auge sobre el 12 por ciento, que la cataloga como “una recuperación importante, pero aún insuficiente para alcanzar los niveles anteriores a la pandemia”.
Sin embargo, investigadores advierten que el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo podrían hacer que caigan las cifras estimadas.
Para el expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, Raúl Moreira, varios sectores muestran dinamismo como transporte, almacenamiento y el agropecuario, los que más empleo generan, pero hasta septiembre pasado, 275 mil personas a diferencia del 2019 están desocupadas.
Al respecto concluyó que no vale contar con una economía creciendo alto, cuando la situación social no va igual. “Es como tener un país rico con gente pobre”, remarcó.
De otro lado analistas consideran que la situación del país frente al Sistema Bancario global enfrenta cierta desconfianza de los entes emisores por la inclusión de Panamá en las listas grises del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y la Unión Europea, cuya solución sobresale entre las prioridades de la nueva política exterior, según anunció la canciller Erika Mouynes.
Mientras, los trabajadores todavía esperan que el Ejecutivo decida sobre ajustes al salario mínimo promedio que regirá por ley durante dos años a partir de enero próximo, tras un infructuoso debate con los empleadores y los empresarios.
La propuesta del Consejo Nacional de Trabajadores y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente es un aumento de entre el 20 y 30,6 por ciento, lo que representaría una base de mil 500 dólares, lo que para los empresarios es inviable.
Al respecto cuestionan el auge inflacionario, los altos costos de la vida y los precios desorbitantes de la canasta básica, entre otras necesidades cardinales.
No menos complejo es el déficit de la Caja del Seguro Social para enfrentar en el futuro mediato las prestaciones por jubilación, enfermedad y muerte, para cuya solución el Gobierno convocó una mesa de diálogo, también sin resultado alguno.
Y por si fuera poco, el panorama desesperanzador se enrarece en las últimas semanas con el incremento vertiginoso de casos positivos a la pandemia de Covid-19, tras la llegada de la variante Ómicron del SARS-CoV-2.
El Ministerio de Salud registró dos mil 664 casos de la dolencia en las últimas 24 horas, casi el doble de un día anterior, una de las cifras más altas en el 2021 y confirmó la transmisión comunitaria de la cepa identificada en Sudáfrica.
Ante esas cifras, el titular de la cartera, Luis Fernando Sucre, reiteró a la población la necesidad de vacunarse de manera voluntaria.
La nación istmeña identificó el pasado 20 de diciembre su primer caso de Ómicron y suman al menos 46 nuevos contagios confirmados, sin reportes de fallecidos por esa causa.
En Panamá el 81,4 por ciento de la población meta -mayores de 12 años- ya tiene el esquema completo de inmunización (dos dosis) y el 90, 4 por ciento una sola inyección.
Según Sucre, todavía falta un 35 por ciento por inocularse y adelantó que se debate la vacunación obligatoria contra la Covid-19, tras el inicio de una cuarta ola de la dolencia.
