Ese Título III hasta ahora había sido suspendido semestralmente por todas las administraciones estadounidenses desde su entrada en vigor en 1996 dentro de la Helms-Burton; sin embargo, el pasado 16 de enero el Departamento de Estado anunció que solo lo suspendería por 45 días.
“Debemos recordar, dijo Gómez, que la Corte Suprema de Estados Unidos el 13 de marzo de 1964, en una fundamental decisión, en el caso Banco Nacional de Cuba vs Sabbatino, estableció que los tribunales de Estados Unidos no tienen jurisdicción para inmiscuirse y determinar casos relacionados con el derecho de un Estado, para expropiar propiedades en su territorio soberano según establecen sus leyes”.
El también líder de la Brigada Antonio Maceo y de la Alianza Martiana, citó esa decisión de la máxima instancia del poder judicial en EE.UU., la cual además estableció que “los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre una disputa que concierne a otro país expropiando propiedades en su propio territorio, aun si violara el derecho internacional”.
Esa contradicción legal ha sido advertida por varios expertos. Arturo López-Levy, catedrático de la universidad Gustavus Adolphus College de Minnesota, hizo notar las repercusiones que dicho título tendría para terceros países. “Hablamos de inversionistas europeos, canadienses, japoneses o latinoamericanos que estarían cumpliendo con las leyes de su país, con las leyes cubanas y con el derecho internacional y actuando en una jurisdicción cubana, en la cual las cortes de EE.UU. no tiene potestad legal, pero que el Gobierno norteamericano aprovecha para amenazar", aclaró.
Las razones de esa postura de Trump y sus aliados de la ultraderecha, denunció Andrés Gómez, es que “su odio al pueblo cubano determina sus conductas, no importa las consecuencias. No importa cuántas víctimas y males le cuesten al pueblo de Cuba sus perversas decisiones”.
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